Tanto es así, que debería ser seguida por otras condenas regionales a comentarios disparatados realizados por otras figuras públicas de todo el continente. De hecho, los cancilleres latinoamericanos deberían crear una comisión permanente de monitoreo y denuncia de tales declaraciones, que podría ser llamada Latinoamérica Organizada Contra los Agravios (LOCA).

Antes de hacer algunas sugerencias sobre algunas de las recientes declaraciones públicas que deberían ser denunciadas de inmediato por la comisión LOCA, permítanme recapitular lo que dijeron los cancilleres tras el alocado comentario de Robertson de que Estados Unidos debería ''tener la habilidad de sacarlo de circulación (a Chávez)'', del que el predicador se disculpó posteriormente.

En su reunión en Bariloche, Argentina, del 26 de agosto, los ministros de Asuntos Exteriores de los 19 países del Grupo de Río firmaron una declaración en que expresan su ''categórico rechazo'' a las declaraciones de Robertson, y pidieron al gobierno del presidente George W. Bush ''iniciar los procedimientos legales apropiados'' contra el teleevangelista por realizar ''una clara incitación al delito'', según reportaron las agencias de noticias Reuters y AFP.

''Resaltamos nuestra amistad con el pueblo de Venezuela, y expresamos nuestra solidaridad con sus autoridades'' dice la declaración firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, y la Comunidad del Caribe.

Hasta ahí no hay nada de malo. Pero los cancilleres podrían ir más allá y crear la comisión LOCA para extender condenas similares a otros comentarios públicos igualmente disparatados y potencialmente criminales que son hechos casi a diario en nuestro hemisferio, sin que nadie diga nada.

Apenas unos días de los comentarios de Robertson, por ejemplo, el canciller cubano Felipe Pérez Roque sugirió en un discurso en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Caracas, Venezuela, que la Organización de Estados Americanos (OEA) debería ser volada en pedazos.

''Como una prioridad de la lucha antiimperialista... hay que oponerse a los mecanismos de dominación imperial en la región: hay que volar en pedazos a la OEA'', dijo el alto funcionario cubano en su discurso del 11 de agosto, según reportaron la agencia de noticias ANSA y el diario chileno La Nación, entre otros.

Pérez Roque no especificó si su aparente propuesta de ataque terrorista debería ser llevada a cabo cuando la OEA esté en sesiones, o de noche, cuando sólo hay guardias de seguridad en su edificio. La aquí propuesta comisión de monitoreo podría analizar las declaraciones de Pérez Roque y --si constituyen una clara incitación al delito-- debería pedir al régimen cubano iniciar procedimientos legales contra su canciller.

Lo que es más, la comisión aquí propuesta podría expandir sus funciones de monitoreo más allá de los llamados a la violencia, y analizar declaraciones antidemocráticas de figuras públicas que abiertamente violan los tratados de defensa de la democracia firmados por los países miembros del Grupo de Río.

El 21 de agosto, en su show televisivo semanal, ''Alo Presidente'', que ese día se transmitió en directo desde Cuba y duro más de cinco horas y media, Chávez pidió a los latinoamericanos no creer en las afirmaciones de medios ''imperialistas'' de que Cuba --un país que no permite elecciones libres desde hace casi cinco décadas-- es una dictadura.

''Una dictadura es otra cosa'', dijo Chávez, según la transcripción oficial del gobierno venezolano. ``Aquí (en Cuba) hay un sistema de democracia revolucionaria, que no es la democracia clásica occidental que nos impusieron. No, es una democracia revolucionaria... una democracia desde abajo... y hay que decírselo a los pueblos de América Latina para que nadie se deje manipular''.

Mi conclusión: no hay nada malo en que los gobiernos latinoamericanos condenen los alocados comentarios iniciales de Robertson. Pero si los cancilleres van a dedicar su tiempo y el dinero de sus conciudadanos para redactar declaraciones condenando lo que dicen figuras privadas de Estados Unidos, tendrían que empezar a denunciar también las declaraciones delirantes de altos funcionarios de Cuba y Venezuela, en eventos patrocinados por gobiernos, y difundidos a través de medios de comunicación oficiales.

Si la mayoría de los gobiernos democráticos empezaran a condenar las declaraciones potencialmente terroristas y antidemocráticas que vienen de ambos lados del espectro político, el hemisferio estaría mucho mejor protegido en contra los extremistas de derecha e izquierda. Las democracias de la región no se están haciendo ningún favor a sí mismas ignorando los discursos violentos y totalitarios de los funcionarios cubanos y venezolanos