El gobierno de Mauricio Macri introdujo varias políticas que pueden reducir potencialmente las emisiones del sector energético, incluida una ley de energía renovable y una ley de biocombustibles (en 2015 y 2016 respectivamente).
En sintonía con lo
que acontece en otras partes del mundo en desarrollo, se apuesta a sustituir
una parte de la energía producida con combustibles fósiles con energía renovable
y de esa manera bajar la dependencia de la energía producida con hidrocarburos
importados. Esto ha facilitado el regreso a la Argentina de una modalidad de
financiamiento utilizada en el país en períodos anteriores a la crisis de 2001,
y de amplia difusión a nivel internacional: el Project Finance. La ley de
energía renovable (Ley 27.191[1],
la cual fijó los principios básicos para un nuevo marco jurídico de promoción),
publicada a fines de 2015, apunta a aumentar la participación de las energías
renovables (incluidas las hidroeléctricas menores de 50 MW) en la generación de
energía total al 20% para 2025.[2] Un
segmento históricamente desplazado en Argentina se sitúa ahora en el centro de
la escena. La promoción de la generación de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables constituye un objetivo estratégico del actual gobierno
argentino. Tanto que Argentina se encuentra entre los 10 países más atractivos
para invertir en energías renovables, según un informe elaborado por la
consultora británica Ernst & Young Global Ltd.
Un esquema de
licitación, RenovAr, apoya este objetivo[3].
Hasta ahora, se llevaron a cabo tres rondas de licitación (RenovAr 1, 1.5 y 2),
lo que llevó a la contratación de 4.7 GW de la electricidad renovable.[4]
En septiembre de 2018, el gobierno argentino anunció una cuarta ronda (RenovAr
3), en virtud de la cual se licitó 400 MW de instalaciones de electricidad
renovable. RenovAr 3, llamado “MiniRen”, se centró en las
energías renovables a pequeña escala, con una capacidad de hasta 0.01 GW por
instalación para conectarse a la red de media tensión[5].
Esta limitación en
el tamaño resulta de problemas con las capacidades de la red de alto voltaje.
Se han planteado preocupaciones sobre el acceso a la red, lo que podría causar
un retraso en la conexión a la red de las capacidades contratadas y dificultad
la realización de rondas de licitación adicionales. El operador de la red
nacional, la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA)[6]
ya ha reconocido este problema y está trabajando en la extensión de la red
eléctrica. La viabilidad de los proyectos de largo plazo, como los asociados a
la generación y al transporte de energía, requiere de condiciones financieras
accesibles en la medida que implican el desembolso de grandes inversiones en
períodos cortos, pero de largo repago.
El enfoque cada vez
mayor de parte del gobierno en la explotación de los recursos nacionales de
petróleo y gas natural es un desarrollo que potencialmente pone en peligro la
expansión de la energía renovable y el riesgo de un aumento de las emisiones y
de importantes stranded assets.[7] El
ex secretario de energía, Javier Iguacel, promovió la reserva de gas shale de
Vaca Muerta como una fuente de petróleo y gas batato para el consumo nacional,
pero también para la exportación (ver apartado sobre el tema, más abajo). No
hay dudas que el futuro de largo plazo es de las energías renovables, una vez
que la aleatoriedad en la intermitencia pueda ser compensada a un costo
socialmente aceptable. Y nadie puede seriamente objetar los beneficios de su
desarrollo.
Adicionalmente, la
crisis económica de Argentina ha llevado a cambios en la estructura de los
ministerios con el objetivo de disminuir el gasto gubernamental. Incluidos en
estos cambios están los departamentos que se ocupan del cambio climático. No
está claro si el cambio estructural tendrá un impacto en la política climática.
Un aspecto adicional es que no queda claro cuál será el mecanismo de carbono que
se establecerá en el Acuerdo de Paris[8],
luego que el establecido en Kyoto fracasara y perdiera peso. Argentina decidió
incluir un párrafo en la “Contribución Nacionalmente Determinada”
revisada que diera un marco a posibles transacciones en materia de bonos de
carbono. Este párrafo indica que cualquier transacción deberá ser autorizada
por el gobierno nacional[9].
A mediados del
2018, la inflación afectaba decididamente al mercado naciente de energía
renovable local. Los bancos vieron afectados por el movimiento de la moneda, lo
que trajo incertidumbre de financiamiento. "Una economía
en crisis no es buena en absoluto para las energías renovables, en particular
el nuevo marco regulatorio que está vigente en el país", dijo
Manan Parikh, analista de Wood Mackenzie Power & Renewables, el pasado
diciembre. Además de eso, el
International Bank for Reconstruction and Development puso en marcha una
garantía de 480 millones de dólares, para respaldar cualquier falla del
gobierno para apoyar el fondo. Sin embargo, estas medidas no lograron aumentar
la confianza de los inversores. Los desarrolladores argentinos de proyectos de
energía renovable encontraron difícil conseguir financiamiento.
