En sintonía con lo que acontece en otras partes del mundo en desarrollo, se apuesta a sustituir una parte de la energía producida con combustibles fósiles con energía renovable y de esa manera bajar la dependencia de la energía producida con hidrocarburos importados. Esto ha facilitado el regreso a la Argentina de una modalidad de financiamiento utilizada en el país en períodos anteriores a la crisis de 2001, y de amplia difusión a nivel internacional: el Project Finance. La ley de energía renovable (Ley 27.191[1], la cual fijó los principios básicos para un nuevo marco jurídico de promoción), publicada a fines de 2015, apunta a aumentar la participación de las energías renovables (incluidas las hidroeléctricas menores de 50 MW) en la generación de energía total al 20% para 2025.[2] Un segmento históricamente desplazado en Argentina se sitúa ahora en el centro de la escena. La promoción de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables constituye un objetivo estratégico del actual gobierno argentino. Tanto que Argentina se encuentra entre los 10 países más atractivos para invertir en energías renovables, según un informe elaborado por la consultora británica Ernst & Young Global Ltd.

Un esquema de licitación, RenovAr, apoya este objetivo[3]. Hasta ahora, se llevaron a cabo tres rondas de licitación (RenovAr 1, 1.5 y 2), lo que llevó a la contratación de 4.7 GW de la electricidad renovable.[4] En septiembre de 2018, el gobierno argentino anunció una cuarta ronda (RenovAr 3), en virtud de la cual se licitó 400 MW de instalaciones de electricidad renovable. RenovAr 3, llamado “MiniRen”, se centró en las energías renovables a pequeña escala, con una capacidad de hasta 0.01 GW por instalación para conectarse a la red de media tensión[5].

Esta limitación en el tamaño resulta de problemas con las capacidades de la red de alto voltaje. Se han planteado preocupaciones sobre el acceso a la red, lo que podría causar un retraso en la conexión a la red de las capacidades contratadas y dificultad la realización de rondas de licitación adicionales. El operador de la red nacional, la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA)[6] ya ha reconocido este problema y está trabajando en la extensión de la red eléctrica. La viabilidad de los proyectos de largo plazo, como los asociados a la generación y al transporte de energía, requiere de condiciones financieras accesibles en la medida que implican el desembolso de grandes inversiones en períodos cortos, pero de largo repago.

El enfoque cada vez mayor de parte del gobierno en la explotación de los recursos nacionales de petróleo y gas natural es un desarrollo que potencialmente pone en peligro la expansión de la energía renovable y el riesgo de un aumento de las emisiones y de importantes stranded assets.[7] El ex secretario de energía, Javier Iguacel, promovió la reserva de gas shale de Vaca Muerta como una fuente de petróleo y gas batato para el consumo nacional, pero también para la exportación (ver apartado sobre el tema, más abajo). No hay dudas que el futuro de largo plazo es de las energías renovables, una vez que la aleatoriedad en la intermitencia pueda ser compensada a un costo socialmente aceptable. Y nadie puede seriamente objetar los beneficios de su desarrollo.

Adicionalmente, la crisis económica de Argentina ha llevado a cambios en la estructura de los ministerios con el objetivo de disminuir el gasto gubernamental. Incluidos en estos cambios están los departamentos que se ocupan del cambio climático. No está claro si el cambio estructural tendrá un impacto en la política climática. Un aspecto adicional es que no queda claro cuál será el mecanismo de carbono que se establecerá en el Acuerdo de Paris[8], luego que el establecido en Kyoto fracasara y perdiera peso. Argentina decidió incluir un párrafo en la “Contribución Nacionalmente Determinada” revisada que diera un marco a posibles transacciones en materia de bonos de carbono. Este párrafo indica que cualquier transacción deberá ser autorizada por el gobierno nacional[9].

A mediados del 2018, la inflación afectaba decididamente al mercado naciente de energía renovable local. Los bancos vieron afectados por el movimiento de la moneda, lo que trajo incertidumbre de financiamiento. "Una economía en crisis no es buena en absoluto para las energías renovables, en particular el nuevo marco regulatorio que está vigente en el país", dijo Manan Parikh, analista de Wood Mackenzie Power & Renewables, el pasado diciembre.  Además de eso, el International Bank for Reconstruction and Development puso en marcha una garantía de 480 millones de dólares, para respaldar cualquier falla del gobierno para apoyar el fondo. Sin embargo, estas medidas no lograron aumentar la confianza de los inversores. Los desarrolladores argentinos de proyectos de energía renovable encontraron difícil conseguir financiamiento.

El proyecto solar más grande de América Latina, la planta solar fotovoltaica Cauchari de 300 megawatt en Jujuy, sólo siguió adelante después que el Export-Import Bank of China interviniera con 331.5 millones de dólares para un monto total de financiamiento de 541.5 millones de dólares. Pero Cauchari se adjudicó en la primera ronda de RenovAr, antes de la actual crisis monetaria, y también se benefició de un bono verde emitido por la provincia de Jujuy[10].

