“No tenga duda de que voy a aplicar la ley sobre quien tenga responsabilidad de haber incumplido la ley", me dijo Peña Nieto en una entrevista de 40 minutos la semana pasada. “Corresponderá a la autoridad electoral determinar si hubo tales prácticas... y, sea en este gobierno, o en el tiempo ya de mi gobierno, estaré por aplicar la ley y sancionar a quien eventualmente, de haberlo, haya incurrido en una práctica ilegal".

Poco antes, en la misma entrevista, Pena Nieto me había dicho reiteradamente que “no hubo" compra de votos por parte de su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y calificó las declaraciones del ex candidato de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador, que está exigiendo la anulación de la elección, de “senalamientos totalmente infundados”. Si se produjo compra de votos, fueron "casos aislados y casuísticos", me dijo.

López Obrador, que obtuvo el segundo puesto en las elecciones, alega que el PRI compró millones de votos —entre otras cosas regalándole a la gente tarjetas de compras -, sobrepasó con mucho los límites permitidos de gastos electorales, e hizo pactos por debajo de la mesa con las dos cadenas de televisión más grandes del país para conseguir una cobertura periodística favorable.

El tribunal electoral deberá emitir su veredicto el 6 de septiembre, pero pocos analistas políticos creen que las elecciones serán invalidadas. Lo más probable es que se encuentren irregularidades aisladas que no pondrán en cuestionamiento el resultado final, y que López Obrador esté buscando esa constatación para convocar protestas y mantener vivo su movimiento político.

Según Pena Nieto, la elección fue un "proceso democrático" que fue "ejemplar e inédito".
Cuando le recordé que el PRI, su partido, fue durante sus siete décadas en el poder durante el siglo pasado un maestro en lo que hace a la compra de votos y otras tretas electorales, Peña Nieto respondió que "los alumnos de otros partidos" superaron al PRI en este tema en anos recientes.

Pero agregó que "yo creo que este tipo de prácticas se han ido desterrando dentro del ejercicio democrático de este país", y que él pertenece a “una nueva generación de líderes del PRI”, que han hecho su carrera política “en una cultura democrática”.
Ante la pregunta de si será un candidato débil —se enfrentará a un congreso dividido y a una parte considerable de la población que tiene dudas sobre su legitimidad—, dió una larga respuesta que terminó con el reconocimiento de que deberá buscar acuerdos con los partidos de oposición en el Congreso.

“Hay un gran respaldo, mayoritario, contundente, y claro en favor del proyecto que encabezo", dijo. “No se puede senalar de un presidente o un gobierno débil a partir de tener un congreso que los mexicanos han querido tenga corresponsabilidad en las decisiones... Estará en el liderazgo que habré de ocuparme de tener que podamos construír los acuerdos en el congreso".

Cuando le pregunté cómo conseguirá la aprobación de su reforma energética que permitiría inversiones privadas en el monopolio petrolero estatal Pemex, cuando gran parte de su propio partido y los sindicatos aliados del PRI son reacios a esa propuesta, Peña Nieto respondió que “yo estoy seguro que usted no ha escuchado ninguna expresión ni de ellos ni de otros grupos dentro del partido (PRI) que estén en oposición a lo que he venido postulando".

Pero eso fue antes de que usted pudiera hacer algo, señalé. Peña Nieto respondió: “Pero lo he postulado, y lo he comprometido, y es claro que está consensuado y hablado con quienes fueron parte de mi partido. No ha habido una voz discordante."
Mi opinión: si las autoridades electorales confirman la victoria de Peña Nieto, como es probable que ocurra, y él asume la presidencia el 1 de diciembre, no tendrá ni el poder de convocatoria ni el respaldo masivo que necesitará para aprobar las ambiciosas reformas que ha prometido.

Si Pena Nieto realmente quiere disipar las dudas sobre su legitimidad, y sobre la sinceridad de sus afirmaciones de que pertenece a "una nueva generación" de líderes del PRI, tendrá que demostrarlo con acciones audaces desde el primer día de su mandato.
Una de las mejores maneras de hacerlo sería cumpliendo con su promesa de encarcelar a todos aquellos que se dedicaron a la compra de votos, incluyendo a dirigentes de su propio partido. Eso probaría sus credenciales democráticas, y le permitiría poner en marcha las ambiciosas reformas que México tanto necesita.