El proyecto solar
más grande de América Latina, la planta solar fotovoltaica Cauchari de 300
megawatt en Jujuy, sólo siguió adelante después que el Export-Import Bank of
China interviniera con 331.5 millones de dólares para un monto total de
financiamiento de 541.5 millones de dólares. Pero Cauchari se adjudicó en la
primera ronda de RenovAr, antes de la actual crisis monetaria, y también se
benefició de un bono verde emitido por la provincia de Jujuy[10].
A mediados de
diciembre, se anunció el comienzo de las operaciones comerciales del parque
solar de 22.5 MW en la provincia de Catamarca. Con una inversión total de 29.25
millones de dólares, le parque solar fotovoltaico Saujil consta de 77.000
paneles solares suministrados por el fabricante solar chino JinkoSolar Holding.[11]
La granja solar, que se adjudicó durante la ronda 1.5 del RenovAr está
localizado en un área de 70 hectáreas, aproximadamente 178 km al noroeste de la
capital de Catamarca[12].
Solar Saujil es el quinto en su tipo en entrar en operaciones comerciales desde
2016. Desde 2016, hay 118 proyectos de
energía renovable en desarrollo en Argentina, que representan 4.460 MW de
potencia y suman 6.5 billones de dólares en inversiones.
Si el
financiamiento de proyectos de energía renovable en el país económicamente
inestable ya era lo suficientemente difícil antes que el peso comenzara a caer,
ahora existían temores reales de que los proyectos de RenovAr no encontraran
financiamiento para hacerlo. Los Power Purchase Agreements (PPAs), denominados
en dólares, no protegerían al sector de las energías renovables del apagado
consumo e inversión causados por la alta inflación y tasa de interés, según
Wood Mackenzie.[13]
A mediados de enero, el ministro de finanzas, Nicolás Dujovne, firmó un acuerdo
con el Banco Mundial por una garantía de 250 millones de dólares para apoyar
los proyectos ganadores de la ronda 2 de RenovAr. El nuevo préstamo se suma a
los 480 millones de dólares otorgados a RenovAr de las rondas 1 y 1.5. Esta
garantía mejorará las condiciones de financiamiento de los proyectos
adjudicados, pero no se otorgará automáticamente. De hecho, es opcional para
los ganadores. El Banco Mundial también garantizará los pagos de garantía. Todo
esto atiende razones para disminuir el riesgo de incertidumbre. Los incentivos
y la mitigación de riesgos han funcionado correctamente en este caso.
El Development Bank
of Investment and Foreign Trade (BICE) está analizando actualmente 20 proyectos
para unos créditos de 100 millones de dólares. Muchos de los desarrolladores
que se adjudicaron proyectos bajo el RenovAr son pequeñas empresas locales, sin
medios para respaldar los desarrollos en sus balances o para asegurar fondos
respaldados por el estado[14].
Si Argentina
logrará sus objetivos de clima incondicionales depende principalmente del
desarrollo del sector energético. Las variables inciertas son la velocidad de
expansión de la energía renovable, las plantas nucleares adicionales y las
proyecciones de la demanda. En el escenario más optimista, si Argentina
implementara políticas adicionales para ampliar las fuentes de energía con
bajas emisiones de carbono y reducir la demanda de energía, incluso podría
sobrepasar significativamente su objetivo incondicional[15].
Los escenarios del
Ministerio de Energía y Minería sugieren un aumento de la capacidad de energía
renovable de 14- 18 GW para 2030, en comparación con solo los 4.8 GW que se han
contratado bajo el esquema de licitación de renovables RenovAr.[16]
Los escenarios también suponen nuevas adiciones de capacidad nuclear de casi 2 GW
para 2030, aunque los escenarios muestran que los costos de inversión para la
energía nuclear son aproximadamente siete veces más altos que los costos de las
energías renovables y el gas natural en Argentina. Además, se prevé que la
energía solar fotovoltaica sea competitiva en costos con la turbina de gas
antes de 2030[17].
Bajo supuestos más
conservadores, que solo consideran las adiciones de capacidad renovable y
nuclear actualmente en curso, Argentina no cumplirá sus objetivos, a menos que
revise la división de energía o implemente acciones en otros sectores. Las
proyecciones políticas, así como los nuevos escenarios del Ministerio de
Energía y Minería, aún no reflejan el impuesto al carbono recientemente
implementado, y aún no existen estudios que cuantifiquen el impacto.
Vaca Muerta como sinónimo de prosperidad y emisiones.
Trabajando en la compatibilidad
Argentina tiene
importantes reservas aún por explotar: aproximadamente 19.9 billones de
barriles de petróleo crudo y 583 trillones de pies cúbicos de gas, concentrados
en la formación shale Vaca Muerta. La extracción de los recursos shale del país
no solo requeriría fractura hidráulica que tendría como resultado alrededor de
50 billones de toneladas de dióxido de carbono. Según una investigación
realizada por Oil Change International[18],
la explotación total de las reservas de shale de Argentina consumiría hasta el
15% de todo el presupuesto mundial de carbono para limitar el calentamiento
global a menos 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales, el objetivo
establecido por el clima en el acuerdo de París. El United Nations Committee on
Economic, Social, and Cultural Right recomendó que el gobierno de Argentina
"reconsidere"
la explotación de hidrocarburos no convencionales[19].