A mediados de diciembre, se anunció el comienzo de las operaciones comerciales del parque solar de 22.5 MW en la provincia de Catamarca. Con una inversión total de 29.25 millones de dólares, le parque solar fotovoltaico Saujil consta de 77.000 paneles solares suministrados por el fabricante solar chino JinkoSolar Holding.[11] La granja solar, que se adjudicó durante la ronda 1.5 del RenovAr está localizado en un área de 70 hectáreas, aproximadamente 178 km al noroeste de la capital de Catamarca[12]. Solar Saujil es el quinto en su tipo en entrar en operaciones comerciales desde 2016.  Desde 2016, hay 118 proyectos de energía renovable en desarrollo en Argentina, que representan 4.460 MW de potencia y suman 6.5 billones de dólares en inversiones.

Si el financiamiento de proyectos de energía renovable en el país económicamente inestable ya era lo suficientemente difícil antes que el peso comenzara a caer, ahora existían temores reales de que los proyectos de RenovAr no encontraran financiamiento para hacerlo. Los Power Purchase Agreements (PPAs), denominados en dólares, no protegerían al sector de las energías renovables del apagado consumo e inversión causados por la alta inflación y tasa de interés, según Wood Mackenzie.[13] A mediados de enero, el ministro de finanzas, Nicolás Dujovne, firmó un acuerdo con el Banco Mundial por una garantía de 250 millones de dólares para apoyar los proyectos ganadores de la ronda 2 de RenovAr. El nuevo préstamo se suma a los 480 millones de dólares otorgados a RenovAr de las rondas 1 y 1.5. Esta garantía mejorará las condiciones de financiamiento de los proyectos adjudicados, pero no se otorgará automáticamente. De hecho, es opcional para los ganadores. El Banco Mundial también garantizará los pagos de garantía. Todo esto atiende razones para disminuir el riesgo de incertidumbre. Los incentivos y la mitigación de riesgos han funcionado correctamente en este caso.

El Development Bank of Investment and Foreign Trade (BICE) está analizando actualmente 20 proyectos para unos créditos de 100 millones de dólares. Muchos de los desarrolladores que se adjudicaron proyectos bajo el RenovAr son pequeñas empresas locales, sin medios para respaldar los desarrollos en sus balances o para asegurar fondos respaldados por el estado[14].

Si Argentina logrará sus objetivos de clima incondicionales depende principalmente del desarrollo del sector energético. Las variables inciertas son la velocidad de expansión de la energía renovable, las plantas nucleares adicionales y las proyecciones de la demanda. En el escenario más optimista, si Argentina implementara políticas adicionales para ampliar las fuentes de energía con bajas emisiones de carbono y reducir la demanda de energía, incluso podría sobrepasar significativamente su objetivo incondicional[15].

Los escenarios del Ministerio de Energía y Minería sugieren un aumento de la capacidad de energía renovable de 14- 18 GW para 2030, en comparación con solo los 4.8 GW que se han contratado bajo el esquema de licitación de renovables RenovAr.[16] Los escenarios también suponen nuevas adiciones de capacidad nuclear de casi 2 GW para 2030, aunque los escenarios muestran que los costos de inversión para la energía nuclear son aproximadamente siete veces más altos que los costos de las energías renovables y el gas natural en Argentina. Además, se prevé que la energía solar fotovoltaica sea competitiva en costos con la turbina de gas antes de 2030[17].

Bajo supuestos más conservadores, que solo consideran las adiciones de capacidad renovable y nuclear actualmente en curso, Argentina no cumplirá sus objetivos, a menos que revise la división de energía o implemente acciones en otros sectores. Las proyecciones políticas, así como los nuevos escenarios del Ministerio de Energía y Minería, aún no reflejan el impuesto al carbono recientemente implementado, y aún no existen estudios que cuantifiquen el impacto.

Vaca Muerta como sinónimo de prosperidad y emisiones. Trabajando en la compatibilidad

Argentina tiene importantes reservas aún por explotar: aproximadamente 19.9 billones de barriles de petróleo crudo y 583 trillones de pies cúbicos de gas, concentrados en la formación shale Vaca Muerta. La extracción de los recursos shale del país no solo requeriría fractura hidráulica que tendría como resultado alrededor de 50 billones de toneladas de dióxido de carbono. Según una investigación realizada por Oil Change International[18], la explotación total de las reservas de shale de Argentina consumiría hasta el 15% de todo el presupuesto mundial de carbono para limitar el calentamiento global a menos 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales, el objetivo establecido por el clima en el acuerdo de París. El United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Right recomendó que el gobierno de Argentina "reconsidere" la explotación de hidrocarburos no convencionales[19].

