Así lo aclaró el gobierno de Barack Obama en un documento enviado a la Corte federal del Distrito Norte de Alabama, en donde cursa un proceso contra la compañía Drummond. 

Los demandantes son un grupo de víctimas del paramilitarismo que acusan a la minera de haber pagado protección a las AUC. En el proceso, los demandantes han buscado que Uribe comparezca ante el tribunal.

En el documento titulado “Declaración de interés y sugerencias de inmunidad”, el gobierno de Estados Unidos indicó que el ex presidente Uribe “goza de inmunidad residual”, pues él fue funcionario del Gobierno como alcalde, gobernador y presidente. 

Esa inmunidad solo aplicara a la búsqueda de información “relativa a actos realizados en su gestión oficial como funcionario del gobierno, o obtenida en su gestión como funcionario del gobierno”. 

No obstante, aclaró que los Estados Unidos “no sugieren que (Uribe) tiene derecho a la inmunidad”. ¿La razón? La última palabra es del poder judicial de ese país. 

En el documento, el gobierno de Estados Unidos solicita “respetuosamente que la Corte ordene a los demandantes agotar otros medios que estén a su alcance para obtener la información que buscan del expresidente Uribe, antes que ordenar una declaración de él sobre cuestiones en las qué no tendría la inmunidad testimonial”. 

En respuesta a la “Declaración de Interés”, los abogados de las víctimas emitieron una comunicación en la que aducen que es “prematuro comentar extensivamente sobre cómo va a terminar el proceso, porque todavía no ha habido una decisión de la Corte”. 

Los abogados argumentaron que la Corte es la que deberá decidir “cualquier inmunidad para Uribe y el período de programación de cualquier declaración”. 

Además, argumentaron dos razones para ver positivamente la declaración del gobierno de Estados Unidos. 

“A lo sumo, la inmunidad de Uribe podría extenderse para cualquier “acto oficial” como Presidente de Colombia. La ley es clara, y la distinción del Gobierno de Estados Unidos lo reconoce, que en la medida que Uribe dirigió o alentó o instigó violaciones a la ley incluyendo crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, esos actos nunca pueden ser considerados como actos oficiales. Es así como los demandantes argumentan que Uribe colaboró de manera extensiva con las AUC que ejecutaron a sus familiares de los demandantes, los detalles de su relación y asistencia a las AUC están por fuera de cualquier inmunidad”, dice la defensa de las víctimas del paramilitarismo. 

En segundo lugar aducen que el gobierno de Estados Unidos reconoce que los demandantes pueden obtener la evidencia que necesitan de otras fuentes en Colombia, por lo cual aprovecharon para pedirle que use “su considerable influencia sobre el Gobierno colombiano para obtener la cooperación de los funcionarios colombianos para permitir a los demandantes reunir toda la evidencia”. 

Al final dicen que esos oficios no solo ayudarían a buscar la verdad, “sino que también mostraría que Colombia ha pasado una importante página de su sangrienta historia”. 

El exmandatario colombiano hasta ahora no ha dado una declaración sobre el pronunciamiento de Washington, ni sobre el de las víctimas.