Algunos expertos
opinan que el desarrollo de Vaca Muerta de algunas reservas comparables de
petróleo y gas en Venezuela y Rusia podrían poner en jaque los acuerdos de
París. “Si
Vaca Muerta se desarrolla por completo, el presupuesto de emisiones de dióxido
de carbono sufrirá un varapalo”, argumenta Guy Edwards, co-director
del departamento de estudio del clima de la Universidad de Brown en Estado
Unidos. “Es
una de las reservas clave que, en función de la ciencia climática, debería
quedarse bajo tierra para tener la oportunidad de alcanzar los objetivos de los
acuerdos de París”, añade.
Los recursos no
convencionales son uno de los principales activos que atrae inversiones, que
luego derraman hacia otros sectores, gracias a la extensa y compleja cadena de
valor de esta industria. Argentina recibe una inversión suficiente para
construir infraestructura necesaria para hacer rentable a Vaca Muerta, el país
puede quedar efectivamente encerrado en la plena explotación. Con las
principales compañías petroleras internacionales, incluidas BP (que posee el
50% del Pan American Energy Group, el segundo mayor productor del crudo de
Argentina), Total, Shell, Wintershall, Equinor, ExxonMobil, Chevron, CNOOC, Dow
y Petronas, ya están involucradas por lo que este escenario parece cada vez más
probable.
El presidente Macri
afirma que explotar las reservas de petróleo y gas del país, la segunda más
grande del mundo, es vital no solo para sacar a la economía de la crisis, sino
también para proporcionar un "combustible puente" para
apoyar la transición climática. La realidad, que ya se está haciendo evidente,
no es tan optimista. Bajo el liderazgo de Argentina, los ministros de energía
del G20 firmaron un comunicado destacando el papel del gas natural en "respaldar
las transiciones hacia sistemas de energía de bajas emisiones",
con el "potencial
de expansión significativa en las próximas décadas".[20]
Y el gobierno de Macri ha creado un plan para atraer 12 billones de dólares por
años en inversiones en combustibles fósiles, pronosticando que los ingresos de
las exportaciones de petróleo y gas superarán a los de la agricultura,
actualmente el principal sector de exportación de Argentina, para 2027.
El Instituto
Argentino de Petróleo y Gas, en su informe “El desafío del downstream del gas”[21],
presenta un escenario a 2035 en el que, llevando la potencia instalada de
generación eléctrica en base a energías renovables a un 16% del total (meta
apenas alcanzada en la actualidad por un puñado de países) construyendo las
centrales hidroeléctricas planificadas; construyendo una nueva central nuclear
y logrando una reducción del 12% en el consumo eléctrico por políticas de
eficiencia energética, será necesario duplicar la potencia instalada de
centrales termoeléctricas que utilizan gas natural como combustible.
Los proyectos
energéticos en Argentina aumentarán en un 45% hasta 2030, según las previsiones
de Climate Analytics, una ONG con sede en Berlín, a causa principalmente de la
explotación de Vaca Muerta. Pocos esperan que Argentina cumpla sus compromisos
climáticos, aunque no eran excesivamente ambiciosos. Por el momento, los
ambientalistas han centrado su lucha en los problemas que pueden ser
controlados, como las emisiones de gas metano que son, actualmente, su mayor
preocupación “desde un punto de vista climático”, según explica Jonathan
Banks, asesor del Clean Air Task Force, una ONG especializada en el estudio de
las energías limpias.
El incipiente mercado de carbono
En diciembre de
2017, Argentina adoptó un impuesto al carbono que cubre todos los combustibles
fósiles vendidos en Argentina, sobre la base de un precio de 10 dólares por tonelada
de CO2. Aunque no puede cuantificarse el impacto del impuesto sobre las
emisiones, éste es un muy buen primer paso en la dirección correcta. Algunas
fuentes internacionales sugieren que se requieren precios de carbono
significativamente más altos para la compatibilidad de París (Al menos
40-80/tCO2 para 2020 y 50-100/tCO2 para 2030)[22].
El impuesto al
carbono es un impuesto que explícitamente establece un precio a las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) liberadas a la atmósfera, usualmente
medido en tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e), mediante una tasa.
Además, un impuesto al carbono, al funcionar como un mecanismo para establecer
un precio al carbono, es fundamental para lograr los objetivos de reducción de
emisiones de GEI bajo el Acuerdo de París. El impuesto al carbono es una de las
medidas más sencillas en política pública para contribuir a la reducción de
emisiones, ya que se establece un costo por cada tonelada de CO2e en los combustibles
fósiles o emisiones medidas. Sin embargo, al no imponer un límite a las
emisiones, el impuesto no garantiza que se alcance un determinado nivel de
reducciones.
De acuerdo con
datos de Climate Watch, Argentina emitió 440 MtCO2e, ubicándose en el puesto 16
a nivel mundial[23].
A fin de desarrollar políticas de mitigación al cambio climático que envíen una
señal de precio al carbono, la administración de Macri presentó en 2017 una
Reforma tributaria que contenía un impuesto al carbono. El impuesto fue
aprobado con modificaciones y se encuentra en vigencia desde enero de 2018.