Algunos expertos opinan que el desarrollo de Vaca Muerta de algunas reservas comparables de petróleo y gas en Venezuela y Rusia podrían poner en jaque los acuerdos de París. “Si Vaca Muerta se desarrolla por completo, el presupuesto de emisiones de dióxido de carbono sufrirá un varapalo”, argumenta Guy Edwards, co-director del departamento de estudio del clima de la Universidad de Brown en Estado Unidos. “Es una de las reservas clave que, en función de la ciencia climática, debería quedarse bajo tierra para tener la oportunidad de alcanzar los objetivos de los acuerdos de París”, añade.

Los recursos no convencionales son uno de los principales activos que atrae inversiones, que luego derraman hacia otros sectores, gracias a la extensa y compleja cadena de valor de esta industria. Argentina recibe una inversión suficiente para construir infraestructura necesaria para hacer rentable a Vaca Muerta, el país puede quedar efectivamente encerrado en la plena explotación. Con las principales compañías petroleras internacionales, incluidas BP (que posee el 50% del Pan American Energy Group, el segundo mayor productor del crudo de Argentina), Total, Shell, Wintershall, Equinor, ExxonMobil, Chevron, CNOOC, Dow y Petronas, ya están involucradas por lo que este escenario parece cada vez más probable.

El presidente Macri afirma que explotar las reservas de petróleo y gas del país, la segunda más grande del mundo, es vital no solo para sacar a la economía de la crisis, sino también para proporcionar un "combustible puente" para apoyar la transición climática. La realidad, que ya se está haciendo evidente, no es tan optimista. Bajo el liderazgo de Argentina, los ministros de energía del G20 firmaron un comunicado destacando el papel del gas natural en "respaldar las transiciones hacia sistemas de energía de bajas emisiones", con el "potencial de expansión significativa en las próximas décadas".[20] Y el gobierno de Macri ha creado un plan para atraer 12 billones de dólares por años en inversiones en combustibles fósiles, pronosticando que los ingresos de las exportaciones de petróleo y gas superarán a los de la agricultura, actualmente el principal sector de exportación de Argentina, para 2027.

El Instituto Argentino de Petróleo y Gas, en su informe “El desafío del downstream del gas”[21], presenta un escenario a 2035 en el que, llevando la potencia instalada de generación eléctrica en base a energías renovables a un 16% del total (meta apenas alcanzada en la actualidad por un puñado de países) construyendo las centrales hidroeléctricas planificadas; construyendo una nueva central nuclear y logrando una reducción del 12% en el consumo eléctrico por políticas de eficiencia energética, será necesario duplicar la potencia instalada de centrales termoeléctricas que utilizan gas natural como combustible.

Los proyectos energéticos en Argentina aumentarán en un 45% hasta 2030, según las previsiones de Climate Analytics, una ONG con sede en Berlín, a causa principalmente de la explotación de Vaca Muerta. Pocos esperan que Argentina cumpla sus compromisos climáticos, aunque no eran excesivamente ambiciosos. Por el momento, los ambientalistas han centrado su lucha en los problemas que pueden ser controlados, como las emisiones de gas metano que son, actualmente, su mayor preocupación “desde un punto de vista climático”, según explica Jonathan Banks, asesor del Clean Air Task Force, una ONG especializada en el estudio de las energías limpias.

 

El incipiente mercado de carbono

En diciembre de 2017, Argentina adoptó un impuesto al carbono que cubre todos los combustibles fósiles vendidos en Argentina, sobre la base de un precio de 10 dólares por tonelada de CO2. Aunque no puede cuantificarse el impacto del impuesto sobre las emisiones, éste es un muy buen primer paso en la dirección correcta. Algunas fuentes internacionales sugieren que se requieren precios de carbono significativamente más altos para la compatibilidad de París (Al menos 40-80/tCO2 para 2020 y 50-100/tCO2 para 2030)[22].

El impuesto al carbono es un impuesto que explícitamente establece un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) liberadas a la atmósfera, usualmente medido en tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e), mediante una tasa. Además, un impuesto al carbono, al funcionar como un mecanismo para establecer un precio al carbono, es fundamental para lograr los objetivos de reducción de emisiones de GEI bajo el Acuerdo de París. El impuesto al carbono es una de las medidas más sencillas en política pública para contribuir a la reducción de emisiones, ya que se establece un costo por cada tonelada de CO2e en los combustibles fósiles o emisiones medidas. Sin embargo, al no imponer un límite a las emisiones, el impuesto no garantiza que se alcance un determinado nivel de reducciones.

De acuerdo con datos de Climate Watch, Argentina emitió 440 MtCO2e, ubicándose en el puesto 16 a nivel mundial[23]. A fin de desarrollar políticas de mitigación al cambio climático que envíen una señal de precio al carbono, la administración de Macri presentó en 2017 una Reforma tributaria que contenía un impuesto al carbono. El impuesto fue aprobado con modificaciones y se encuentra en vigencia desde enero de 2018.

