La funcionaria le ha devuelto a la Contraloría un papel protagónico en la lucha contra la corrupción. Mientras el Consejo de Estado estudia una demanda que busca tumbar su elección, sus decisiones le han granjeado fuertes enemigos.
Sandra
Morelli ha dado muestra de un talante avezado como pocos que hayan dirigido la
Contraloría General de la República. Una de las muestras más recientes de
audacia se presentó con la decisión de adelantar un juicio fiscal contra 23
magistrados (entre auxiliares y titulares) por el posible detrimento
patrimonial al Estado producto del aumento de las pensiones de 14
exfuncionarios de la Justicia.
Al abrir
investigaciones a los magistrados y reclamar la competencia para hacerlo, la
funcionaria se enfrentó a dos instituciones poderosas. Por un lado a un sector
de la Rama Judicial que ve con recelo la posibilidad de terminar investigado
por el ente de control y, por el otro, a la Comisión de Acusaciones, famosa por
su falta de decisiones en los procesos, que arguye una usurpación de sus
competencias constitucionales.
El pulso
por quién debe investigar a los magistrados conti-nuó hasta hace dos semanas
cuando la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura les dio la
razón a los congresistas. El fallo del alto tribunal ordenó trasladar la
investigación por el polémico carrusel de las pensiones de la Rama Judicial a
la comisión parlamentaria. Ante esta sentencia, Morelli pateó el tablero.
Anunció que no investigaría a funcionarios aforados hasta que no se aclare si
esa es su competencia.
Con esta
reacción dio a entender que estaba maniatada para investigar a otros personajes
como el exministro Andrés Felipe Arias por el manejo de los subsidios del
controversial programa Agro Ingreso Seguro, o al exgobernador de Antioquia Luis
Alfredo Ramos por el manejo de los recursos del departamento durante su
gestión. Además, aseguró que el paso de la investigación a esa célula
legislativa era prácticamente una decisión "absolutoria".
Así
consiguió el apoyo de sectores de opinión que se preguntan a la Justicia quién
la ronda, y rechazan las pensiones inmerecidas en una sociedad caracterizada
por la inequidad. También prevalece en el ambiente la idea de que lo más probable
es que la investigación a los magistrados duerma el sueño de los justos y
ratifica que hay poderes 'intocables'. Con su paso al costado, Morelli envió el
mensaje de que, en últimas, la víctima es la Justicia.
Pero
esta no es la primera vez que la contralora toma decisiones audaces. Tan pronto
llegó a la entidad denunció a su antecesor por despilfarro. Su cruzada contra
la corrupción siguió con la investigación contra las entidades territoriales y
funcionarios del Ministerio de Hacienda por la presunta falta de controles en
la aprobación de las vigencias futuras. Su posición, que al comienzo causó
desconcierto entre funcionarios del Ejecutivo, obligó al Congreso a reglamentar
esta figura para permitir el endeudamiento de los municipios.
Después
vino el capítulo Bogotá. Morelli ordenó embargar las cuentas del entonces
alcalde Samuel Moreno y de su predecesor Luis Eduardo Garzón, que hacían parte
de la lista de investigados por su responsabilidad fiscal en la contratación.
Y, después, suspendió de sus funciones en el cargo al entonces director del
cuestionado IDU, Néstor Eugenio Martínez, por demorarse en entregar reportes
sobre el desarrollo de la Fase III de TransMilenio en la calle 26.
En su
paso por la entidad ha suspendido a tres gobernadores y varios exgobernadores
están bajo su lupa. A finales de 2010 Morelli pidió la suspensión del entonces
gobernador del Magdalena, Omar Díazgranados, por los sobrecostos en la compra
de unos kits escolares. El cálculo del detrimento patrimonial por las irregularidades
de ese caso fue de 2.500 millones de pesos y Díazgranados terminó sancionado
por la Procuraduría con una inhabilidad de 15 años para ocupar cargos públicos.
A dos
meses de la elección de alcaldes y gobernadores, en agosto de 2011, pidió
suspender al entonces gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, por las
rebajas que hizo la Empresa Departamental para la Salud a las transferencias
que debía aportar la empresa de chance Susuerte. La investigación también
terminó en la inhabilidad de diez años del exmandatario.
