Esto, a pesar de que cuatro de ellos (Argentina, Colombia, Paraguay y Bolivia) ya han adoptado la mayoría de las 40 recomendaciones establecidas por el Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete. Otros países que han avanzado en la misma dirección incluyen Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

Estas conclusiones no se basan en las operaciones y montos reales del lavado en cada país, que son muy difíciles de calcular, sino en cómo se conjuga una serie de factores que pudieran facilitar o inhibir el lavado por vías bancarias y no bancarias en cada país. Estos son: la solidez del sistema bancario, el nivel de desarrollo del sistema financiero, el tamaño de la economía informal, la calidad de las instituciones gubernamentales y la gobernabilidad corporativa.

En América Latina, según el estudio del BID, el lavado de dinero representa entre el 2,5% al 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) regional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que a nivel global, el lavado de dinero ilícito sobrepasaría los US$ 850 mil millones anuales, es decir entre el 2 y 5 por ciento del PIB mundial.

Se tiende a pensar que mientras más desarrollado sea un mercado financiero, mejores mecanismos de fiscalización debiera tener. Sin embargo, aún dentro de un sistema financiero sólido y regulado, el mero volumen de las transacciones a nivel global y la sofisticación y masificación de los medios de transferencia de dinero, hacen virtualmente imposible fiscalizar todo el flujo de fondos y detectar las operaciones sospechosas.

“Las transferencias por Internet, por ejemplo, han ampliado al común de los mortales algo que existía desde hace décadas, que eran las transferencias electrónicas. Hoy, es más o menos fácil transferir fondos de un lugar a otro, y hay tal cantidad de gente con acceso a este tipo de transacción que fiscalizarlas todas resulta muy difícil. La cantidad de información que generaría el control de todas estas transferencias, en comparación con los recursos humanos disponibles para procesarla, hace irrealista pensar que se podría detectar la mayoría de las situaciones sospechosas”, asegura Armen Kouyoumdjian, asesor para Chile del International Institute for Strategic Studies de Londres.

Por otra parte, la relación entre el buen desarrollo de los mercados financieros y el grado del lavado de dinero no está del todo clara, como indica el informe del BID: “La mayor facilidad para el uso de cheques, tarjetas de crédito y otros instrumentos para realizar transacciones financieras ilegales dificulta la detección de lavado de dinero. De igual manera, un mayor grado de desregulación financiera para las transacciones legítimas hace más difícil rastrear y neutralizar el dinero ilícito. El desarrollo de un supermercado de servicios financieros que pueda ofrecer todo tipo de servicios financieros dentro de una sola institución integrada, hace más difícil detectar el lavado de dinero, ... De hecho, parece haber una correlación levemente positiva entre el desarrollo del mercado de capitales y la penetración del lavado de dinero”.