 

Hasta antes de este impuesto, Argentina no contaba con impuestos verdes como instrumento de gestión ambiental. El impuesto al carbono se encuentra definido dentro de la Ley Nº 23.9663. Bajo la Reforma Tributaria, se simplificó la carga impositiva a los combustibles pasando de tres impuestos a solo dos. El primero solamente es aplicable a los combustibles líquidos, mientras que el segundo grava al dióxido de carbono equivalente (CO2e). En términos generales, cada combustible fósil cuenta con una tasa impositiva diferente de acuerdo a la cantidad de CO2e que contienen. Esos montos fijos serán actualizados trimestralmente en base a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Se trata de un sistema que ofrece incentivos económicos para que las empresas y los gobiernos contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental y se consiga regular las emisiones generadas por sus procesos productivos, considerando el derecho a generar emisiones como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. Un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono.

Existían dos alternativas para ingresar al mercado de bonos de carbono con el objetivo de compensar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su actividad productiva: mediante la realización de proyectos de reducción de emisiones; bajo un marco regulatorio, -por ejemplo, a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o de mejoras industriales, como lo hicieron Ceamse, Aluar, Cementos Avellaneda, Aceitera General Deheza, Citrusvil, Ledesma, Compañía General de Levaduras, Granja Tres Arroyos y Grupo Arcor-; o bien, en forma indirecta, comprando los créditos de carbono en el mercado voluntario, como hizo Natura con una generadora de energía eólica local. En este último caso, el proyecto que se certificó es el Parque Eólico Rawson, de Genneia, que produce 300 Gwh y brinda energía a 100.000 hogares)[24]. La filial local de la empresa de cosmética le compró 70.000 bonos de carbono por más de 4 millones de pesos. Así Natura Argentina certificó una reducción de 70.000 toneladas de carbono, y compensa sus emisiones generadas en Argentina entre 2013 y 2016[25]. Fue el primer proyecto argentino de energía eólica registrado y comercializado en el mercado voluntario de bonos. Las reducciones fueron certificadas a través del Verified Carbon Standard, el principal mercado voluntario de bonos de carbono a nivel mundial.[26]

Para entender el paso a paso de la compra de bonos sellada por Natura debe tomarse en cuenta que el Parque Eólico Rawson produce energía limpia y sustituye la generación contaminante de los combustibles fósiles. De esta manera, reduce en cierta proporción el nivel de emisiones de CO2. La verificación de dicha reducción fue encargada por Genneia (el operador del parque) a un auditor externo: TUV Rheinland. Acto seguido, el VCS validó la documentación presentada por Genneia y emitió los certificados de reducción de emisiones correspondientes[27].

En el país se creó el Fondo Argentino del Carbono mediante el decreto 1070/2005, con el objetivo de facilitar e incentivar el desarrollo de proyectos del MDL en el país, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto[28]. El proceso de MDL tiene dos partes bien diferenciadas: una es la evaluación nacional ante el Ministerio de Ambiente, que se encuentra regulado a través de la Resolución 825/2004.

Los mecanismos mencionados permiten el comercio internacional de las reducciones comprobadas de gases contaminantes dando como resultado la aplicación de tecnologías más eficientes. Dichas reducciones son cuantificadas y reflejadas en los Certificados de Reducción de Emisiones (CER).[29] Como resultado, se tiene la posibilidad de transferir dichos certificados, con lo cual el adquiriente podrá incrementar sus emisiones con cargo a los derechos adquiridos. Es decir, sin necesidad que una parte realice cambios en sus tecnologías de producción (que puede resultar sumamente costoso) se puede reducir las emisiones globales de gases contaminantes (conforme al compromiso establecido en Kyoto) al financiar proyectos de implementación de tecnologías limpias en aquellos países (generalmente menos desarrollados) donde sea más factible.

Ni el Protocolo de Kioto, ni los Acuerdos posteriores han regulado la estructura económica-financiera de los proyectos de MDL y tampoco la compraventa de los créditos que se derivan del mismo. Por lo tanto, cada participante tiene libertad para planear y negociar su proyecto, así como para decidir la oportunidad y condiciones en que negociará los créditos obtenidos.

