Una vez más -como ya es usual- Ecuador es el escenario de otra pugna de poderes. Pero esta vez el caos es tal, que hasta se puede ver afectada la continuidad en el poder del presidente Rafael Correa. El choque entre el gobierno y el Congreso Nacional se veía venir desde cuando el mandatario socialista -que no cuenta con representantes en el Parlamento- asumió hace dos meses y propuso una consulta popular para dar paso a una Asamblea Constituyente de "plenos poderes" para redactar una nueva Carta Magna.

La grave tempestad política tomó forma el jueves último, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) destituyó a 57 diputados, quienes a su vez habían intentado sustituir al presidente del organismo electoral, Jorge Acosta, por haber aprobado la realización de la consulta para el 15 de abril.

El Congreso, acostumbrado a sacar incluso a Presidentes -como en el caso de Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez- recibió un golpe sin precedentes, con el contraataque del TSE, acción que fue respaldada plenamente por el régimen. "Haremos respetar la Constitución", dijo el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea.

El organismo electoral y el gobierno justifican su decisión al considerar que, de acuerdo con la ley, durante un proceso electoral el TSE es la máxima autoridad y sus miembros gozan de inmunidad. Los legisladores, entonces, habrían violentado la ley y su castigo es la suspensión de sus derechos políticos durante un año.

Tan pronto el TSE dio a conocer su resolución y estalló la crisis, cientos de policías cercaron el Congreso para impedir el acceso a los legisladores opositores, mientras el Presidente calificaba la situación como una victoria en su lucha hacia el camino socialista. "Vamos a esa Asamblea, ya están vencidos, hagan lo que hagan la consulta popular es irreversible y la Constituyente también", remató Correa.

Para los legisladores, esas palabras significan que Ecuador se enfrenta al fantasma de una dictadura. "Estamos frente a un gobierno de facto, en este momento no hay Estado de derecho en Ecuador", sostuvo el diputado democristiano Carlos Larriátegui.

Miles de personas, en tanto, se congregaron en las afueras del edificio del Congreso y, con pancartas y consignas, pedían la cabeza de los diputados, a la vez que respaldaban la acción gubernamental.

Otros cientos de ciudadanos rodearon las calles aledañas al Hotel Quito, donde se habían reunido varios legisladores ante la imposibilidad de entrar a sus oficinas. Algunos congresistas fueron insultados y golpeados, y sus vehículos abollados y manchados con letreros como 'Diputados ladrones' y 'Ratas inmundas, váyanse', entre otras cosas. Los diputados, unos en sus carros y otros a pie acompañados de sus guardaespaldas, huyeron despavoridos. La Policía poco hizo para contener la furia popular.

En el fondo, los parlamentarios -acusados durante años por denuncias de corrupción- temen perder sus curules con la Asamblea Constituyente, ya que ésta puede "mandarlos a su casa" y por esto se oponen a la consulta. Aseguran, además, que el plan de Correa es seguir los pasos de su amigo, el presidente venezolano Hugo Chávez, poniendo en marcha un "modelo totalitario", que llegue hasta expropiar la tierra y nacionalizar los recursos naturales, e insertar a Ecuador en el llamado "socialismo del siglo XXI".

Lo que más preocupa a ciertos sectores es que Correa cuenta -al menos por ahora- con gran respaldo ciudadano, sobre todo por las medidas que ha tomado para favorecer a las clases populares en sólo ocho semanas de gobierno. Por ejemplo, el Bono de Solidaridad -una ayuda para las personas de menos recursos-, que estaba en 15 dólares, subió a 30 dólares. La ayuda para vivienda, que era de 1.800 dólares, es ahora de 3.600. Redujo las tarifas de energía eléctrica a los sectores menos favorecidos y ha prometido dedicar recursos a la inversión social antes que al pago de la deuda externa. Incluso, en una polémica con el prefecto de la provincia del Guayas, prometió rebajar los peajes de una importante vía, de cinco dólares a 50 centavos.

De un total de 1.426 personas consultadas en los últimos días por la empresa encuestadora Cedatos, el 23,46 por ciento califica de "excelente" la gestión de Correa.

El sondeo añade que el 18,81 por ciento de los consultados opinó que la gestión del gobernante es "muy buena" y el 10,75 por ciento la calificó "buena". Un 10,81 por ciento consideró que no es "ni buena, ni mala", 16,12 por ciento la definió como "mala" y 20 por ciento como "pésima".

Según Cedatos, Correa "es el mandatario que ha registrado la más alta aceptación desde que se inició el actual período democrático en 1979". Cuando asumió el 15 de enero, su respaldo alcanzó el 73 por ciento.

El diputado Luis Tapia, uno de los destituidos y perteneciente al partido Sociedad Patriótica (SP), del depuesto ex mandatario Lucio Gutiérrez, consideró ilegal la medida y sostuvo que detrás de la misma está no sólo Correa, sino su homólogo Hugo Chávez.

"Nadie nos puede destituir porque fuimos elegidos por el pueblo, indicó a SEMANA, añadiendo que lo que está ocurriendo es simple: Correa está cumpliendo consignas de su jefe, el presidente Chávez, que no son otra cosa que llevarnos al caos".

Otros legisladores de la oposición advirtieron que Ecuador va hacia un 'fujimorazo' y que denunciarán ante la OEA, la ONU y otras instancias internacionales la 'ilegal' destitución de sus miembros.

Entre tanto, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, señaló a SEMANA que intentará buscar una salida al problema "porque no podemos volver a caer en la inestabilidad política. Si se han cometido excesos de parte y parte, éstos tienen que desaparecer", enfatizó dando a entender que el Congreso podría estar dispuesto a anular su decisión de cesar al presidente del TSE, con tal de que éste revoque la destitución de los 57 legisladores.

Correa, por su parte, desecha los temores y atribuye la creciente turbulencia política al modelo que intenta aplicar. "El pueblo está venciendo a todos los que han pretendido dominarnos y tratarnos como esclavos, que han creído que un gobierno ciudadano se iba a someter a las bravuconadas de los pelucones de siempre", declaró a sus seguidores que le vitorearon en las afueras del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. El conocido analista Jorge Vivanco, subdirector del diario Expreso, opinó que, ante lo ocurrido "hay que preguntar si los antiaasamblea están propiciando una dictadura franca, después de que han violado la Constitución y la ley, y sacrificado la dignidad del Congreso a cada rato".

A su vez, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos -que reúne a todas las publicaciones importantes del país- publicó el viernes un editorial conjunto en la primera página de todos los diarios en el que demandó de los poderes públicos "una inmediata rectificación de conductas lesivas al régimen democrático, en un marco de concertación nacional", al tiempo que reclamó actitudes "que permitan superar la crisis, que aporten a la unidad nacional y a la seguridad legal y personal".

Como están las cosas, el camino hacia una Asamblea Constituyente se hace cada vez más difícil y las consecuencias de la actual crisis son impredecibles.El asunto es grave, sin duda, pues jamás se había visto una situación de tales proporciones en este país, uno de los más corruptos del continente, según Transparencia Internacional, y -con ocho presidentes en menos de una década- el más inestable de la región.