Y el
caso más reciente fue el del recién posesionado gobernador del Valle, Héctor
Fabio Useche, que fue sancionado fiscalmente por el detrimento patrimonial del
departamento producto de la firma de varios contratos cuando él fue secretario
de Salud del cuestionado Juan Carlos Abadía. Por ahora, la sanción contra
Useche va en una multa por 2.000 millones de pesos.
Morelli
también ha hecho varios controles de advertencia a empresas responsables de
transporte masivo en varias ciudades, entidades encargadas de ejecutar
presupuestos para mitigar el invierno, mineras y hasta a Ecopetrol por la falta
de mantenimiento de los oleoductos. En la última semana no se escaparon los
Ministerios de Trabajo y Hacienda, a los que les advirtió que debían tomar
decisiones para evitar que la deuda pensional comprometa al patrimonio del
Estado.
La
cruzada contra la corrupción emprendida por Morelli ha sido apoyada por gran
parte de la institucionalidad. Al comienzo de su gestión, la entonces fiscal,
Viviane Morales; el procurador, Alejandro Ordóñez, y el propio gobierno se
unieron en esa causa. Y el activismo de su gestión ha sido celebrado por
analistas y columnistas.
Atrás
quedaron los días en los que el fallecido congresista Víctor Renán Barco
llamaba a hacer una enmienda constitucional para que el periodo de los
contralores pasara de cuatro a ocho años: "Cuatro años en el ejercicio de
sus funciones de máximo fiscalizador y los otros cuatro purgando las penas que
le impongan los jueces por sus turbios manejos en el desempeño de las
mismas". En la lista de contralores no faltan los que fueron a parar a la
cárcel, como Julio Enrique Escallón, Aníbal Martínez y Manuel Francisco
Becerra. El ente de control hoy en día goza de una buena imagen. En febrero
pasado, en la encuesta bimestral de Gallup, la Contraloría sigue registrando un
alto índice de favorabilidad (el 67 por ciento) al lado de instituciones como
la Corte Constitucional y la Fiscalía.
Sin
embargo, hay quienes consideran que la estrategia de abrir muchos frentes
somete a Morelli a un riesgo muy alto. Y por eso en el mundo político, en el
que las posiciones cambian a conveniencia, hay quienes la quieren frenar. La
contralora ha tenido otras actuaciones que han dejado ver su carácter
impulsivo, como cuando se enfrentó con el ministro de Hacienda, Juan Carlos
Echeverry, por las partidas para ampliar la nómina de la entidad para vigilar
las regalías. En el caso de la investigación por las pensiones de los
magistrados ya el procurador ha pedido mesura. Hay quienes consideran que ni
son todos los que están ni están todos los que son. "¿Por qué la
Contraloría no investiga el carrusel de la Procuraduría?", se preguntó el
columnista Ramiro Bejarano.Y no faltan los críticos que consideran que a la
contralora la asiste un afán de protagonismo y que se está convirtiendo una
especie de Savonarola que no deja títere con cabeza.
Aunque
ha mostrado que no les teme a los corruptos, la apuesta de la contralora ha
sido arriesgada, pues ha tocado poderes tanto nacionales como regionales, que
no están cómodos con sus actuaciones. Y sus adversarios están a la espera de
que se equivoque en cualquiera de sus movimientos para bloquearla, pues el
grupo de funcionarios que ha caído en su radar es amplio. "Cuando se
quiere combatir la corrupción hay que hacerlo estratégicamente, identificar los
frentes más importantes y actuar. Pero abrir muchos al tiempo es un error de
cálculo", explicó el analista político Fernando Giraldo.
Ante el
inminente fallo del Consejo de Estado, que estudia una demanda contra su
elección por su presunta falta de cumplimiento de los requisitos legales para
ocupar el cargo, y más allá de lo que opinen sus críticos, sería lastimoso que
la Contraloría siguiera el camino de interinidad que agobió a la Fiscalía por
tres años.
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