Hasta antes de este
impuesto, Argentina no contaba con impuestos verdes como instrumento de gestión
ambiental. El impuesto al carbono se encuentra definido dentro de la Ley Nº
23.9663. Bajo la Reforma Tributaria, se simplificó la carga impositiva a los
combustibles pasando de tres impuestos a solo dos. El primero solamente es
aplicable a los combustibles líquidos, mientras que el segundo grava al dióxido
de carbono equivalente (CO2e). En términos generales, cada combustible fósil
cuenta con una tasa impositiva diferente de acuerdo a la cantidad de CO2e que
contienen. Esos montos fijos serán actualizados trimestralmente en base a las
variaciones del Índice de Precios al Consumidor, suministrado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Se trata de un
sistema que ofrece incentivos económicos para que las empresas y los gobiernos
contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental y se consiga regular las
emisiones generadas por sus procesos productivos, considerando el derecho a
generar emisiones como un bien canjeable y con un precio establecido en el
mercado. Un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de
dióxido de carbono.
Existían dos
alternativas para ingresar al mercado de bonos de carbono con el objetivo de
compensar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su actividad
productiva: mediante la realización de proyectos de reducción de emisiones;
bajo un marco regulatorio, -por ejemplo, a través del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) o de mejoras industriales, como lo hicieron Ceamse, Aluar,
Cementos Avellaneda, Aceitera General Deheza, Citrusvil, Ledesma, Compañía
General de Levaduras, Granja Tres Arroyos y Grupo Arcor-; o bien, en forma
indirecta, comprando los créditos de carbono en el mercado voluntario, como
hizo Natura con una generadora de energía eólica local. En este último caso, el
proyecto que se certificó es el Parque Eólico Rawson, de Genneia, que produce
300 Gwh y brinda energía a 100.000 hogares)[24].
La filial local de la empresa de cosmética le compró 70.000 bonos de carbono
por más de 4 millones de pesos. Así Natura Argentina certificó una reducción de
70.000 toneladas de carbono, y compensa sus emisiones generadas en Argentina
entre 2013 y 2016[25].
Fue el primer proyecto argentino de energía eólica registrado y comercializado
en el mercado voluntario de bonos. Las reducciones fueron certificadas a través
del Verified Carbon Standard, el principal mercado voluntario de bonos de
carbono a nivel mundial.[26]
Para entender el
paso a paso de la compra de bonos sellada por Natura debe tomarse en cuenta que
el Parque Eólico Rawson produce energía limpia y sustituye la generación
contaminante de los combustibles fósiles. De esta manera, reduce en cierta
proporción el nivel de emisiones de CO2. La verificación de dicha reducción fue
encargada por Genneia (el operador del parque) a un auditor externo: TUV
Rheinland. Acto seguido, el VCS validó la documentación presentada por Genneia
y emitió los certificados de reducción de emisiones correspondientes[27].
En el país se creó
el Fondo Argentino del Carbono mediante el decreto 1070/2005, con el objetivo
de facilitar e incentivar el desarrollo de proyectos del MDL en el país, en el
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y
el Protocolo de Kyoto[28].
El proceso de MDL tiene dos partes bien diferenciadas: una es la evaluación
nacional ante el Ministerio de Ambiente, que se encuentra regulado a través de
la Resolución 825/2004.
Los mecanismos
mencionados permiten el comercio internacional de las reducciones comprobadas
de gases contaminantes dando como resultado la aplicación de tecnologías más
eficientes. Dichas reducciones son cuantificadas y reflejadas en los
Certificados de Reducción de Emisiones (CER).[29]
Como resultado, se tiene la posibilidad de transferir dichos certificados, con
lo cual el adquiriente podrá incrementar sus emisiones con cargo a los derechos
adquiridos. Es decir, sin necesidad que una parte realice cambios en sus
tecnologías de producción (que puede resultar sumamente costoso) se puede
reducir las emisiones globales de gases contaminantes (conforme al compromiso
establecido en Kyoto) al financiar proyectos de implementación de tecnologías
limpias en aquellos países (generalmente menos desarrollados) donde sea más
factible.
Ni el Protocolo de
Kioto, ni los Acuerdos posteriores han regulado la estructura
económica-financiera de los proyectos de MDL y tampoco la compraventa de los
créditos que se derivan del mismo. Por lo tanto, cada participante tiene
libertad para planear y negociar su proyecto, así como para decidir la
oportunidad y condiciones en que negociará los créditos obtenidos.
El boom de los bonos verdes como opción de financiamiento
Las economías
emergentes están vendiendo cada vez más bonos verdes a los inversionistas
occidentales que están ansiosos por inversiones environmentally-friendly.
Los bonos de países están destinados a financiar proyectos ambientales tales
como los parques solares y eólicos. La Argentina se hizo presente en el mercado
de bonos verdes recién en 2017, con dos emisiones, ambas orientadas a financiar
proyectos de energías renovables en provincias argentinas. La provincia de La
Rioja fue la primera del país en colocar bonos verdes en los mercados
internacionales, por un total de 200 millones de dólares en títulos de la deuda
pública[30]. Con esta colocación, el Parque Eólico Arauco
(PEA) se convierte en un emblema de la producción de energía renovable. PEA llegaría a los 300 MW nominales de
energía eólica, logró una tasa fija de 7.539% en dólares, a un plazo de siete
años, con una amortización en cuatro pagos y será devuelto con los fondos de la
venta de flujos obtenidos del PEA con CAMMESA.
