Colombia apoyó este miércoles la solicitud de Honduras de intervenir en el litigio que mantiene con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los límites marítimos entre los dos países. 

Colombia reconoció que existen "intereses legales" hondureños que pueden ser afectados en un futuro fallo sobre el proceso que Nicaragua inició contra Colombia en la CIJ, lo que justificaría la intervención de Honduras.

Sin embargo, la delegación colombiana no se pronunció sobre la posibilidad de que Honduras intervenga como Estado parte, y aclaró que deja al criterio de los jueces una posible participación de esta naturaleza. 

Para Colombia, la intervención de un tercer país tiene que ser algo "puntual" y no puede transformar un caso ante la Corte en otro totalmente distinto, según explicó, por parte de la delegación colombiana, el profesor de derecho de la Universidad de Cambridge, James Crawford. 

Honduras basa su solicitud para intervenir en que la delimitación de una línea fronteriza entre Nicaragua y Colombia afecta a sus intereses legales al norte del paralelo 15 y al este del meridiano 82, en el mar Caribe. 

Honduras también teme que algunas áreas dentro de ese espacio que le correspondieron en el tratado que en 1986 firmó con Colombia, se vean ahora amenazadas por las demandas de Nicaragua. 

Para Nicaragua, los intereses sobre ese área ya quedaron determinados en el fallo de la CIJ de octubre del 2007 sobre la frontera marítima entre Managua y Honduras.

 

Colombia rechazó esta visión de Nicaragua. El miembro de la delegación colombiana y profesor de derecho internacional en Ginebra, Marcelo Kohen, remarcó que, en su fallo del 2007, la CIJ marcó los intereses de Nicaragua y Honduras al norte del paralelo 15 y al este del meridiano 82, pero no fijó los de terceros países. 

"Colombia es claramente un tercer país con intereses en esa zona", afirmó el experto en leyes, quien recordó que, en Derecho Internacional, "los tratados no pueden ni perjudicar ni beneficiar a terceros países". 

En ese fallo, la CIJ otorgó a Honduras la soberanía en el Caribe de las islas Bobel, Savanna, Port Royal y Sur, pero rechazó su reclamación de que la frontera marítima entre los dos países está en el paralelo 15, con lo que trazó una nueva línea divisoria. 

La Corte estableció entonces que la nueva frontera entre Honduras y Nicaragua debe seguir una línea bisectriz entre las costas de los dos países y respetar las aguas de las islas bajo soberanía hondureña.

 

La solicitud de Honduras ante la máxima instancia judicial de Naciones Unidas se suma a la que realizó la semana pasada Costa Rica para participar en el caso, aunque como Estado no parte.

 

Costa Rica argumentó que cuando un Estado considera que un interés jurídico puede ser afectado en el fallo de resolución de un contencioso entre países puede solicitar permiso para intervenir. 

 

El Gobierno de este país busca con su intervención proteger sus derechos legales en el Mar Caribe, además de informar a la CIJ de los intereses legales que podrían ser afectados al resolver la demanda de Nicaragua contra Colombia. 

 

La semana pasada, cuando Costa Rica presentó ante la CIJ su solicitud de intervenir en el proceso, Colombia y Nicaragua también expresaron posturas contrarias. Colombia, a favor de la intervención, y Nicaragua, en contra.

El litigio entre Nicaragua y Colombia se inició en el 2001 con la denuncia de Nicaragua ante el máximo órgano judicial de la ONU. 

 

Nicaragua considera que el Tratado Esguerra Bárcenas, firmado con Colombia en 1928, es nulo. Este acuerdo, ratificado por ambas partes, vigente y respetado durante muchos años, repartió las islas y los territorios de la región del Caribe próxima a Nicaragua. A este país le garantizó la soberanía de la costa Mosquitia y de las islas Mangles, y a Colombia, el archipiélago de San Andrés y Providencia (que comprende otras islas, cayos e islotes). En el momento de canjearse las ratificaciones -procedimiento final que pone en vigor lo pactado- los dos países introdujeron en el Acta correspondiente una cláusula según la cual "el archipiélago de San Andrés y Providencia no se extiende al occidente del meridiano 82". Desde entonces, esta línea ha sido el límite marítimo entre los dos países. 

En el 2007, la CIJ determinó que la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no está en discusión, pero al mismo tiempo se declaró competente para decidir la frontera marítima entre los dos países. Precisamente, este es el tema que Colombia y Nicaragua discuten actualmente en La Haya. 

*Con información de EFE.