El boom de los bonos verdes como opción de financiamiento

 

Las economías emergentes están vendiendo cada vez más bonos verdes a los inversionistas occidentales que están ansiosos por inversiones environmentally-friendly. Los bonos de países están destinados a financiar proyectos ambientales tales como los parques solares y eólicos. La Argentina se hizo presente en el mercado de bonos verdes recién en 2017, con dos emisiones, ambas orientadas a financiar proyectos de energías renovables en provincias argentinas. La provincia de La Rioja fue la primera del país en colocar bonos verdes en los mercados internacionales, por un total de 200 millones de dólares en títulos de la deuda pública[30].  Con esta colocación, el Parque Eólico Arauco (PEA) se convierte en un emblema de la producción de energía renovable.  PEA llegaría a los 300 MW nominales de energía eólica, logró una tasa fija de 7.539% en dólares, a un plazo de siete años, con una amortización en cuatro pagos y será devuelto con los fondos de la venta de flujos obtenidos del PEA con CAMMESA.

El banco Galicia fue el último en acercarse a los bonos verdes, la primera institución financiera privada del país. En este caso, suscripto por la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo Banco Mundial, que busca apoyar el desarrollo de bonos verdes en mercados emergentes[31]. Los ingresos del bono respaldarán la eficiencia energética, la energía renovable y proyectos de construcción sustentable, entre otros. Con un plazo de 7 años, el bono verde del Banco Galicia brindará una fuente de financiación de mediano a largo plazo. Se espera que estos proyectos reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina en aproximadamente 157.500 toneladas métricas de CO2 por año, el equivalente de quitar 33.700 automóviles de las calles.

S&P Global Rating dijo que los sólidos fundamentos del mercado y un flujo continuo de nuevos emisores e instrumentos financieros pueden llevar la emisión financiera "verde" a alrededor de 180 billones de dólares en 2019 desde el récord de 167 billones de dólares en 2018. S&P espera que el mercado de bonos verdes crezca en un saludable 8% en 2019. Los bonos verdes son definidos por los “Green Bonds Principles” [32]como cualquier tipo de bono donde los recursos serán exclusivamente dirigidos a financiar, o refinanciar, ya sea en parte o totalmente, proyectos nuevos o existentes que sean elegibles como “proyectos verdes”.  Los fondos de la emisión se destinan a actividades con beneficios ambientales como la mitigación y/o adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la conservación de recursos naturales, o el control de la contaminación del aire, del agua y del suelo.

El informe de S&P sostiene que se espera que las instituciones financieras, en particular, continúen aumentando su participación en la emisión de bonos verdes en los próximos años, a medida que aumenten las necesidades de inversión para la transición a una economía baja en carbono. Más allá del mercado de bonos verdes, también se prevé la emisión de otros instrumentos financieros relacionados con la sostenibilidad, como los bonos environmental, social, and governance (ESG), que se acelerarán.

La expectativa es que Europa seguirá siendo la región principal para la emisión de bonos verdes; con la mayoría de los ingresos de bonos verdes para continuar asignándose a los sectores de energía, transporte y edificios; y el mercado puede diversificarse aún más por país e instrumento de financiamiento.

La increíble transformación de la economía de la energía limpia, combinada con los enfoques de eficiencia y almacenamiento de energía cada vez más comerciales, está cambiando fundamentalmente las expectativas de cómo será la energía y el desarrollo de otras infraestructuras. La inversión en energía limpia por sí sola representó una inversión de 300 billones de dólares de acuerdo con las últimas cifras de Bloomberg New Energy Finance, que también reportó compras corporativas de 13.4 GW de energía limpia a través del acuerdo de compra de energía (PPAs, por sus siglas en inglés) en 2018, más del doble del récord anterior de 6.1 GW establecidos en 2017.

Mientras que las predicciones rivales sugieren que la energía solar podría alcanzar los 100 GW instalados en 2019, se ha informado que Jenny Chase (que encabeza el análisis de energía solar en BNEF) sugiere que las cifras de 2018 ya podrían haber alcanzado los 100 GW cuando lleguen los números finales de este año. Con un enfoque en la energía solar en Medio Oriente y China, y la expectativa de una expansión significativa en la India, se debe agregar una capacidad adicional significativa para fines de 2019.

Una de las cosas que se espera que continúe impulsando el crecimiento en el sector son las instituciones financieras y su necesidad de impulsar el movimiento hacia una economía baja en carbono. Según un informe de la Organization for Economic Cooperation and Development, "Mobilizing Bond Markets for a Low-Carbon Transition By 2035”, "la inversión verde anual requerida para el escenario de calentamiento global de dos grados superará los 4.3 trillones de dólares"[33].

No hay duda de que las iniciativas políticas han impulsado el crecimiento hasta la fecha y se espera que esta tendencia continúe a medida que los responsables de las políticas buscan incentivar el financiamiento público, privado y multilateral para lograr ambiciones ambientales. Estas ambiciones incluyen las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) establecidas en el Acuerdo de París, que describen los pasos que los países tomarán para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. Para un número creciente de emisores soberanos, la emisión con etiqueta ecológica se ha convertido en una nueva herramienta para financiar la estrategia ecológica del país. En los últimos dos años, la emisión soberana ha crecido en más del 60% para representar alrededor del 10% del total de nuevas emisiones, y se espera que los emisores soberanos sigan siendo players en el próximo año.