El banco Galicia
fue el último en acercarse a los bonos verdes, la primera institución
financiera privada del país. En este caso, suscripto por la Corporación
Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo Banco Mundial, que busca
apoyar el desarrollo de bonos verdes en mercados emergentes[31].
Los ingresos del bono respaldarán la eficiencia energética, la energía
renovable y proyectos de construcción sustentable, entre otros. Con un plazo de
7 años, el bono verde del Banco Galicia brindará una fuente de financiación de
mediano a largo plazo. Se espera que estos proyectos reduzcan emisiones de
gases de efecto invernadero en la Argentina en aproximadamente 157.500
toneladas métricas de CO2 por año, el equivalente de quitar 33.700 automóviles
de las calles.
S&P Global
Rating dijo que los sólidos fundamentos del mercado y un flujo continuo de
nuevos emisores e instrumentos financieros pueden llevar la emisión financiera
"verde"
a alrededor de 180 billones de dólares en 2019 desde el récord de 167 billones
de dólares en 2018. S&P espera que el mercado de bonos verdes crezca en un
saludable 8% en 2019. Los bonos verdes son definidos por los “Green Bonds
Principles” [32]como
cualquier tipo de bono donde los recursos serán exclusivamente dirigidos a
financiar, o refinanciar, ya sea en parte o totalmente, proyectos nuevos o
existentes que sean elegibles como “proyectos verdes”. Los fondos de la emisión se destinan a
actividades con beneficios ambientales como la mitigación y/o adaptación al
cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la conservación de
recursos naturales, o el control de la contaminación del aire, del agua y del
suelo.
El informe de
S&P sostiene que se espera que las instituciones financieras, en
particular, continúen aumentando su participación en la emisión de bonos verdes
en los próximos años, a medida que aumenten las necesidades de inversión para
la transición a una economía baja en carbono. Más allá del mercado de bonos
verdes, también se prevé la emisión de otros instrumentos financieros relacionados
con la sostenibilidad, como los bonos environmental, social, and governance
(ESG), que se acelerarán.
La expectativa es
que Europa seguirá siendo la región principal para la emisión de bonos verdes;
con la mayoría de los ingresos de bonos verdes para continuar asignándose a los
sectores de energía, transporte y edificios; y el mercado puede diversificarse
aún más por país e instrumento de financiamiento.
La increíble
transformación de la economía de la energía limpia, combinada con los enfoques
de eficiencia y almacenamiento de energía cada vez más comerciales, está
cambiando fundamentalmente las expectativas de cómo será la energía y el
desarrollo de otras infraestructuras. La inversión en energía limpia por sí
sola representó una inversión de 300 billones de dólares de acuerdo con las
últimas cifras de Bloomberg New Energy Finance, que también reportó compras
corporativas de 13.4 GW de energía limpia a través del acuerdo de compra de
energía (PPAs, por sus siglas en inglés) en 2018, más del doble del récord
anterior de 6.1 GW establecidos en 2017.
Mientras que las
predicciones rivales sugieren que la energía solar podría alcanzar los 100 GW
instalados en 2019, se ha informado que Jenny Chase (que encabeza el análisis
de energía solar en BNEF) sugiere que las cifras de 2018 ya podrían haber
alcanzado los 100 GW cuando lleguen los números finales de este año. Con un
enfoque en la energía solar en Medio Oriente y China, y la expectativa de una
expansión significativa en la India, se debe agregar una capacidad adicional
significativa para fines de 2019.
Una de las cosas
que se espera que continúe impulsando el crecimiento en el sector son las
instituciones financieras y su necesidad de impulsar el movimiento hacia una
economía baja en carbono. Según un informe de la Organization for Economic
Cooperation and Development, "Mobilizing Bond Markets for a Low-Carbon
Transition By 2035”, "la inversión verde anual requerida
para el escenario de calentamiento global de dos grados superará los 4.3
trillones de dólares"[33].
No hay duda de que
las iniciativas políticas han impulsado el crecimiento hasta la fecha y se
espera que esta tendencia continúe a medida que los responsables de las
políticas buscan incentivar el financiamiento público, privado y multilateral
para lograr ambiciones ambientales. Estas ambiciones incluyen las
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés)
establecidas en el Acuerdo de París, que describen los pasos que los países
tomarán para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. Para un
número creciente de emisores soberanos, la emisión con etiqueta ecológica se ha
convertido en una nueva herramienta para financiar la estrategia ecológica del
país. En los últimos dos años, la emisión soberana ha crecido en más del 60%
para representar alrededor del 10% del total de nuevas emisiones, y se espera
que los emisores soberanos sigan siendo players en el próximo año.
Por supuesto, no es
solo el mercado de bonos verdes el que está creciendo. A medida que continúa la
preocupación por la sostenibilidad, el mercado del bono azul, o marino y de
agua, se está desarrollando. En octubre de 2018, Seychelles lanzó el primer
bono azul soberano del mundo[34].
