Hace un año el Congreso de la República aprobó con ‘bombos y platillos’ la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, una iniciativa que buscaba, entre otras, atajar los excesos de los organismos de inteligencia del Estado, que desencadenaron en graves escándalos como las interceptaciones y seguimientos ilegales desde el DAS, o los ‘falsos positivos’ cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.

Dicha Ley fue de los pocos proyectos que en el pasado periodo legislativo contó con el pleno consenso de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso. Fue liderada por el Partido Liberal, en ese entonces de oposición, y acogida sin mayores reparos por los que conformaban la coalición de gobierno. 

Entre otras, esta Ley redefinía los conceptos de inteligencia y contrainteligencia; subrayaba la misión de protección a los derechos humanos por parte de los organismos encargados de estas labores, a los cuales les obligaba a desarrollar un plan estratégico anual; también estableció una comisión conjunta, presidida por el Ministerio de Defensa, para articular y coordinar todas las entidades con funciones de inteligencia. 

Pero entre los mayores alcances, la Ley le dio dientes y herramientas al Congreso de la República para ejercer control a los organismos que tienen la misión de la inteligencia. Entre otros, la vigilancia de los gastos reservados y la presencia periódica en la comisión conjunta. 

Sin embargo, y pese a que la Ley hace un año fue sancionada por el Presidente de la República, el Congreso aún no ejerce las funciones que le otorgó la legislación. 

La razón, las comisiones segundas de Senado y Cámara aún no han sido convocadas para la elección de los miembros de la comisión permanente que estableció la Ley para hacer el control político a la inteligencia del Estado colombiano. 

Según la Ley, el Congreso debe elegir esa comisión, integrada por seis miembros: tres senadores y tres representantes, de los que, mínimo, dos tienen que pertenecer a partidos políticos de oposición y minorías. 

Pero en un año el Congreso no ha nombrado esa comisión. Por eso, el senador Juan Manuel Galán (Partido Liberal), uno de los autores de la Ley, le pidió públicamente al presidente del Congreso, Armando Benedetti, que entre sus primeras decisiones convoque la escogencia de esta comisión. 

Galán dice que la Ley se está aplicando en todo lo que relaciona al Ejecutivo, pero en el componente del control parlamentario la norma está sin reglamentar. “Todos los congresos del mundo, que tienen legislación al respecto, como Chile, Argentina, España y Estados Unidos, por ejemplo, tienen una comisión en el parlamento dedicada a hacerle control político a la inteligencia”. 

El senador dice que las razones por las que la Ley no se ha reglamentado son un misterio. “Quisiera pensar que es más una especie de negligencia en el Congreso, y que no hay nada oscuro en el tema. Pero es fundamental ejercer el control político de inmediato, sobre todo después de los escándalos que por abuso de poder detectaron un vacío jurídico de los organismos de inteligencia”. 

Lo cierto es que en la agenda del último semestre no hubo citaciones de las comisiones segundas para la escogencia de los seis miembros que conformarán la comisión permanente. 

Un representante a la Cámara, que pidió la reserva de su identidad, le dijo a Semana.com que, por no haber ningún antecedente en el Congreso, los parlamentarios puedan tener “reservas” de conformar esta comisión. “No está claro si quienes la integren tengan vigilancia adicional, o incluso, estén sujetos a perder privacidad ante esas nuevas funciones”. 

El presidente del Congreso, Armando Benedetti, respondió públicamente a la inquietud de los autores de la Ley y aseguró que como próximo miembro de la comisión segunda del Senado estará atento a que el Legislativo empiece a hacer el control político y ejerza las funciones que le obliga la nueva Ley. 

El objetivo es que en este periodo el Congreso tenga acceso periódico a la Junta de Inteligencia Conjunta y al informe de gastos reservados para verificar que los fondos que apruebe el Congreso para la materia, efectivamente, se ejecutan para perseguir la delincuencia y las amenazas del Estado, una función que ha debido ejercer desde hace un año y que será uno de los retos del Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio.