“El paramilitarismo existe en Bogotá y no podemos cerrar los ojos a esta realidad”, dijo el Concejal Jaime Caicedo del Polo Democrático Alternativo, quien citó a dar explicaciones a la secretaria de gobierno, Clara López.

Caicedo dijo que su afirmación se basa en varios informes de entidades del Estado que dan cuenta de que los paramilitares están incrustados en actividades económicas de la ciudad en por lo menos diez localidades. Pero, según él, bajo la suposición de que el paramilitarismo se acabó en el país tras el proceso de desmovilización, la policía y las autoridades están siendo negligentes en combatir este fenómeno criminal, por lo menos en la capital. 

“Por el tamaño de la economía y la extensión de Bogotá es difícil que estos elementos criminales tengan un peso determinante en la vida de la ciudad a diferencia de Medellín o Cali, pero esto no quiere decir que no exista”, dijo Carlos Vicente de Roux, otro de los concejales citantes al debate.

La secretaria de Gobierno de la ciudad, Clara López, reconoció, en respuesta a un cuestionario, que hay un interés de lo que ella llamó el “poder mafioso”, por consolidar en Bogotá el lavado de dinero, y a través de ello se han incrustado en varios negocios.
Entre esos negocios sobresalen el de la construcción, los casinos, moteles finos, venta de automóviles con facilidades de crédito inusuales, venta de minutos a celular, en las centrales de abastos y frigoríficos.

“Varias de las muertes por encargo ocurridas en Bogotá desde el año 2005 y hasta el 2008 han sido por ajustes de cuentas entre los paisas y los llaneros, aunque parece que hoy han ido perdiendo su carácter de paramilitares para consolidarse más como mafiosos (narcotraficantes) con sus testaferros”, dijo López en respuesta a las preguntas enviadas por los concejales.

Los concejales dieron como ejemplo el caso específico de las “Águilas Negras”, un grupo emergente de paramilitares que hacen presencia en varias localidades donde imponen horarios para la circulación de la gente y reclutan a jóvenes para engrosar sus filas.

“Este es un nuevo paramilitarismo politizado y sin mayores vínculos con el tejido social que ataca y amenaza a quienes se animan a denunciar abusos y a exigir verdades dentro del proceso de Justicia y Paz”, dijo de Roux.

Sobre este aspecto el concejal Caicedo mostró varios ejemplos de panfletos y circulares intimidatorias que distribuyen estos nuevos grupos en las localidades donde tienen influencia. Entre los grupos con presencia en la ciudad aparecen el Bloque Central Santander, Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Los Urabeños, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Central Bolívar, Bloque Capital, y Águilas Negras.

Los concejales resaltaron que Bogotá, recibe el 10 por ciento de los desmovilizados de todo el país, cerca de 5.000 ex paramilitares, venidos de muchas zonas del país.

“No se puede exagerar”, dijo el concejal Antonio Sanguino, también del Polo. “No hay paramilitarización de la sociedad bogotana y presentarlo así distorsiona las políticas públicas que se formulen para la ciudad”, señaló.

La preocupación de los concejales se basa principalmente en los informes de alerta emitidos por la Defensoría del Pueblo en el último año que dan cuenta de nuevas amenazas paramilitares en sectores aledaños a Bogotá como Altos de Cazucá en Soacha, y en localidades de la capital como Ciudad Bolivar, Rafael Uribe, Usme y Suba, y en barrios como Luis Carlos Galán, La Isla, Oasis, Altos del Pino, Ismael Perdomo, Jerusalén, Arborizadora, Lucero, El Tesoro y San Francisco.

“Un factor que agudiza el riesgo para la población civil es la existencia de contradicciones entre las propias estructuras paramilitares y las disputas entre grupos y facciones rivales por detentar y/o ampliar el poder, el reacomodamiento de cuadros medios y bajos, la lucha por los territorios y corredores estratégicos, por las fuentes de financiación y en los ajustes de cuentas que provocan enfrentamientos entre grupos grandes y pequeños”, dice la Defensoría en una alerta temprana emitida el 31 de mayo del año pasado sobre la presencia de estos grupos en Soacha y Bogotá.

La secretaria de Gobierno, Clara López escuchó durante la mañana los llamados de atención de los concejales, pero no pudo ahondar en sus explicaciones pues debió retirarse del recinto para atender otras obligaciones. El debate se aplazó pero no se confirmó nueva fecha aún.