Este año, en medio de sus éxitos indudables, las Fuerzas Militares tuvieron algunas de las peores sorpresas de su historia y sufrieron duros golpes por parte de la guerrilla y los narcotraficantes. Lo irónico es que no fueron propinados en el campo de batalla, sino que se gestaron en los propios cuarteles y lo más doloroso, que en algunos casos los responsables fueron miembros de las propias instituciones. Por eso 2007 será recordado como el año en el que los narcos y la subversión consiguieron infiltrar las instituciones castrenses, algo que tenía pocos antecedentes.

El primer episodio, y posiblemente el más grave, quedó al descubierto a mediados de julio cuando se descubrió que Diego León Montoya, alias 'Don Diego', jefe del Cartel del Norte del Valle y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, tenía a su servicio a varios oficiales y suboficiales activos del Ejército. Las pesquisas que permitieron descubrir esa macabra relación fueron lideradas por la Fiscalía; por el propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y por el Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, quienes decidieron tomar el toro por los cuernos y "limpiar la casa".

Como resultado, fueron capturados una funcionaria del Comando del Ejército, Ana Carolina Laverde, secretaria del área de hojas de vida del Ejército, y siete uniformados, entre oficiales y suboficiales. Laverde hacía parte de una red que reclutaba militares y ex militares para la organización de 'Don Diego' en labores que iban desde prestarle seguridad al narco hasta conformar un 'grupo elite' para tratar de rescatar al hermano del capo, Eugenio Montoya, preso después de ser capturado por la Policía a comienzos de este año. Santos asumió el costo político de reconocer públicamente que la mafia había infiltrado al Ejército, pero vio recompensada su actitud. Gracias a la depuración que siguió, a mediados de septiembre, 'Don Diego' fue capturado. Pero la alegría duró poco.

Cuando el país apenas estaba asimilando el escándalo de los militares que trabajaban para 'Don Diego', a mediados del año un operativo de un batallón contraguerrilla dejó al descubierto que las Farc tenían en su poder información estratégica de las Fuerzas Militares. El 15 de julio, después de un combate con guerrilleros del frente 42, los militares encontraron en el cuerpo de un subversivo tres discos duros portátiles y varias memorias USB de alta capacidad. Cuando los analistas comenzaron a mirar el contenido, encontraron datos importantes sobre columnas y algunos frentes guerrilleros con las frecuencias y la ubicación de los operadores de radio de las Farc, y los planes de algunos ataques terroristas en Bogotá, entre ellos contra TransMilenio. La mayor sorpresa llegó cuando se dieron cuenta de que gran parte de lo que contenían esas memorias era información militar clasificada. Nombres de los oficiales que participaban en las operaciones, listas de la red de cooperantes y hasta mapas de algunas operaciones militares estaban en poder de la guerrilla. Aunque el general Padilla reconoció el hecho y afirmó que se investigaba cómo llegaron esas informaciones a manos de la guerrilla, el caso no tuvo tanta repercusión debido a que en ese momento la opinión pública estaba centrada en el episodio de 'Don Diego' y los militares.

Pero si por el lado del Ejército las cosas no andaban bien en ese sentido, en la Armada tampoco. Una investigación adelantada por esa institución y la Fiscalía dejó al descubierto que varios miembros de aquella, unos activos y otros retirados, estaban involucrados en el narcotráfico. El principal protagonista de ese escándalo fue el contraalmirante (r) Gabriel Arango. El oficial fue retirado a medidos del año, pero sólo en la segunda semana de agosto se conoció que había sido llamado a calificar servicios porque era investigado por sus supuestos vínculos con una organización de narcotraficantes que actúa en la Costa. Aunque Arango es la figura más pública del caso, las pesquisas por la infiltración de la mafia en la Armada adquirieron dimensiones internacionales y fueron consideradas como un asunto de seguridad nacional en Colombia, pero sobre todo en Estados Unidos. La razón es muy sencilla. Parte de la red que estaba enquistada en la Armada se dedicaba a conseguir y vender cartas de navegación para ubicar en altamar los buques destinados a la lucha antinarcóticos de las armadas de Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros países. Uno de los narcos que se vieron beneficiados con ese asunto fue Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta'. En el computador de uno de sus principales colaboradores, que está en poder de las autoridades, aparecen varias cartas de navegación de embarcaciones colombianas, estadounidenses y mexicanas por las cuales el mafioso pagó elevadas sumas de dinero, según su propia contabilidad.

Aunque Arango niega todos los cargos, la mayor parte de la red fue arrestada hace dos meses y varios de sus integrantes fueron pedidos en extradición. El caso, aunque fue descubierto, denunciado e investigado por la propia Armada, terminó haciéndole un daño enorme a esa institución.

No menos escandaloso resultó el episodio de Marilú Ramírez Baquero. En noviembre, SEMANA reveló cómo esta mujer, una integrante activa de la guerrilla, logró en 2005 burlar los sistemas y controles de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESG) y terminó en un curso junto a los coroneles que iban a ascender a generales de la República. Lo realmente grave es que por ello la guerrillera no sólo tuvo acceso a información privilegiada, sino que además visitó, tomo fotos y grabó videos de las más importantes instalaciones militares del país. Como si esto fuera poco, consiguió una amplia base de datos con la información de altos oficiales, empresarios, magistrados, fiscales y jueces que fueron sus compañeros en el curso de la ESG. Ramírez, capturada por la Fiscalía, está acusada de rebelión y terrorismo. Los investigadores la vinculan incluso con el carro bomba que estalló el año pasado en la ESG.

Si bien es cierto que gran parte de todos estos bochornosos episodios fue descubierta e investigada por las propias instituciones afectadas, lo que es innegable es que también dejan en evidencia la urgente necesidad de fortalecer la principal arma contra la delincuencia y el terrorismo: la contrainteligencia.