Por supuesto, no es solo el mercado de bonos verdes el que está creciendo. A medida que continúa la preocupación por la sostenibilidad, el mercado del bono azul, o marino y de agua, se está desarrollando. En octubre de 2018, Seychelles lanzó el primer bono azul soberano del mundo[34]. Diseñado para ayudar a financiar la transición de la nación isleña a una pesca sostenible y la protección de áreas marinas, recaudó 15 millones de dólares de los inversores internacionales. Este movimiento es crítico para la economía archipelágica, ya que los productores pesqueros representan alrededor del 95% del valor total de las exportaciones nacionales. Los enfoques sostenibles de la financiación están empezando a parecer un simple sentido común.

Ahora hay un sentido de practicidad, en lugar de una política pura, que está impulsando el crecimiento en el sector. El Reino Unido es un excelente ejemplo de por qué la transición del carbono está impulsando los patrones de inversión, ya que parece decidido a alejarse del subsidio y el apoyo de mucha energía limpia. En diciembre, al comentar sobre las perspectivas de inversión para energía renovable e infraestructura, Jamie Richards, socio de Foresight, dijo: "esperamos que la infraestructura se convierta en una clase de activo cada vez más popular para los inversores en 2019 ya que mitiga cuatro de los mayores vientos en contra de las carteras: la volatilidad, una corrección de mercado, la inflación y el aumento de las tasas de interés".[35] Tomando de ejemplo al Reino Unido, dijo que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en energía renovable e inversión en infraestructura en los últimos cinco años y se espera que continúe en el futuro previsible.

Richards agregó: "El pronóstico para los próximos ocho años muestra un aumento del 27% en la generación acumulada de la energía renovable en el Reino Unido. Gran parte de esta inversión proviene, y se espera que, provenga de empresas de inversión en infraestructura y energía renovable incluidas en el Reino Unido que tienen una capitalización de mercado combinada de 172 billones de libras esterlina".

 

 

 

 

 

El fervor especulativo en el mercado europeo de emisiones de carbono no tiene fin

 

Durante años muy pocos estaban preocupados sobre la marcha del Comercio de Derechos de Emisión de CO2 europeo, más conocido como EU Emissions Trading System (EU ETS), pero son cada vez más los ojos que miran con preocupación la senda ascendente que lleva la cotización de la tonelada de carbono. Se espera que continúe en 2019 hacia la misma dirección.

Los analistas señalan que es más que probable que el costo de los derechos de emisión siga marcando límites máximos a lo largo de este recién estrenado año, lo que contribuirá al aumento de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, pero también del gas, ambos factores que pesan mucho a la industria y a los grandes consumidores de energía. Además, los futuros de carbono, que reflejan los precios que las fábricas y las eléctricas pagan por sus emisiones, se triplicaron en 2018, lo que lo convierte en el principal producto con mejor desempeño del año, según publica Bloomberg. Esos contratos pueden incrementarse de nuevo en 2019, incluso superar un crecimiento del 20%, situándose cerca de los 29 euros por tonelada o incluso más, por primera vez en más de una década.  2018 ha marcado un antes y un después en el mercado de emisiones y 2019 no será quien le pare los pies.

“El 2018 ha sido un año excepcional para el mercado del carbono en el que hemos visto como el precio se triplicaba desde los 8,25 euros en los que cerró el 2017 hasta los 25 euros con los que finalizó 2018, y donde se ve claramente que es en ese precio donde se encuentra en la zona de confort”, explica Verónica Belinchón, Corporate Trader de Vertis Environmental Finance, empresa especializada en mercado de emisiones de CO2, “y mientras que la mayoría de los expertos y analistas estaban centrados en el efecto de las reformas del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, hubo muchos otros factores que impactaron en este mercado a lo largo del año. Ejemplo de ello es que nadie esperaba la presencia tan activa de los especuladores, o respecto a los fundamentos del mercado eléctrico, el rally en los precios del gas y la baja disponibilidad de renovables durante el año también respaldaron el precio del carbono”.[36]

 

Este fervor especulativo por las asignaciones de carbono europeas muestra pocas señales de disminuir, ya que se ha visto que más hedge funds duplican las expectativas de precios más altos. Unos 15 a 20 fondos han comenzado o están considerando apuestas de varios meses o varios años en el mercado europeo de derechos de emisión.

Compradores tan lejanos como Estados Unidos y la India están interesados en el carbono. Los futuros de carbono, que reflejan los precios que las fábricas y las utilities pagan por sus emisiones, se dispararon a medida que la Unión Europea implementaba reformas destinadas a reducir el exceso de oferta, principalmente mediante la reducción de la cantidad de permisos subastados. Los participantes del mercado de carbono este año esperan más ganancias, aunque no tan fuertes como en 2018. "Se están realizado muchas compras especulativas", dijo Bostjan Kovacevic, un trader de la corredora de carbono Belektron, que se ha dado cuenta de que hay más extranjeros y menos emisores en el mercado en este momento.

