Si alguien pensaba que en Colombia no había peor escenario que un conflicto interno de medio siglo, que ha producido una crisis humanitaria de dimensiones bíblicas, y unos grupos de mafias criminales, que crecen como la hiedra, era porque no se había abierto la posibilidad de un tercer frente de hostilidades: el internacional. Aunque muchos creen que la hipótesis de un enfrentamiento con Venezuela es descabellada y que no se trata más que de la retórica de un caudillo en apuros, lo cierto es que en 2009 Chávez y Uribe pasaron de ser adversarios ideológicos y políticos a configurarse, por lo menos en el discurso, en enemigos. Mientras Chávez ha destacado tropas en la frontera, creó un cuerpo de milicias y hace llamados a prepararse para la guerra con Colombia, Uribe ha acordado el respaldo de Estados Unidos, con su presencia en siete bases militares que cubren todo el territorio colombiano.

El acuerdo sobre las bases se fraguó con sigilo, apoyado en dos necesidades mutuas. Estados Unidos perdía la base de Manta, en Ecuador, y necesitaba un nuevo lugar para el monitoreo de la región y como puente para eventuales operaciones en África. Su objetivo era instalarse en Recife, Brasil, pero el gobierno de este país no sólo se negó a tener bases norteamericanas en su territorio sino que, como potencia regional emergente, aspiraba a que los gringos salieran definitivamente de Suramérica. El Plan B de los norteamericanos era Palanquero, en Cundinamarca.

Al tiempo, el gobierno colombiano veía con preocupación dos tendencias: primero, que el Plan Colombia cada vez entregaba menos recursos al país, y segundo, que Hugo Chávez, al mismo tiempo que se armaba hasta los dientes, mantenía una relación complaciente, por decir lo menos, con las Farc.

La feliz coincidencia de intereses llevó a que Colombia y Estados Unidos se embarcaran en el nuevo acuerdo que suscitó, obviamente, desconfianza e indignación en los gobiernos del área. Uribe y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores trataron de tranquilizar a los países vecinos y, aunque al principio no tuvieron éxito y Colombia se vio bastante aislada, después de tres cumbres han logrado que se respete el acuerdo. Colombia se ha comprometido con los países de Unasur, y especialmente con Brasil, a que no habrá operaciones extraterritoriales. En otras palabras, que episodios como el bombardeo de Angostura, Ecuador, de marzo de 2008, no se repetirán. En ese contexto se han reconstruido las relaciones diplomáticas con Ecuador y se ha empezado a "coger por los cuernos" el problema de las Farc en ese país.

Con Chávez, en cambio, la desconfianza se ha profundizado. El venezolano se ha mostrado abiertamente hostil con Colombia y la crisis ha tenido graves consecuencias diplomáticas y económicas. Diplomáticas porque ambos países han puesto quejas ante Naciones Unidas y la OEA sobre muertes, detenidos, espionaje y decenas de incidentes en la frontera. Económicas porque hay un bloqueo de facto por parte del gobierno de Venezuela a los negocios entre los dos países que ha sido desastroso para el comercio. En Colombia la crisis ha costado hasta ahora unos 2.000 millones de dólares y el año entrante se perdería un punto del PIB.

Seguridad nacional

Al principio muchos interpretaron que Uribe aceptaba la instalación de las bases como una contraprestación a los gringos, y a cambio de que le firmaran el TLC. Sin embargo, cada vez parece más claro que es Colombia el más interesado en firmar el acuerdo y que lo hizo sin pedir mucho a cambio. Tanto es así, que mientras las bases causaron la peor crisis política entre los dos países, Washington actuó como un tercero neutral, invitando a las partes a dialogar, como si no estuviese involucrado.

La pregunta es por qué Uribe optó por instalar una bases que tienen una función simbólica, y pagar el costo económico que ha causado el bloqueo de Chávez, y el político del aislamiento regional.

Aunque Uribe ha dicho una y mil veces que las bases son para combatir a la guerrilla y el narcotráfico -y sin duda esto será crucial en inteligencia y operaciones conjuntas-, el propósito de fondo es disuadir a Chávez de expandir su proyecto revolucionario en Colombia no por la vía de un ataque militar, sino con una estrategia de desestabilización del país, por la vía de las Farc.

La tesis que predomina en el círculo de Uribe es que si no fuera por los vecinos, la anquilosada guerrilla que fundó Manuel Marulanda estaría dando sus últimos estertores. El gobierno cree que el problema no se limita a tener unas "fronteras porosas", como diagnosticaron hace años algunos analistas. Existe la convicción -basada, por lo demás, en evidencias- de que 'Raúl Reyes' vivía a sus anchas en Ecuador porque había funcionarios de rango ministerial que se lo permitían -lo dejó en evidencia la Comisión de la Verdad de ese país-; y que si Iván Márquez y Timochenco se mueven sin problema en Venezuela es porque reciben apoyo de Caracas, y quién sabe si del propio Palacio de Miraflores. El proyecto bolivariano de Chávez se ha convertido también en un oxígeno para la anacrónica y sangrienta guerrilla que hoy dirige Alfonso Cano, cuyos crímenes de guerra son ignorados, y hasta justificados en muchos sectores políticos de Venezuela.

En realidad, para Colombia, la posición del gobierno venezolano frente a la insurgencia se convirtió en un problema de seguridad nacional. Los militares tienen la convicción de que en el vecino país se les está ayudando a las Farc a conseguir armas, dinero y misiles tierra-aire, un elemento que, según el propio Cano, podría revertir la tendencia de derrota que viven las Farc, pues les daría la posibilidad de quebrar la ventaja estratégica del gobierno: la aviación.

