En la región en la que se levantará la central, en unas 8.000 hectáreas y que toca jurisdicción de varios municipios del departamento, fueron apostados varios grupos del Esmad de la Policía.

 

Los manifestantes, campesinos de la región, apoyados por estudiantes de la Universidad Surcolombiana de Neiva y que llegaron al sitio conocido como el puente del paso El Colegio, se enfrentaron con piedras al escuadrón policial que recurrió a los gases lacrimógenos. 

Adicionalmente, entre 80 y 90 campesinos, hacia le mediodía del sábado, ocuparon el tunel por el cual correrán las aguas del río desviado, lo que complica la situación de orden público.

 

La central de El Quimbo se alimentará del río Magdalena y será la hidroeléctrica más importante de Endesa en Latinoamérica, tras la de Ralco, en Chile. 

Los opositores al proyecto, según señaló el sábado el ministro de Minas de Colombia Mauricio Cárdenas, "llegaron a última hora" y añadió que "muchas de sus motivaciones son mas de carácter político". 

Cárdenas explicó a periodistas que el Gobierno "trató de dialogar con todos estos sectores. Buscó los espacios para la concertación, pero sistemáticamente estos grupos se opusieron al diálogo". 

Las autoridades mantienen cordones de seguridad en varios accesos al puente de El Colegio para evitar una mayor concentración de opositores de los habitantes de la región y grupos sociales y ambientales en contra del proyecto. 

El 14 de febrero pasado, la Policía tuvo que desalojar a varios grupos de campesinos en la localidad de Domingo Arias, y quienes trataron de impedir las obras necesarias para el desvío del río. 

Los grupos que protestan señala que las autoridades ambientales no han evaluado el real impacto del gigantesco proyecto y hace pocos días la viceministra de Ambiente colombiana, Adriana Soto, explicó que la licencia se otorgó con conocimiento y con responsabilidad. 

"Si la autoridad considera que la desviación del río Magdalena se puede hacer, para tener despejada la zona donde se construirá el dique de la represa de El Quimbo, es porque tomaron todas las consideraciones técnicas del caso", afirmó Soto. 

Añadió que Emgesa dispuso de 143 millones de dólares, es decir el 17% del presupuesto total del proyecto para gestión socio-ambiental y la compra de unas 18.562 mil hectáreas para compensación forestal. 

Otras causa de la protesta es que los dueños de las tierras buscan un replanteamiento de los precios de sus predios. 

Los cálculos de los constructores indican que esta central será operativa en diciembre de 2014, tendrá una potencia de 400 megavatios, y generará 2.216 gigavatios hora al año, suficientes para cubrir el 4 por ciento de la demanda energética colombiana.

 

Manifestación mundial el viernes

 

Diferentes grupos ambientalistas y otras ONG organizaron durante este viernes varias protestas en diferentes puntos del país y del extranjero. Su principal consigna es mostrar el inconformismo por el desvío que sufrirá el río Magdalena en el área rural del municipio de Paicol, en Huila.

Las manifestaciones en contra de El Quimbo se escucharon también en Roma en la sede principal de la multinacional Enel, propietaria de Endesa, empresa edificadora de la hidroeléctrica. También hubo marcha en Londres y en algunas ciudades de Estados Unidos, como Miami y Nueva York.

Bladimir Sánchez, uno de los líderes de la región y el realizador de “El video que el Gobierno no quiere que veamos”, reportaje que sacó a la luz imágenes del desalojo que se produjo días atrás, asegura que las marchas continuarán durante los próximos tres días en Huila, en los municipios de Gigante y Garzón. 

“Hay preocupación porque en las manifestaciones que se van a dar en estos tres días se puedan repetir imágenes como las que se vieron en el video”, dice Sánchez.

Por su parte, el senador del PoloJorge Robledo se sumó a las protestas contra este proyecto y aseguró que "como quedó demostrado en el video que circuló por todo el mundo, la trasnacional Emgesa y el gobierno de Juan Manuel Santos son responsables del atropello contra los pobladores en el que resultaron siete personas heridas".

 

Robledo le pidió al ministro de medio ambiente, Frank Pearl, revisar si la empresa italo española ha cumplido con la licencia ambiental y pidió no reprimir la protesta pacífica.

La construcción de la hidroeléctrica compromete los terrenos de seis municipios: Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Tesalia y Paicol, en un terreno de 8.500 hectáreas y una inversión de 830 millones de dólares. Estas poblaciones recibirán, según el Gobierno Nacional, 6.000 millones de pesos por regalías al año.