En días pasados, en una reunión con su par de Honduras, Manuel Zelaya, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega dijo: “Quiero hacerle un llamado a nuestro querido hermano, el comandante Manuel Marulanda, en nombre de los revolucionarios latinoamericanos para que libere a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt”. En esa reunión, también advirtió del riesgo de que asesinen a Betancourt y que culpen a la guerrilla. Así mostró una familiaridad con el grupo insurgente, que preocupa al gobierno colombiano.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araujo, respondió el pasado viernes con un enérgico comunicado en el que le hizo un llamado al primer mandatario del país centroamericano para que respete el pacto de no injerencia en los asuntos internos que sostienen los acuerdos entre Estados. También argumentó que Ortega desconocía el dolor de las víctimas al emplear un lenguaje “familiar” con los miembros de las Farc: “El Gobierno de Colombia expresa su más enérgica protesta por las declaraciones del señor presidente Daniel Ortega, relacionadas con asuntos internos que son de exclusiva competencia de la República de Colombia”.

Al otro día, sorpresivamente, Ortega refrendó su trato familiar llamando nuevamente hermano a Manuel Marulanda, y no sólo eso sino que dijo que el presidente Uribe “pone como condición que primero tiene que desmovilizarse las Farc. ¿Qué está diciendo allí? Está condenando a muerte a Ingrid Betancourt, eso es lo que está haciendo, condenando a muerte a todos los que están retenidos de uno y otro lado”. De esta manera quedó claro que su primera declaración no fue un tropiezo verbal sino una posición definida.

Aunque, en apariencia, la petición de Ortega de que devuelvan los secuestrados es noble, no deja de sorprender el trato con el que se refirió a los miembros de un grupo armado que está signado por cometer delitos atroces. Llamar “hermanos” a las Farc puede leerse de varias formas: O se desconocen los problemas internos de Colombia a raíz de una guerra fratricida, con una ingenuidad que raya en la ignorancia; o se tiene una intención clara de legitimar un grupo armado que ha pasado de sus iniciativas sociales a la degradación moral al acudir al secuestro, la extorsión y el narcotráfico, como formas de la lucha; o tiene un fin implícito de crear desconcierto en el escenario internacional del hemisferio cuando los asuntos internos no andan bien, como lo hace Hugo Chávez.

Lo cierto es que la salida de Ortega no tiene precedentes. Ni siquiera en la voluntad expresa del primer mandatario venezolano cuando estuvo a cargo de la facilitación del acuerdo humanitario, de que las Farc se convirtieran en un grupo político. Sin embargo, se equipara, en la forma, al tipo de declaraciones de Chávez que buscan crear polémica y generar prensa. “Por esta razón, esta señal es difícil de leer. Pero especulando, se puede entrever que lo que busca Ortega es sacar provecho de la situación y busca un apoyo en Hugo Chávez, luego de que se conociera la decisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”, dijo a Semana.com, la analista internacional Sandra Borda.

Otros ministros no dejaron de referirse al tema como en el caso de Carlos Holguín Sardi, quien manifestó la sorpresa por las declaraciones de Ortega y calificó su actitud de “escandalosa” y “descarada”. En ese mismo sentido la oposición de su país aprovechó para llamar “loco” al mandatario. Por eso el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo en La FM que “este señor no se si como dice la oposición estará demente, pero sí está muy confundido, entre otras cosas porque le oí decir que estábamos exigiéndole a las Farc que se desmovilizara antes de hablar sobre el intercambio”. Esta anotación, por lo demás, precisa los términos de la propuesta con la que el gobierno quiere una zona de encuentro y que hasta ahora no ha tenido respuesta.

En el marco de una polarización del hemisferio, cada país busca una posición que le favorezca. Por eso no hay que desestimar lo que significan las palabras de Ortega en una coyuntura en la que se advierte un clima de tensión por la salida de la mediación de Hugo Chávez en el acuerdo humanitario, la ratificación de la alianza incondicional del gobierno colombiano con EE.UU., y además, el reciente fallo de La Haya en que se reconoce la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia. “Falta ver hasta qué punto la alianza con Chávez le favorece a Ortega, después de conocidos los resultados del referendo en Venezuela”, advirtió Borda.

Estas declaraciones se suman a las que habitualmente hace el mandatario venezolano en aras de descalificar la gestión de Uribe. Un momento de dificultades para la diplomacia colombiana debido a los acontecimientos recientes con los países vecinos: Ecuador, con el asunto de la frontera; Venezuela con la ya mencionada salida de la mediación por el acuerdo humanitario, que deviene en amenazas constantes y ahora Nicaragua por un pleito limítrofe con el que Ortega busca que el archipiélago colombiano pase a manos de los nicaragüenses.

Sin embargo, para Borda, “en esta ocasión el gobierno colombiano reaccionó con sensatez al dejar a la Cancillería la respuesta a las actuaciones de Ortega. Y al aclarar que la única manera en que un mandatario puede intervenir es cuando el gobierno lo ha autorizado”.