El próximo lunes, el presidente Juan Manuel Santos presentará la que quizás es la última de sus prioridades del semestre: la política integral de seguridad ciudadana.
Se trata de la estrategia con la que el Gobierno pretende enfrentar la delincuencia en las ciudades y la amenaza de las bandas criminales. Es el complemento de la política de seguridad democrática.
Esta política tiene dos componentes: uno operativo, donde prevalecerá la inteligencia en la lucha por desarticular las bandas criminales. El otro, jurídico, con el que se busca otorgar mayores herramientas jurídicas a las autoridades judiciales, para penalizar los principales delitos que se han convertido en amenaza a la seguridad urbana.
Este componente se presentará ante el Congreso. Un proyecto de ley pretende reformar el actual Código penal y el de procedimiento penal, con el propósito de castigar conductas frecuentes de las bandas criminales y garantizar la acción de la Fiscalía, la Policía judicial y los propios jueces, para penalizar los crímenes.
Este proyecto de ley, que será presentado por el presidente Juan Manuel Santos en un acto público en el distrito de Aguablanca de Cali, propone incrementar penas, tipificar nuevos delitos y eliminar las actuales restricciones para las autoridades judiciales, como por ejemplo, la imposibilidad de hacer allanamientos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.
Semana.com conoció las principales reformas al Código penal que están incluidas en la política integral de seguridad ciudadana y que serán discutidas en el Congreso.
Los jueces nacionales
La competencia de los jueces de control de garantías –los encargados de legalizar capturas y allanamientos, así como de proferir medidas de aseguramiento– será nacional.
El propósito de esta reforma es evitar la presión de bandas criminales sobre jueces, especialmente en regiones o ciudades periféricas.
Mayores términos para fiscales
Las investigaciones de los procesos tendrán un término de 18 meses en casos complejos o en los que haya más de tres imputados.
Mientras tanto, el término para la acusación ante el juez, que hoy es de 30 días, se amplía a 60 ó 90.
Esta reforma pretende ampliar los términos para los fiscales y evitar las frecuentes estrategias de abogados para el vencimiento de términos.
Ampliación de términos para operativos judiciales
La legalización de incautación, que actualmente sólo se puede hacer en un término de 36 horas, se ampliará a 30 días.
Se eliminan los términos cerrados para la vigencia de órdenes de captura, de registro y de seguimientos. Su vigencia será material y no temporal
También aumenta el término de vigencia de las interceptaciones con orden judicial. Hoy, las autoridades sólo pueden interceptar comunicaciones en un término de tres meses. La reforma busca ampliarlo a seis meses.
Los allanamientos se podrán hacer a cualquier hora del día, y no entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, una condición que recientemente permitió que una juez diera libertad a miembros de una organización que suministraba armas del Ejército a organizaciones ilegales.
También se reducirán los beneficios de rebaja del 50 por ciento de la pena para quienes acepten cargos tras ser detenidos en flagrancia. Estos beneficios han permitido a muchos delincuentes tener detención domiciliaria.
Unificación de órdenes de captura
Se instrumentará el Sistema Nacional de salvoconductos y órdenes de captura, con el propósito de que todas las autoridades de policía judicial puedan disponer de esta información en el momento de la captura.
Se crearán dos nuevos delitos
El primero es el de pertenencia a bandas criminales y tendría penas similares a las del concierto para delinquir.
La razón, la dificultad que hay actualmente para imputar a miembros de estas organizaciones el delito de concierto para delinquir. Según el fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, el concierto, o la asociación criminal, es un concepto “intangible” que no se puede probar con las solas evidencias que suponen la flagrancia.
El segundo delito que se crea es el de fabricación, tráfico y porte ilegal de partes sustanciales de armas o de armas de fabricación artesanal.
Ampliación de conductas punitivas
Se adiciona el delito de favorecimiento de fuga del capturado, que hoy opera sólo para quienes favorezcan la fuga de personas con medida de aseguramiento o una sentencia condenatoria. Sería una de las fórmulas para evitar la fuga de detenidos antes de que el juez defina su situación jurídica.
También se modifica el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y el de tráfico de insumos, con ellos se incluirían sustancias como la efedrina, seudoefedrina y drogas sintéticas, que son el principal componente del negocio del microtráfico de estupefacientes en las ciudades.
Aumento de penas
Se incrementarán las penas a tres delitos en particular. A la simulación de investidura o cargo, que pasará de multa a pena de prisión; al delito de usurpación y abuso de funciones públicas, que tendrá una pena de cuatro a ocho años de prisión (antes era de dos a cuatro años y era excarcelable), y también se incrementarán las penas para los homicidios y las lesiones contra funcionarios.
Reforma al Código de Policía
El propósito del Gobierno también es actualizar el Código de Policía vigente, que, a juicio del Ejecutivo, “ha quedado obsoleto”. Si el Congreso lo aprueba, se unificará la legislación policial en un solo cuerpo y las multas establecidas quedarán actualizadas en salarios mínimos legales vigentes.
Esta política fue desarrollada desde varios meses atrás y contó no sólo con el concurso de las instituciones del Estado, sino con los alcaldes de las principales ciudades del país.
Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el propósito es “fortalecer los mecanismos de articulación entre las autoridades locales, la rama judicial, la Fiscalía y las autoridades de policía judicial”.