Diseñado para ayudar a financiar la transición de la nación isleña a una pesca
sostenible y la protección de áreas marinas, recaudó 15 millones de dólares de
los inversores internacionales. Este movimiento es crítico para la economía
archipelágica, ya que los productores pesqueros representan alrededor del 95%
del valor total de las exportaciones nacionales. Los enfoques sostenibles de la
financiación están empezando a parecer un simple sentido común.
Ahora hay un
sentido de practicidad, en lugar de una política pura, que está impulsando el
crecimiento en el sector. El Reino Unido es un excelente ejemplo de por qué la
transición del carbono está impulsando los patrones de inversión, ya que parece
decidido a alejarse del subsidio y el apoyo de mucha energía limpia. En
diciembre, al comentar sobre las perspectivas de inversión para energía
renovable e infraestructura, Jamie Richards, socio de Foresight, dijo: "esperamos
que la infraestructura se convierta en una clase de activo cada vez más popular
para los inversores en 2019 ya que mitiga cuatro de los mayores vientos en
contra de las carteras: la volatilidad, una corrección de mercado, la inflación
y el aumento de las tasas de interés".[35]
Tomando de ejemplo al Reino Unido, dijo que ha experimentado un crecimiento sin
precedentes en energía renovable e inversión en infraestructura en los últimos
cinco años y se espera que continúe en el futuro previsible.
Richards agregó:
"El
pronóstico para los próximos ocho años muestra un aumento del 27% en la
generación acumulada de la energía renovable en el Reino Unido. Gran parte de
esta inversión proviene, y se espera que, provenga de empresas de inversión en
infraestructura y energía renovable incluidas en el Reino Unido que tienen una
capitalización de mercado combinada de 172 billones de libras esterlina".
El fervor especulativo en el mercado europeo de
emisiones de carbono no tiene fin
Durante años muy
pocos estaban preocupados sobre la marcha del Comercio de Derechos de Emisión
de CO2 europeo, más conocido como EU Emissions Trading System (EU ETS), pero
son cada vez más los ojos que miran con preocupación la senda ascendente que
lleva la cotización de la tonelada de carbono. Se espera que continúe en 2019
hacia la misma dirección.
Los analistas
señalan que es más que probable que el costo de los derechos de emisión siga
marcando límites máximos a lo largo de este recién estrenado año, lo que
contribuirá al aumento de los precios de la electricidad en el mercado
mayorista, pero también del gas, ambos factores que pesan mucho a la industria
y a los grandes consumidores de energía. Además, los futuros de carbono, que
reflejan los precios que las fábricas y las eléctricas pagan por sus emisiones,
se triplicaron en 2018, lo que lo convierte en el principal producto con mejor
desempeño del año, según publica Bloomberg. Esos contratos pueden incrementarse
de nuevo en 2019, incluso superar un crecimiento del 20%, situándose cerca de
los 29 euros por tonelada o incluso más, por primera vez en más de una
década. 2018 ha marcado un antes y un
después en el mercado de emisiones y 2019 no será quien le pare los pies.
“El 2018 ha
sido un año excepcional para el mercado del carbono en el que hemos visto como
el precio se triplicaba desde los 8,25 euros en los que cerró el 2017 hasta los
25 euros con los que finalizó 2018, y donde se ve claramente que es en ese
precio donde se encuentra en la zona de confort”, explica Verónica
Belinchón, Corporate Trader de Vertis Environmental Finance, empresa
especializada en mercado de emisiones de CO2, “y mientras
que la mayoría de los expertos y analistas estaban centrados en el efecto de
las reformas del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, hubo muchos otros
factores que impactaron en este mercado a lo largo del año. Ejemplo de ello es
que nadie esperaba la presencia tan activa de los especuladores, o respecto a
los fundamentos del mercado eléctrico, el rally en los precios del gas y la
baja disponibilidad de renovables durante el año también respaldaron el precio
del carbono”.[36]
Este fervor
especulativo por las asignaciones de carbono europeas muestra pocas señales de
disminuir, ya que se ha visto que más hedge funds duplican las
expectativas de precios más altos. Unos 15 a 20 fondos han comenzado o están
considerando apuestas de varios meses o varios años en el mercado europeo de
derechos de emisión.
Compradores tan
lejanos como Estados Unidos y la India están interesados en el carbono. Los
futuros de carbono, que reflejan los precios que las fábricas y las utilities
pagan por sus emisiones, se dispararon a medida que la Unión Europea
implementaba reformas destinadas a reducir el exceso de oferta, principalmente
mediante la reducción de la cantidad de permisos subastados. Los participantes
del mercado de carbono este año esperan más ganancias, aunque no tan fuertes
como en 2018. "Se están realizado muchas compras especulativas", dijo
Bostjan Kovacevic, un trader de la corredora de carbono Belektron, que se ha
dado cuenta de que hay más extranjeros y menos emisores en el mercado en este
momento.
