En estos días la discusión central en la prensa y en los corrillos políticos es la caída de Santos en las encuestas, y la pregunta más insistente es qué está haciendo mal el presidente o en qué ha fracasado hasta el momento para que la opinión lo trate con tanta severidad. Escojo tres puntos principales:

No ha podido sacar al país de la preocupación por la seguridad para llevarlo a la agenda de cambios económicos y reformas sociales; no ha logrado armar un tinglado institucional para desatar la ejecución de sus políticas y programas e imponer un estilo menos personalista en la conducción del Estado; y no ha sabido responder a la oposición de la derecha.

Santos supo –quizás en el momento de la crisis de su campaña, quizás en los primeros días de gobierno– que su misión principal era conquistar al país para temas distintos a la seguridad. Supo que si el conflicto y el miedo seguían eligiendo presidentes y determinando la política nacional dependería para siempre de Uribe. Tenía que trazar un camino distinto. Tenía que continuar el asedio a las guerrillas y mantener la sensación de seguridad, pero su apuesta fundamental sería la reconciliación y algunos cambios económicos y sociales. Así lo dejó ver desde el discurso de posesión.

No ha podido. Los hechos de violencia no registran una tendencia distinta a la de los dos últimos años de Uribe, pero la percepción de inseguridad aumenta y las voces críticas se multiplican. Es un clima extraño. Los eventos de las guerrillas y de las bandas criminales tienen ahora una resonancia especial y las victorias del Estado sobre estas fuerzas se esfuman rápidamente.

No menos grave es la impresionante incapacidad para invertir los recursos y para hacerlo con transparencia. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, lo reconoce en forma dramática. “Tengo disponibles en el Banco de la República 24 billones de pesos para girar y pagar”, dice en la entrevista a Yamid Amat; y más adelante agrega: “La plata está disponible y no se ejecuta; estamos llenos de procedimientos, de procesos y de trabas. Hay una dinámica de miedo burocrático que es natural porque hay que cuidar los recursos”.

Y al lado de los episodios de violencia y de los cuellos de botella en la ejecución está la lluvia de ataques del expresidente Uribe y de su entorno político y empresarial que han sido tan perversos como certeros. Uribe ha logrado que la opinión le atribuya a Santos el descuido que ha permitido la reactivación de las guerrillas y la reorganización de las bandas criminales, cuando ese proceso empezó en el 2008, en pleno auge de la seguridad democrática, en el momento en que el anterior gobierno proclamó que estábamos en el fin del fin de la insurgencia y en la desaparición definitiva de los paramilitares y enceguecido con esa idea no vio, o no quiso ver, que abajo se estaba gestando un nuevo ciclo de violencias.

Santos está en su hora definitiva y su salvación es una fuga hacia adelante, con una apuesta aún más dura de diferenciación con Uribe. Si es cierto, como todo el mundo cree, que se está avanzando en conversaciones discretas con la guerrilla, es urgente pactar allí y hacer público un cese al fuego verificable como punto de partida de unas negociaciones de paz. Les sirve a las dos partes para quitarle argumentos y aislar a la ultraderecha. Le sirve a la Fuerza Pública porque puede concentrar mayores esfuerzos en el combate a las bandas criminales y al narcotráfico. Le sirve al país porque se crearía un ambiente muy favorable para trancar la desaceleración de la economía y echar a andar de verdad la atención a las víctimas, la restitución de tierras y las reformas sociales.

Sería una apuesta audaz, pero insuficiente. Más importante aún es que el presidente se ponga al frente de la ejecución de los programas y las obras ambiciosas que le ha prometido al país y deseche la tentación de ir de pueblo en pueblo intentando copiar inútilmente el populismo y el caudillismo de Uribe. Destrabar la ejecución es lo que necesita Colombia.