Varias bandas criminales se vienen lucrando de sendas conexiones ilegales de agua hechas en diversas terminales de buses de la ciudad. El problema es de tal magnitud que en Empresas Públicas de Medellín (EPM), prestadora de este servicio en la ciudad, califican la situación como “de gran impacto social con alto riesgo de violencia”.

Un ejemplo de ese fenómeno se puede observar fácilmente en la carrera 9A con calle 55, barrio Las Estancias, en las laderas orientales de la capital antioqueña. Un grupo de jóvenes, al parecer desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), custodia cuatro mangueras conectadas de manera ilegal al sistema de acueducto que son empleadas para lavar buses y taxis.

“El control del negocio lo tiene un muchacho conocido con el alias de Carajo, lo protegen algunos desmovilizados de las Auc y otros que no lo son, y tienen a su servicio por lo menos 25 jóvenes que lavan los vehículos entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche”, relata un habitante del sector.

El negocio es redondo: por cada bus lavado se reciben 22 mil pesos, a cada joven le dan entre 1.500 y 2.000 pesos; el resto del dinero le queda al “jefe”, es decir, a quien tiene el control barrial. Se calcula que en ese pequeño barrio de la comuna 8 se lavan a diario 45 vehículos. Parte de los recursos producidos se invierten en nuevas armas para fortalecer las bandas.

Denuncias hechas recientemente ante la Mesa Municipal de Derechos Humanos, un espacio donde confluyen la Personería de Medellín y diversas entidades no gubernamentales, hablan de ese mismo negocio en otros sectores de la ciudad, entre ellos en los barrios Manrique y Aranjuez, zona nororiental de la ciudad.

Este es uno de los más complejos que debe atender la Dirección de Aguas de EPM. Allí, fuentes consultadas, que solicitaron la reserva del nombre, admitieron el fenómeno y la gravedad que representa.

“Es un problema de un gran impacto social con alto riesgo de violencia”, asevera un funcionario y explica que cada vez que visitan un lugar para intentar cortar el suministro de agua, “lo que nos pasa es que casi el 100 por ciento de las veces sale el grupo armado y no deja hacer ninguna actividad”.

De acuerdo con aquellos que tienen que enfrentarse al problema de manera cotidiana, las zonas donde encuentran mayor resistencia y agresividad se concentran en las laderas de las comunas noroccidental y nororiental. “Pero tenemos casos complicados como el de la Plaza de la América, donde hemos ido infinidad de veces y no hemos podido solucionar nada”, admite el funcionario.

Aunque se tiene la posibilidad técnica de cortar el suministro de agua, EPM no puede hacer nada: “¿quién la corta cuando te salen unos muchachos armados y te advierten que no se puede hacer? La intención no es poner en riesgo a nuestros empleados”, precisa. Y agrega que también es imposible hacer algún tipo de pago: “¿a quién le vamos a cobrar?”.

EPM no tiene una cifra precisa sobre la cantidad de agua que se desperdicia a través de este tipo de conexiones ilegales; el consumo por este tipo de ilícitos hace parte de las pérdidas globales de la empresa. Al sistema de acueducto de Medellín le entran anualmente 300 millones de metros cúbicos, de los cuales no se factura el 35 por ciento por diversas razones, entre ellas el contrabando, las fugas, los errores en la medición y el consumo operativo.

Lo ideal para determinar cuánta agua se deja de facturar, reconoce el funcionario, sería colocar medidores en aquellos puntos donde hay conexiones fraudulentas, pero es una decisión paradójica, “pues al hacerlo podría entenderse como una legalización”, señala, lo que en palabras simples sería medir la cantidad de agua que se roban.

Si bien el tema es reconocido por EPM, los transportadores urbanos de transporte público masivo de la ciudad asociados a la Corporación de Transportadores Urbanos de Medellín (CTU) dicen no tener reportes oficiales.

El negocio es redondo: por cada bus lavado se reciben 22 mil pesos, a cada joven le dan entre 1.500 y 2.000 pesos; el resto del dinero le queda a quien tiene el control barrial. Parte de los recursos producidos se invierten en nuevas armas para fortalecer las bandas.

Efraín Galeano Luján, presidente de la CTU e integrante de la Mesa de Transporte de Medellín, explica que quienes alistan los vehículos de servicio público son gente que vive alrededor de las terminales de buses e independientes a las empresas de transporte.

“Los mecanismos que ellos utilizan ni los regulamos, ni los fomentamos, ni los restringimos. Ellos nos alistan los vehículos a cambio de una contraprestación. Si hay contrabando de agua eso no es del control nuestro”, precisa el empresario.

El problema no solo es de EPM. En las calles de la ciudad, el lavado de carros, tanto de servicio público como privado, no está permitido por las normas que regulan el tránsito y transporte, pero los guardas se cuidan de no intervenir en este tipo de lavaderos barriales, pues detrás de un comparendo podría generarse una situación de inseguridad que nadie está dispuesto a afrontar.

Las soluciones a este riesgoso problema exigirían la coordinación de varias instituciones: EPM, la Alcaldía y la Oficina de Tránsito y Transporte desde una perspectiva más social. Pero mientras se construyen soluciones de este tipo, y dado el riesgo que implica una intervención drástica como el corte de agua, la empresa de servicios ha optado por realizar intervenciones sociales puntuales.

“El propósito es acercarnos a los muchachos y advertirles que esas conexiones son ilegales; si persisten, les decimos que por favor ahorren agua, que no la desperdicien”, explica el funcionario de EPM. En algunos casos, han entregado llaves para controlar la pérdida de agua, pero ha sido infructuosa la solución porque en pocos días las dañan, las pierden o las venden.

No obstante, ya se han logrado acuerdos básicos en algunos sectores, entre ellos en Belén Aguas Frías, occidente de la ciudad, donde hay regulación de la explotación ilegal del agua a través de un medidor y los convencieron de evitar el desperdicio.

El tratamiento a este problema no deja de ser polémico: de un lado refleja cierta impotencia frente al poder de las bandas criminales; de otro, contrasta con el drama que viven miles de ciudadanos que no reciben el líquido por problemas económicos. A finales de julio, se reportaron 60.000 instalaciones residenciales desconectadas del sistema de acueducto por falta de pago, afectando a miles de personas de escasos recursos económicos.