"La Constitución aprobada tiene menos valor que papel higiénico usado". Las palabras son del ex presidente Jorge Quiroga, al reaccionar a un proyecto de Carta Magna aprobada en Bolivia por el oficialismo de Evo Morales, que en un acto rocambolesco reunió a sus miembros en la Asamblea Constituyente en un liceo militar de Sucre y aprobó en primera instancia un texto de 408 artículos que no había sido discutido en los 15 meses que sesionó ese foro.

Las protestas por esta aprobación a la fuerza llevaron a dos jornadas de violencia en Sucre -sede de la Constituyente- que se zanjaron con tres muertos y con una movilización de seis de los nueve departamentos bolivianos, que se han convertido en la verdadera oposición para el mandatario indígena.

Pero Morales, lejos de arredrarse con la protesta, redobló la apuesta: en los tres días siguientes a la aprobación de ese texto lanzó una ofensiva, al anunciar su apoyo a ese proyecto de Constitución, la expropiación de 180.000 hectáreas al sur del país y promulgar una ley que les quita recursos a las gobernaciones, es decir, a sus opositores.

La respuesta de los seis departamentos opositores -que generan el 80 por ciento del PIB del país- fue un paro que se realizó el miércoles pasado, el anuncio de que se lanzarían en un proceso de "resistencia movilizada" (aunque sin explicar qué medidas concretas se tomarían) y a partir de esta semana varios de sus dirigentes comenzarán huelgas de hambre a lo largo del país.

Mientras tanto, los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que controlan la ingente riqueza gasífera, más toda la agroindustria y los recursos maderables, siguen trabajando en declarar de facto regímenes autonómicos para darse a sí mismos mayores facultades políticas y poder manejar sus recursos.

Los discursos de unos y otros han calado hondo en la población, que lentamente deriva en situaciones de odio entre 'cambas' (los llaneros) y 'collas' (andinos en su mayoría indígenas, con marcados tintes racistas).

En Santa Cruz, la capital económica de Bolivia, esta semana organizaciones de ultraderecha, como la llamada Juventud Cruceñista, atacaron los puestos de mercados de indígenas, contra quienes profirieron insultos racistas, mientras en la sierra aparecieron los 'Ponchos Rojos', una organización radical indígena que degolló perros para simbolizar lo que van a hacerles a los opositores de Evo.

"Creo que hemos llegado a un punto de no retorno pacífico. La única salida posible ahora nos va a costar una buena cantidad de muertos", dijo a SEMANA el analista independiente Diego Ayo. Habla -al igual que otros analistas- de una situación de 'empate catastrófico'- por una pelea que hay entre el poder político fuerte, encarnado en Evo Morales, y el poder económico de las regiones opositoras.

"Las viejas élites no terminan de morir y las nuevas élites no terminan de imponer", señala Ayo, quien indica sin embargo que "ese empate es absolutamente circunstancial" porque "el gobierno tiene todo para imponerse" y "lamentablemente tenemos algunos fundamentalistas de la lucha armada, algunos talibanes de las soluciones por la fuerza enquistados en el gobierno y dispuestos a que corra sangre y desempatar de una manera u otra".

"Ni toda la plata de todos los empresarios cruceños va a poder detener todo el montaje estatal, que de ñapa tiene recursos venezolanos. Estamos frente a un Goliat bien Goliat contra un David bien David", señala Ayo.

Para los opositores, la preocupación es que el gobierno de Evo ya no disimula su intención hegemónica. Ramón Loayza, máximo dirigente del oficialista partido MAS en la Constituyente, hablando sobre el proyecto de Carta Magna, ha dicho que "las mayorías tenemos derecho a gobernar en los próximos 100 años. Entonces el partido que gana va a manejar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial".

Eso queda plasmado en una Constitución, donde quedó establecido que el Presidente puede ser reelegido indefinidamente, mientras que el Congreso -hasta ahora bicameral y con un Senado dominado por la oposición- pasaría a ser unicameral y la justicia tendría dos fueros judiciales, el ordinario y el indígena originario.

Un cuarto poder sería el electoral, de cinco miembros, dos de ellos indígenas.

Una Constitución indigenista

El poder que la Constitución da a los indígenas preocupa a algunos analistas. En Bolivia, cinco millones de habitantes, sobre nueve que tiene el país, se consideran a sí mismos indígenas, que obtienen en la Carta Magna una serie de fueros, como territorios autónomos o una representatividad especial en las distintas elecciones.

"Es una Constitución racista porque viola el principio de la igualdad, que es el principio básico de la democracia. Otorga beneficios con base en criterios étnicos", dice el analista Juan Carlos Uruenda, quien ha sido caracterizado como opositor a Morales.

"Es una Constitución con una fuerte reivindicación indígena. Con una representación sobredimensionada de este grupo", dijo a SEMANA el analista independiente Carlos Cordero, quien considera que dentro del oficialismo se ha impuesto el ala dura "para sustituir una clase dominante por otra".

"Si los indígenas fueran minoritarios, los fueros los protegerían pero como son el 60 por ciento de la población, se comerán crudo al resto del país", expresa Cordero.

En la perspectiva del gobierno -y eso es algo en lo que también coinciden los observadores de la realidad boliviana-, las medidas que se implementan y la forma de hacerlo son consecuencias de oligarquías que están saboteando cualquier intento de cambio.

Eso puede ser particularmente cierto en lo relativo a la redistribución de tierras, un proyecto gubernamental que busca confiscar las tierras improductivas para entregarlas a campesinos. La medida, de hecho, fue aprobada en noviembre de 2006 y ante la resistencia de la oposición, no se ha implementado.

Las 180.000 hectáreas que fueron expropiadas por ley esta semana son una incógnita, pues no se conoce a quién o a quiénes pertenecen, y de cualquier modo están en Chuquisaca, un departamento que no forma parte del núcleo duro de la oposición y aún no ha generado debate.

En todo este panorama, los departamentos opositores, que se sienten cada vez menos escuchados y representados, siguen adelante con su proyecto autonómico, con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, como su cabeza visible.

Las autoridades se cuidan de manifestarse sobre secesiones, pero lo cierto es que cada vez hay más sectores que hablan de una Bolivia dividida en dos, y en Santa Cruz circulan rumores de que los empresarios han empezado a comprar armas, con lo que la idea de guerra civil empieza a rondar en los espíritus.

Una fuente que pidió reguardar el anonimato contó a SEMANA que en las Fuerzas Armadas hay inquietud por lo que ocurre. Sin tomar partido por uno u otro bando, el propósito militar es mantener la unidad del país, lo cual significa que no apoyarían una aventura de Santa Cruz y sus aliados para separarse.

El futuro cercano no se ve optimista. Ayo indica que no cree que el oficialismo "tenga la menor voluntad de negociar. Lo ha demostrado ya: está empezando a generar normas sin ningún consenso, convencido de que no se debe dialogar y que en todo caso no hay con quién dialogar".