El gobierno de Evo Morales plantea, en el proyecto de modificación del Código Penal, eliminar la jurisprudencia que construyó el Tribunal Constitucional, en los últimos 10 años. Juristas advierten que, de consolidarse la iniciativa se afectará la seguridad jurídica y dejará “a su libre arbitrio” a los operadores de justicia.

El asesor del Ministerio de Justicia, Iván Morales, explicó que la propuesta pretende construir una nueva jurisprudencia constitucional en concordancia con la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero y que perfila un nuevo ordenamiento jurídico en el país.

El Tribunal Constitucional es la instancia encargada de garantizar el control constitucional, es decir define si un fallo o actuación judicial se enmarca en la Constitución y las leyes. Sus decisiones son inapelables y, en consecuencia son base jurisprudencial para que los operadores de justicia emitan sus fallos.

La disposición final del proyecto de ley que perfila modificaciones al Código Penal, Código de Procedimiento Panal y la Ley del Consejo de la Judicatura prevé: “Se deja establecido que la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional previa a la aprobación de la Constitución Política del Estado..., ha dejado de tener carácter obligatorio o vinculante para las decisiones de las autoridades judiciales”.

El senador y constitucionalista Luis Vásquez expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno, pues provocará dejar a los operadores de justicia “a su libre arbitrio” en la aplicación de la ley. “Esa disposición destruye todo el orden constitucional que se ha establecido durante más de una década y que no tiene porqué ser contradictoria con la actual Constitución”, cuestionó.

El Tribunal Constitucional inició sus labores en 1999, pero desde diciembre del 2007 se encuentra paralizado debido a la renuncia de sus miembros. En dos años acumuló una carga procesal de más de 5.000 casos.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, consideró que la iniciativa gubernamental vulnera la independencia de poderes.

“El borrar la jurisprudencia con una ley es ingresar a vulnerar la independencia del Poder Judicial”, cuestionó Wayar.

Vásquez anunció que impedirán se apruebe esta iniciativa.

La eliminación de la jurisprudencia es parte de un paquete de medidas lanzadas por Morales el viernes, en ocasión del lanzamiento del plan Ciudad Segura en Santa Cruz, que incorpora a los militares en la seguridad.

Propuestas de reforma judicial

Delincuentes • La propuesta del Gobierno plantea restringir el beneficio de las medidas sustitutivas a la detención a las personas con antecendetes penales y policiales. Además establece la incautación de los bienes y el dinero de los delincuentes.

Facilidad • A diferencia de lo que ocurre actualmente, se propone que la víctima, a través de su abogado o por sí sola pueda intervenir en el proceso penal contra el delincuente. Hoy, el antisocial puede acceder a un abogado de oficio mientras la víctima debe contratar uno.

Sanciones • Los delitos de prevaricato, cohecho del juez, resoluciones contrarias a la ley, retardación de justicia y cohecho propio en el que incurran autoridades o funcionarios judiciales se sancionará con condenas carcelarias de dos hasta 12 años.

Disciplina • También dan paso a que el único consejero de la Judicatura (Rodolfo Mérida) resuelva las denuncias contra los operadores de justicia. El presidente Evo Morales reveló que existen más de 20.000 denuncias que no pueden tratarse por falta de quórum en la Judicatura.