Vale la pena repasar esa historia ahora, en el momento para deslindar responsabilidades por la grave situación actual.

El texto de Andersen reza así:

“Como director de Asunto Internacionales (de la Gendarmería Nacional, el Comandante General Ricardo) Spadaro trató, infructuosamente, de impedir que la Fuerza Aérea  volviera a funciones de seguridad interior a través  de su custodia a los aeropuertos con la Policía Aeronáutica.

El retorno a este control era en parte una revancha de la Fuerza Aérea por la defensa del orden constitucional que hizo la Gendarmería frente a la asonada de Monte Caseros, rebelión  propiciada por un sector de la Aeronáutica. 

Por otra parte, el reclamo de los aviadores, que fue resistido con decisión por la Gendarmería Nacional hasta el ascenso del comandante general Suerz como titular de la institución, correspondía al deseo del empresario menemista (Alfredo) Yabrán de incidir en el control de los aeropuertos sin testigos molestos, como habían sido los efectivos de Gendarmería.

La cuenta regresiva empezó en enero de 1990, cuando el ministro de Defensa Erman González puso fin al desempeño de Gendarmería Nacional en los aeropuertos, y dispuso reconstituir la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), creada por la ley 21. 521 durante el régimen militar, como expresión de deseo de la Fuerza Aérea de tener su propia policía, ya que Gendarmería Nacional dependía del Ejército y Prefectura Naval, de la Armada.

La Guerra de Malvinas dejó como enseñanza la desburocratización de la fuerza, de modo que durante el gobierno de Alfonsín se hizo un convenio por el cual, si bien la Dirección Nacional de la Policía Aeronáutica, de los aviadores, se mantuvo en la función de policía de seguridad y judicial en los aeropuertos, en la práctica el papel fue desempeñado por la Gendarmería Nacional.

Después de que asumió Antonio Erman González como ministro de Defensa, este derogó el convenio y devolvió las funciones a la PAN. 

En su deseo de controlar el tránsito de mercaderías por los aeropuertos, Yabrán fue ayudado por el hecho de que el PAN empleó personal militar del Cuerpo de Comando de la Fuerza Aérea y personal civil reclutado como personal civil de inteligencia (PCI), que se desempeñó sin el beneficio de haber pasado por establecimientos de formación y perfeccionamiento policial.