De acuerdo con los propios informes oficiales, la reducción de las plantaciones de coca, para lo que el Gobierno usa el eufemismo de "racionalización voluntaria", no han alcanzado ni a las dos hectáreas. En esa región de grandes posibilidades agrícolas y ganaderas, los cultivos de coca ascenderían este año a 1.381 hectáreas.

Caranavi no era zona de producción de coca, cuando se emitió la Ley 1008. De ahí que sólo menciona a dos, a los Yungas, como de producción tradicional, y al Chapare, de producción ilícita. En consecuencia, toda la producción de Caranavi es ilegal y ahora el Gobierno no encuentra la forma de reducir los cultivos, hasta eliminarlos, como tendría que ser.

Ante el fracaso de la racionalización voluntaria, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunció que se gestionaría ante la Embajada de Estados Unidos que la Agencia de Desarrollo Internacional (Usaid) retorne a Caranavi, para aplicar el desarrollo alternativo, como la forma más eficaz de estimular la eliminación voluntaria de las plantaciones de coca.

La respuesta no se dejó esperar, el embajador David Greenlee desestimó tal posibilidad, anotando que el problema ya no es sólo de coca excedentaria, sino de falta de seguridad física y jurídica. "Si el Gobierno puede rectificar ciertas cosas —dijo el diplomático— quizá podamos hablar, pero ahora no hay nada de qué hablar".

El personal de Usaid que trabajaba en el desarrollo alternativo tuvo que desalojar esa región por los actos hostiles que se desarrollaron en su contra. En Caranavi se perdieron postes de electrificación rural pertenecientes a un proyecto financiado por Usaid, se tomaron varias instalaciones de ONG que operaban con financiamiento estadounidense y, en general, los colonizadores crearon un clima adverso a todo lo que era cooperación y actividad privada.