El valor de los contratos pendientes ha aumentado a más de 30 billones de euros en el ICE Futures Europe, un salto de cinco veces en dos años. De acuerdo con una encuesta realizada por Bloomberg en enero, luego de subir a un máximo de una década de 25.79 de euros por tonelada en septiembre, los futuros de carbono podrían aumentar a cerca de 29 euros por tonelada o más este año. Los precios han cambiado poco hasta el momento en 2019. La ganancia de carbono ayudó al fondo Energy Dynamics de Lansdowne a devolver un 6% neto de comisiones el año pasado cuando el índice MSCI World Energy Sector Index cayó un 18%. Northlander se benefició de una apuesta en los mercados de carbono, con un retorno del 53% en 2018 neto de comisiones, según una nota a los inversores.

Después de seis años de estancamiento, los derechos de emisiones en el comercio europeo han cobrado vida y han venido a quedarse. Entre otras razones, porque durante varios años, los responsables políticos han luchado (y logrado) eliminar el excedente de los créditos acumulados durante la última recesión. Este excedente lo que producía es que hubiera más “papelitos” de carbono para centrales emisores de C02 de los que necesitaban para contaminar. Lo peor es que no solo se ha eliminado ese excedente, sino que se espera que se vuelvan a apretar los tornillos en los próximos años, es decir, que los gobiernos podrían estar subastando hasta un 40% menos de derechos desde ese mismo año 2019.  “El volumen de la subasta se ve bastante pobre”, dijo Louis Redshaw, de Redshaw Advisors, una consultora londinense que comercializa carbono, “y sospecho que muchos especuladores ya están posicionados desde hace mucho tiempo”.

“Es difícil hacer un pronóstico a medio o largo plazo”, explica la analista de Vertis Environmental Finance, pero las estimaciones varían hasta los 55 euros para el mercado en 2019, según adelante Bloomberg. Los operadores también son en gran medida optimistas sobre el carbono, con las apuestas en opciones de compra que superan en número a las opciones. La opción de compra con el segundo interés más abierto para el futuro de diciembre de 2019 es un precio de 50 euros por tonelada, y la más popular es de 20 dólares. Incluso hay traders que apuestan por opciones para comprar a 100 euros en 2020.

Si se reduce aún más el EU ETS podrían impulsar a las eléctricas a preferir quemar otros combustibles, como el gas natural en lugar del carbón, y a mirar a las renovables como una forma de generar electricidad sin emisiones. “Alrededor de dos tercios de los precios de la energía más alta de Alemania en 2018 se debió al costo del carbono, con otro 30% proveniente del carbón más caro”, añade Lawson Steele, analista de Berenberg Bank en Londres[37]. “El gas será más importante en este 2019 cuando el precio del carbono suba lo suficiente para que la generación de gas sea más barata que el carbón, de hecho, hoy en día, el carbón fija el precio en el mercado europeo, y eso se va a acabar”.

 

Sin acuerdo para la creación de un mercado global de comercio de contaminación de carbono

 

Una disputa que enfrenta a dos grupos de naciones liderados respectivamente por Alemania y Brasil está retrasando el trabajo para crear un mercado global para el comercio de la contaminación por carbono, uno de los pilares del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Después de las acaloradas charlas en una conferencia sobre el clima de Naciones Unidas en diciembre pasado, los dos grupos siguen enfrentados sobre cómo estructurar el sistema. Los nuevos mercados de carbono podrían permitir a los países en desarrollo vender créditos de emisiones generados por programas que reducen los gases de efecto invernadero. La teoría es que las naciones más ricas podrían comprar esos securities, obteniendo una opción más barata para alcanzar sus propios objetivos.

Alemania, junto con la Unión Europea y los países industrializados, dicen que los países en desarrollo pueden "crear demasiadas lagunas" con la propuesta de Brasil para las reglas del mercado. Un enviado de la nación sudamericana dijo que su posición ha sido tergiversada. Los comentarios siguen a una decisión en las conversaciones de la ONU que involucra a 200 países para dejar de lado durante al menos un año los esfuerzos para redactar parte de un reglamento que podría haber ampliado el comercio de carbono.

La cuestión es quién podría vender créditos de carbono en el nuevo sistema, que los enviados esperan que provoque recortes de emisiones antes que el Acuerdo de París entre en vigencia el próximo año. La pregunta es contenciosa porque Europa ha estado trabajando para aclarar un exceso en su propio mercado de carbono, que es el más grande de su tipo en el mundo. Agregar una nueva fuente de créditos podría deshacer ese esfuerzo y deprimir los precios, erosionando el valor del comercio de carbono como una herramienta para ayudar al medio ambiente.

