No hay nada de raro en que un gobierno latinoamericano investigue a políticos por prácticas corruptas: de hecho, casi todos los gobiernos entrantes persiguen a sus adversarios políticos del gobierno anterior. Pero Brasil está haciendo algo mucho más notable: está enjuiciando a líderes prominentes del partido gobernante, y sus aliados en el congreso y el mundo empresarial.

Treinta y ocho altos funcionarios del Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva— incluyendo al ex todopoderoso jefe de gabinete de Lula, José Dirceu— están siendo procesados desde el 2 de agosto ante la Suprema Corte de Brasil por emplear fondos públicos para comprar votos en el Congreso entre el 2002 y el 2005.

Se espera que las audiencias, que han sido denominadas por la prensa brasilera “el juicio del siglo”, duren varias semanas. Se centran en lo que los brasileños llaman el “mensalao”, o las asignaciones mensuales que supuestamente el gobierno pagó a congresistas a través de una agencia de medios. Los fiscales han presentado 1,089 acusaciones de corrupción, malversación de fondos públicos, desfalco y lavado de dinero.
Aunque ni Rousseff ni Lula figuran entre los acusados, la imagen de Lula podría resultar perjudicada si sus ex colaboradores son hallados culpables.

Rousseff, en cambio, podrá salir fortalecida: aunque es una ex jefa de gabinete y protegida de Lula, y permanece próxima al ex presidente, la primera mandataria de Brasil tiene una popularidad record del 70 por ciento, en gran parte por su combate a la corrupción gubernamental.

Rousseff, una ex guerrillera convertida en política pragmática y seria —me tocó estar sentado a pocos metros de ella durante su aparición pública con el presidente Obama en la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, y me sorprendió lo poco que sonríe— ya despidió a más de media docena de ministros vinculados a escándalos de corrupción.

“El hecho de que el país sea capaz de enfrentar este tema en un mundo donde cunde la corrupción es realmente una buena noticia”, dice Albert Fishlow, un profesor emérito de estudios brasileños de la Universidad de Columbia.

“Todos estos individuos acusados han usado el sistema legal para evitar ser juzgados durante una cantidad de años. Pero al final, en vez hacer simplemente que el tema desaparezca, el poder judicial de Brasil ha demostrado funcionar mejor que en casi todo el resto de los países latinoamericanos”, agregó.

Paulo Sotero, un experto en Brasil del Wilson Center de Washington D.C., está de acuerdo. El hecho de que este juicio se celebre pocos meses antes de las importantes elecciones municipales brasileñas de octubre, y en un momento en que la economía del país se desacelera, es prueba de que hay una saludable división de poderes en Brasil, me dijo.

“Lo que estamos viendo en este caso son instituciones que funcionan”, dijo Sotero.
Durante la presidencia de Rousseff, además del despido de varios ministros del gobierno, los brasileños han presenciado otras medidas cruciales contra la corrupción, incluyendo la implementación de una ley de “ficha limpia” que no permite a los políticos postularse para cargos oficiales si han sido hallados culpables de algún delito en primera instancia.

Mi opinión: No soy un gran admirador de la política exterior de Rousseff, que —aunque tal vez no tan lamentable como la de Lula— tiene un récord bastante dudoso en materia de la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Pero en el plano nacional, hay que reconocer que Rousseff está combatiendo la corrupción más que nadie a su alrededor.

En Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dejado en su cargo a su vicepresidente Amado Boudou a pesar de un escándalo de corrupción por sus presuntos vínculos con la empresa que imprime el dinero del país. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez no sólo no destituyó al comandante militar Gen. Henry Rangel Silva después de que Washington lo acusó oficialmente en el 2008 de estar vinculado al narcotráfico, sino que además lo ascendió a ministro de defensa a principios de este año.

En Ecuador, jueces aliados del presidente Rafael Correa están tratando de archivar una investigación de contratos gubernamentales por $120 millones con el hermano del presidente, Fabricio Correa, que por cierto ha corroborado públicamente la existencia de dichos negocios.

El desenlace del “mensalao” está por verse. Pero, por ahora, Rousseff está dando un ejemplo: está persiguiendo a los políticos acusados de corrupción, independientemente de su cercanía al gobierno.

Twitter: @oppenheimera