El valor de los
contratos pendientes ha aumentado a más de 30 billones de euros en el ICE
Futures Europe, un salto de cinco veces en dos años. De acuerdo con una
encuesta realizada por Bloomberg en enero, luego de subir a un máximo de una
década de 25.79 de euros por tonelada en septiembre, los futuros de carbono
podrían aumentar a cerca de 29 euros por tonelada o más este año. Los precios
han cambiado poco hasta el momento en 2019. La ganancia de carbono ayudó al
fondo Energy Dynamics de Lansdowne a devolver un 6% neto de comisiones el año
pasado cuando el índice MSCI World Energy Sector Index cayó un 18%. Northlander
se benefició de una apuesta en los mercados de carbono, con un retorno del 53%
en 2018 neto de comisiones, según una nota a los inversores.
Después de seis
años de estancamiento, los derechos de emisiones en el comercio europeo han
cobrado vida y han venido a quedarse. Entre otras razones, porque durante
varios años, los responsables políticos han luchado (y logrado) eliminar el
excedente de los créditos acumulados durante la última recesión. Este excedente
lo que producía es que hubiera más “papelitos” de carbono para
centrales emisores de C02 de los que necesitaban para contaminar. Lo peor es
que no solo se ha eliminado ese excedente, sino que se espera que se vuelvan a
apretar los tornillos en los próximos años, es decir, que los gobiernos podrían
estar subastando hasta un 40% menos de derechos desde ese mismo año 2019. “El volumen de la subasta se ve bastante
pobre”, dijo Louis Redshaw, de Redshaw Advisors, una consultora
londinense que comercializa carbono, “y sospecho que muchos especuladores ya
están posicionados desde hace mucho tiempo”.
“Es difícil hacer un pronóstico a medio o largo plazo”, explica la analista de Vertis Environmental Finance, pero las
estimaciones varían hasta los 55 euros para el mercado en 2019, según adelante
Bloomberg. Los operadores también son en gran medida optimistas sobre el
carbono, con las apuestas en opciones de compra que superan en número a las
opciones. La opción de compra con el segundo interés más abierto para el futuro
de diciembre de 2019 es un precio de 50 euros por tonelada, y la más popular es
de 20 dólares. Incluso hay traders que apuestan por opciones para comprar a 100
euros en 2020.
Si se reduce aún
más el EU ETS podrían impulsar a las eléctricas a preferir quemar otros
combustibles, como el gas natural en lugar del carbón, y a mirar a las
renovables como una forma de generar electricidad sin emisiones. “Alrededor de
dos tercios de los precios de la energía más alta de Alemania en 2018 se debió
al costo del carbono, con otro 30% proveniente del carbón más caro”,
añade Lawson Steele, analista de Berenberg Bank en Londres[37].
“El
gas será más importante en este 2019 cuando el precio del carbono suba lo
suficiente para que la generación de gas sea más barata que el carbón, de
hecho, hoy en día, el carbón fija el precio en el mercado europeo, y eso se va
a acabar”.
Sin acuerdo para la creación de un mercado global de
comercio de contaminación de carbono
Una disputa que
enfrenta a dos grupos de naciones liderados respectivamente por Alemania y
Brasil está retrasando el trabajo para crear un mercado global para el comercio
de la contaminación por carbono, uno de los pilares del Acuerdo de París sobre
el cambio climático. Después de las acaloradas charlas en una conferencia sobre
el clima de Naciones Unidas en diciembre pasado, los dos grupos siguen
enfrentados sobre cómo estructurar el sistema. Los nuevos mercados de carbono
podrían permitir a los países en desarrollo vender créditos de emisiones
generados por programas que reducen los gases de efecto invernadero. La teoría
es que las naciones más ricas podrían comprar esos securities, obteniendo una
opción más barata para alcanzar sus propios objetivos.
Alemania, junto con
la Unión Europea y los países industrializados, dicen que los países en
desarrollo pueden "crear demasiadas lagunas" con la propuesta de Brasil
para las reglas del mercado. Un enviado de la nación sudamericana dijo que su
posición ha sido tergiversada. Los comentarios siguen a una decisión en las
conversaciones de la ONU que involucra a 200 países para dejar de lado durante
al menos un año los esfuerzos para redactar parte de un reglamento que podría
haber ampliado el comercio de carbono.
La cuestión es
quién podría vender créditos de carbono en el nuevo sistema, que los enviados
esperan que provoque recortes de emisiones antes que el Acuerdo de París entre
en vigencia el próximo año. La pregunta es contenciosa porque Europa ha estado
trabajando para aclarar un exceso en su propio mercado de carbono, que es el
más grande de su tipo en el mundo. Agregar una nueva fuente de créditos podría
deshacer ese esfuerzo y deprimir los precios, erosionando el valor del comercio
de carbono como una herramienta para ayudar al medio ambiente.
"La pregunta más importante siempre es quién va a comprar los
offsets", dijo Trevor Sikorski, jefe de
gas natural, carbón y carbono en Energy Aspects Ltd., un consultor de la
industria con sede en Londres. Si bien los países retienen objetivos de
emisiones más estrictos que generarían demanda, el debate actual sobre el
aumento de la oferta no demuestra una "gran comprensión del uso de los mercados".