"La pregunta más importante siempre es quién va a comprar los offsets", dijo Trevor Sikorski, jefe de gas natural, carbón y carbono en Energy Aspects Ltd., un consultor de la industria con sede en Londres. Si bien los países retienen objetivos de emisiones más estrictos que generarían demanda, el debate actual sobre el aumento de la oferta no demuestra una "gran comprensión del uso de los mercados".

Los mercados bajo el acuerdo de París son una de las herramientas políticas que los países pueden usar para reducir la contaminación de los combustibles fósiles. Si bien el mundo en su conjunto tendrá que reducir esas emisiones, los legisladores de Estados Unidos y Europa han tratado de garantizar formas de utilizar los mercados financieros para hacer esos recortes de la manera más eficiente.

El primer esfuerzo de la ONU en un sistema de comercio global de carbono tuvo resultados mixtos. Bajo el Protocolo de Kyoto de 1997, la ONU construyó el Mecanismo de Desarrollo Limpio que estimuló proyectos de reducción de emisiones a cambio de créditos que podrían venderse a lugares con sistemas de límites máximos y comercio. Esos créditos CDM (por sus siglas en inglés) han seguido casi a cero durante seis años porque la mayoría de los países ya no los están utilizando para cumplir con sus objetivos de emisiones, y la UE se ha negado a extender las reglas que permitían a aquellos que participan en el sistema de límites máximos del comercio continental utilizar los créditos CDM por cumplimiento hasta 2020.

El debate en las conversaciones de la ONU es sobre cómo reactivar ese mercado o crear una alternativa, que se conocería como el Mecanismo de Desarrollo Sostenible. El nuevo sistema tiene un gran potencial. Un informe del UN Environment Program sugiere que la demanda de reducción de emisiones podría alcanzar los 32 billones de toneladas para el año 2030, más de 17 veces el suministro anual total en el mercado existente de la UE. Si bien solo una parte de eso puede provenir de los nuevos programas, indica por qué se necesitan reglas estrictas para gobernar cómo los créditos fluyen a través de las fronteras.

La posición de Brasil. El país sudamericano quiere un nuevo sistema para impulsar la inversión en proyectos que reducen las emisiones y generar ingresos por la venta de créditos. Dice que la naturaleza voluntaria y "de abajo hacia arriba" del acuerdo climático de París significa que no todos los países asumirán un objetivo que cubra toda su economía. En esos casos, la industria privada debería poder vender créditos de proyectos "adicionales" a aquellas partes del sistema que están cubiertas por objetivos.

Alemania se resiste a esa idea, lo que indica que solo los países y las empresas cubiertas por los objetivos debería poder participar en el comercio. Si Brasil tuviera su camino, las naciones y las empresas podrían comprar créditos en uno de los nuevos mercados que cubrirían sus responsabilidades. Los vendedores de esos créditos podrían beneficiarse siempre que los recortes de emisiones superen los objetivos registrados por la ONU por la nación que genera los créditos.

Thiago Mendes, secretario de clima y bosques en el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, dijo que las naciones en desarrollo deberían tener un límite de emisiones que cubra solo algunos sectores de su economía. Esos países seguirían limitando las emisiones bajo el acuerdo de París. Incluso los proyectos en industrias que enfrentan restricciones bajo el acuerdo de París podrían venderse en el nuevo sistema, siempre y cuando las inversiones sean lo suficientemente innovadoras.

"Esas reducciones deben contabilizarse solo para los objetivos nacionales del país comprador, sin impacto en los objetivos del país que recibió el proyecto", dijo Mendes. Rechazó las acusaciones de los grupos de presión y las naciones industriales de la que las medidas de Brasil permitirán un doble conteo de permisos, diciendo que el cargo "no tiene sentido, si las reducciones no se contabilizan por primera vez, ¿cómo pueden ser contabilizadas por duplicado? Por ejemplo, si un proyecto solar californiano reduce las emisiones de una forma completamente nueva, eso podría generar créditos SDM para ayudar a Estados Unidos a cumplir con su límite de emisiones bajo París, suponiendo que la nación no se retire del acuerdo por completo, dijo Mendes.

Además, debido a que la contribución de París a Brasil incluye cambiar la deforestación a cero por ciento, la nación no tiene la intención de vender créditos de emisiones forestales a otros países o a la industria aérea, que está planificando su propio mercado de carbono.

La visión de Alemania. Algunas naciones europeas, incluida Alemania, se niegan a respaldar el plan de Brasil, diciendo que les da demasiada ventaja a los países de mercados emergentes. Alemania quiere un sistema completamente nuevo con "un diseño limpio y uniforme", dijo el viceministro del Medio Ambiente de la nación, Jochen Flasbarth, en una entrevista en Berlín.