Sin embargo, si Venezuela se ha convertido en un soporte para las Farc es algo que sólo se podrá ver en los años por venir, porque por lo menos en 2009, lo que imperó en el campo de batalla fueron otras dinámicas.

El más reciente informe de la Corporación Nuevo Arco Iris demuestra que la mayoría de las acciones militares de las Farc son la instalación de minas antipersona, y el uso de francotiradores. Armas muy letales, pero absolutamente defensivas, que no requieren mayores capacidades de combate, ni mucho menos apoyo de Chávez, puesto que son armas fabricadas artesanalmente. Los insurgentes impactaron este año con una decena de emboscadas, algunas de gran magnitud, en zonas como Cauca, pero no se pueden considerar todavía como una retoma de la iniciativa militar. Y también fueron golpeados. Personajes como 'Patemala' y 'Jerónimo' son importantes mandos medios que cayeron en combate, y un ataque al campamento de 'Jhon 40' en Meta, así como la captura del 'Negro Antonio' en Cundinamarca detuvieron los planes de las Farc de volver a rodear a Bogotá.

Sin embargo, tal como los señaló Nuevo Arco Iris, la seguridad democrática tocó techo. Pero no porque haya fracasado, sino porque siete años después de que se puso en marcha, los problemas y desafíos son otros. Y los virajes en la política de seguridad no se han hecho notar. Hace un año la pregunta que muchos se hacían era si el gobierno de Uribe, cabalgando sobre sus asombrosos triunfos militares de 2008, sería capaz de plantear un desenlace aceptable del conflicto con las Farc o si, al final del camino, se empantanaría en la resolución del mismo.

La almendra de la Seguridad Democrática ha sido la lucha contra las Farc y su columna vertebral es recuperar el control de los territorios que dominaba la insurgencia y construir allí la legitimidad del Estado. El balance es positivo en la mayor parte de los lugares estratégicos donde la guerrilla tenía fuerte poder hace más de un lustro, tales como Cundinamarca, Antioquia y la Costa. En otros como Tolima, Meta y Caquetá, no ha desaparecido, pero ya no gobierna. Y su presencia sigue siendo fuerte, o se ha incrementado en Cauca, Guaviare, Arauca y Nariño. La tendencia general es que las Farc han dejado de tener gran influencia en zonas muy pobladas e importantes para la economía y la política, y se han mantenido intactas en zonas periféricas de poca incidencia, pero cruciales para el proyecto de Nación, como la Amazonia.

El gobierno parece haber optado no por una rápida solución del conflicto, sino por una estrategia de contención de largo plazo a las Farc. Empujarlas a la marginalidad, volverlas irrelevantes y liquidarlas como proyecto político, con un Plan de Consolidación en zonas de su retaguardia. El problema es que dicha estrategia requiere mantener un Ejército de 300.000 hombres, y 5 puntos del PIB cada año. Aun así, miradas las cifras, este es un año en que los logros de las Fuerzas Armadas no son tan evidentes, y las Farc marcaron un repunte que, por lo menos en cifras, es preocupante.

Por la legitimidad

Pero si la Seguridad Democrática logró el control del territorio, ha tenido mayores problemas en la construcción de la legitimidad. Tal como previeron muchos observadores hace más de cuatro años, un sector importante de los grupos paramilitares se recicló como bandas de pistoleros al servicio de las mafias y el narcotráfico.

Lo que parecía un proceso normal de posconflicto que se podía contener con una política criminal oportuna y adecuada, se ha salido de madre y tiene en jaque a varias regiones como Córdoba, Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico y el Valle de Aburrá. Personajes como 'Cuchillo' y el 'Loco Barrera' en los Llanos Orientales, la Oficina de Envigado y 'Comba' han demostrado que el Estado no ha recuperado el monopolio de la fuerza y, por el contrario, que estos grupos ejercen un fuerte influjo corruptor en las instituciones públicas. Fuentes como la OEA admiten que hay presencia de bandas emergentes en cerca de 150 municipios, mientras Nuevo Arco Iris cree que hacen presencia en el doble. En lo que todos coinciden es en que el asunto es grave. Consecuencia de ello es el incremento de los homicidios en varias ciudades (ver recuadro). El panorama completo de la violencia asociada al narcotráfico es desolador y demuestra, una vez más, que la lucha contra las drogas requiere un replanteamiento urgente.

Por eso cuando todo el mundo esperaba que parte de los recursos económicos y humanos destinados a la guerra contra las Farc se orientaría a reforzar a la Policía y la Justicia, y que se pasaría a tener en muchas regiones ya no un conflicto armado sino unos problemas de seguridad ciudadana, y de crimen organizado, en realidad lo que ocurrió es que Colombia empezó a embarcarse en la hipótesis de la defensa nacional, y sus recursos del impuesto al patrimonio se orientaron preferiblemente en ese sentido: aviones de combate, reforzamiento de buques de la Armada, tanques de guerra, plataformas de inteligencia y obuses, entre otros.

Así las cosas, 2009 resultó ser un año gris en cuanto la lucha contra las Farc; preocupante frente a las bandas criminales que son un potro desbocado, y lleno de luces y sombras en el terreno internacional. A pesar de que se reconstruyó la malograda relación con Ecuador, y se fortalecieron lazos con Estados Unidos, también se abrió un escenario inédito en la historia reciente: la posibilidad de un enfrentamiento con un país vecino, por cuenta de las Farc.