Los mercados bajo
el acuerdo de París son una de las herramientas políticas que los países pueden
usar para reducir la contaminación de los combustibles fósiles. Si bien el
mundo en su conjunto tendrá que reducir esas emisiones, los legisladores de
Estados Unidos y Europa han tratado de garantizar formas de utilizar los
mercados financieros para hacer esos recortes de la manera más eficiente.
El primer esfuerzo
de la ONU en un sistema de comercio global de carbono tuvo resultados mixtos.
Bajo el Protocolo de Kyoto de 1997, la ONU construyó el Mecanismo de Desarrollo
Limpio que estimuló proyectos de reducción de emisiones a cambio de créditos
que podrían venderse a lugares con sistemas de límites máximos y comercio. Esos
créditos CDM (por sus siglas en inglés) han seguido casi a cero durante seis
años porque la mayoría de los países ya no los están utilizando para cumplir
con sus objetivos de emisiones, y la UE se ha negado a extender las reglas que
permitían a aquellos que participan en el sistema de límites máximos del
comercio continental utilizar los créditos CDM por cumplimiento hasta 2020.
El debate en las
conversaciones de la ONU es sobre cómo reactivar ese mercado o crear una
alternativa, que se conocería como el Mecanismo de Desarrollo Sostenible. El
nuevo sistema tiene un gran potencial. Un informe del UN Environment Program
sugiere que la demanda de reducción de emisiones podría alcanzar los 32
billones de toneladas para el año 2030, más de 17 veces el suministro anual total
en el mercado existente de la UE. Si bien solo una parte de eso puede provenir
de los nuevos programas, indica por qué se necesitan reglas estrictas para
gobernar cómo los créditos fluyen a través de las fronteras.
La posición de
Brasil. El país sudamericano quiere un nuevo sistema para impulsar la inversión
en proyectos que reducen las emisiones y generar ingresos por la venta de
créditos. Dice que la naturaleza voluntaria y "de abajo hacia arriba"
del acuerdo climático de París significa que no todos los países asumirán un
objetivo que cubra toda su economía. En esos casos, la industria privada
debería poder vender créditos de proyectos "adicionales"
a aquellas partes del sistema que están cubiertas por objetivos.
Alemania se resiste
a esa idea, lo que indica que solo los países y las empresas cubiertas por los
objetivos debería poder participar en el comercio. Si Brasil tuviera su camino,
las naciones y las empresas podrían comprar créditos en uno de los nuevos
mercados que cubrirían sus responsabilidades. Los vendedores de esos créditos
podrían beneficiarse siempre que los recortes de emisiones superen los
objetivos registrados por la ONU por la nación que genera los créditos.
Thiago Mendes,
secretario de clima y bosques en el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil,
dijo que las naciones en desarrollo deberían tener un límite de emisiones que
cubra solo algunos sectores de su economía. Esos países seguirían limitando las
emisiones bajo el acuerdo de París. Incluso los proyectos en industrias que enfrentan
restricciones bajo el acuerdo de París podrían venderse en el nuevo sistema,
siempre y cuando las inversiones sean lo suficientemente innovadoras.
"Esas reducciones deben contabilizarse solo para los objetivos
nacionales del país comprador, sin impacto en los objetivos del país que
recibió el proyecto", dijo Mendes. Rechazó
las acusaciones de los grupos de presión y las naciones industriales de la que
las medidas de Brasil permitirán un doble conteo de permisos, diciendo que el
cargo "no tiene sentido, si las reducciones no se contabilizan por primera
vez, ¿cómo pueden ser contabilizadas por duplicado? Por ejemplo, si un proyecto
solar californiano reduce las emisiones de una forma completamente nueva, eso
podría generar créditos SDM para ayudar a Estados Unidos a cumplir con su
límite de emisiones bajo París, suponiendo que la nación no se retire del
acuerdo por completo, dijo Mendes.
Además, debido a
que la contribución de París a Brasil incluye cambiar la deforestación a cero
por ciento, la nación no tiene la intención de vender créditos de emisiones
forestales a otros países o a la industria aérea, que está planificando su
propio mercado de carbono.
La visión de
Alemania. Algunas naciones europeas, incluida Alemania, se niegan a respaldar
el plan de Brasil, diciendo que les da demasiada ventaja a los países de
mercados emergentes. Alemania quiere un sistema completamente nuevo con "un diseño
limpio y uniforme", dijo el viceministro del Medio Ambiente de
la nación, Jochen Flasbarth, en una entrevista en Berlín.
Esta es una
convocatoria abierta que contempla una serie de beneficios fiscales y
mecanismos de financiamiento, como así también mejoras regulatorias y
contractuales con el objeto de sortear algunos de los obstáculos de inversión
que provocaron el fracaso de los planes anteriores.
El gobierno argentino, los
generadores, los distribuidores, los agentes de transmisión y los grandes
usuarios tienen representación en el Directorio de CAMMESA. Cada uno de ellos
tiene el 20 % del activo de la compañía.
En la Conferencia de París sobre el Clima (COP-21), celebrada en
diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial
sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece
un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global muy por
debajo de 2ºC.
fecha |
Título |
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