Escuché esta idea por primera vez hace unos meses durante una entrevista que le hice a Marcelo Giugale, jefe del departamento del Banco Mundial encargado de estrategias de disminución de la pobreza en Latinoamérica. Desde entonces, Giugale ha estado recorriendo la región difundiendo este mensaje aparentemente simple, pero políticamente radiactivo.

La idea es, a grandes rasgos, la siguiente: durante décadas, casi todos los países latinoamericanos han mantenido ''subsidios universales'' a la gasolina, la electricidad, el agua, la educación universitaria y otros servicios que ofrecen a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad de pago.

En Venezuela la gasolina se vende a 12 centavos de dólar el galón --más barato que una botella de agua de un litro--, independientemente de si uno es pobre, o millonario. Alrededor del 44 por ciento de los $12,000 millones que Venezuela gasta en subsidios a la gasolina va para el veinte por ciento de la población más rica del país. El subsidio a los ricos equivale a dos veces lo que el gobierno venezolano gasta en sus programas sociales --o Misiones-- para los pobres, según cifras del Banco Mundial.

En México, el gobierno gasta $7,600 millones por año para dar educación gratuita a los estudiantes en las universidades estatales, independientemente de si los jóvenes pueden pagar o no. Cerca del 51 por ciento de este dinero va para el veinte por ciento más rico de la población, según el Banco Mundial.

La mayoría de estos ''subsidios universales'' se crearon hace más de cincuenta años y ayudaron a millones de latinoamericanos a subir a la clase media y a permanecer en ella. Eso ha contribuido a hacerlos políticamente difícil de eliminar.

Pero las cosas han cambiado desde entonces, dice Giugale. Gracias a los progresos tecnológicos, los gobiernos pueden usar medidores en los hogares para saber si los residentes usan agua para bañarse o para llenar sus piscinas. Y la calidad de las encuestas hogareñas ha mejorado mucho, permitiendo a los gobiernos saber quién puede pagar por los servicios públicos.

''La crisis global es una oportunidad única para acabar con esta locura distributiva, y para focalizar estos subsidios'', explicó Giugale. ``¿Quién podría estar en contra, hoy, de cobrarle a los ricos el verdadero precio de la electricidad que consumen?''

Cuando le pregunté cómo podrían hacer los gobiernos para focalizar estos subsidios, Giugale dijo que habría que hacer lo que hacen muchos países en todo el mundo. En los casos del agua, la electricidad o el gas natural, se podría dar un subsidio generalizado para cubrir las necesidades básicas de una casa y cobrarle a los más pudientes cuando exceden ese promedio.

En el caso del combustible, se puede subsidiar el transporte público para todos y reducir los subsidios para los autos o los aviones, señaló. En el caso de las universidades, se debería garantizar el estudio a todos, pero obligando a los estudiantes de familias más pudientes a pagar, ya sea mientras estudian o después de graduarse.

En total, Latinoamérica gasta entre el 5 y el 10 por ciento de su producto bruto interno en subsidios y, como regla general, al menos un tercio de esos subsidios son otorgados al 20 por ciento más rico de la población, señaló Giugale.

''Eso suma el triple de las transferencias de dinero a los pobres que se han creado en los últimos años en la región'', dijo Giugale. ``La actual crisis global, con todas las presiones sociales de acción gubernamental que trae aparejada, es una excelente oportunidad para acabar con estos subsidios''.

Mi opinión: Muchos latinoamericanos de clase media, leyendo estas líneas, se estarán diciendo a sí mismos que es fácil para un economista sentado en Washington D.C., o para un periodista en Miami, proponer cortes de subsidios en América Latina. Estoy de acuerdo con ellos --y también lo está Giugale-- en que no hay nada intrínsecamente malo con dar subsidios.

Pero cuando una buena parte de estos subsidios son capturados por los más ricos, en países que todavía tienen grandes tasas de pobreza, es una práctica moralmente dudosa y económicamente disparatada.

Cuando visité China y la India, no pude evitar pensar que si los estudiantes universitarios en países con gobiernos comunistas o socialistas exigen que los jóvenes paguen por sus estudios universitarios a menos que puedan probar que no tienen dinero, no debería haber obstáculos ideológicos para que los países latinoamericanos hicieran lo mismo. Hasta el gobierno socialista de España hace pagar a los universitarios que pueden hacerlo.

La crisis actual podría ser una buena excusa para eliminar los subsidios a los ricos y gastar más dinero en los pobres.