Al menos 59 políticos y activistas de la oposición enfrentan procesos penales por diversos delitos, a raíz de denuncias que fueron presentadas por el oficialismo en los últimos cuatro años. Algunos son candidatos para la elección de alcaldes y gobernadores del 4 de abril, otros se fueron del país y algunos están en la cárcel.

La Razón llegó a esta cifra tras haber realizado un recuento a partir de datos que fueron proporcionados por la Contraloría, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y publicaciones en diferentes medios. 22 se encuentran detallados en el cuadro de la derecha.

De acuerdo con esos datos, se presentaron acusaciones formales en contra de los ex prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija), José Luis Paredes (La Paz), Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Leopoldo Fernández (Pando) y la actual prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar. En la mayoría de los casos se les acusa de malversación de fondos y daños económicos al Estado.

Las acusaciones e imputaciones también llegan a líderes cívicos, alcaldes y otros activistas, como es el caso de la alcaldesa suspendida de Sucre Aydée Nava, el ex alcalde de Potosí y ahora candidato, René Joaquino, el ex presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera, el ex rector de la Universidad San Francisco Xavier y presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón, y el ex cívico de Sucre John Cava.

Otros líderes, como los cruceños Branko Marinkovic y Guido Nayar, que encabezaron movilizaciones en contra del Gobierno desde el Comité Cívico, también están en la mira del Poder Judicial, ambos tienen imputaciones en su contra. El primero es acusado de financiar a la presunta célula terrorista de Eduardo Rózsa y el segundo es investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

A ellos se suman los dirigentes cruceños Lucio Áñez, Ricardo Moreno, Edilberto Osinaga Rosado, Daniel Velasco Oyola, Alberto Justiniano Pereira, Zvonko Matkovic y Piedades Roca de Espinoza, todos ellos acusados por el caso Rózsa, de terrorismo.

En el caso de la muerte de campesinos en Pando, ocurrida en Porvenir el 11 de septiembre del 2008, hay varias personas detenidas, entre ellas el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien se postuló a la vicepresidencia del Estado en las elecciones del 2009. El Gobierno y los familiares de las víctimas de ese hecho aseguran que fue una masacre fomentada por la ex autoridad. Hay otros 27 imputados y varios dirigentes huyeron a Brasil por miedo a ser detenidos.

Otro caso abierto es el de “racismo” en Sucre, cuando decenas de campesinos fueron humillados por una turba de personas que no permitieron la llegada del presidente Evo Morales a esa ciudad. El oficialismo acusó a los líderes de Sucre de propiciar esos hechos y se iniciaron procesos penales en contra de los ex parlamentarios Fernando Rodríguez, Lourdes Millares y Tomasa Yarhui. Además de Elsa Guevara, Dailer Andrade y Jorge Iturralde. La lista involucra a tres dirigentes de la Universidad San Francisco Xavier y cinco periodistas de medios capitalinos.

El 2009, el Gobierno también inició procesos penales contra varios ex parlamentarios de la oposición por diferentes delitos, entre ellos Roger Pinto, Paulo Bravo, ambos de Pando, y Bernardo Montenegro y Ninoska Lazarte de Cochabamba. En todos los casos, esos legisladores hicieron denuncias contra el Gobierno. Los acusados negaron los cargos y acusaron al oficialismo de emprender una persecución judicial en contra de todos los que se opongan a su régimen, como señaló el senador pandino Roger Pinto de PPB-CN.

Conflicto JUDICIAL

Renuncia presidente • El 26 de febrero de 2006 renunció al cargo de presidente del Tribunal Constitucional el doctor William Durán Ribera.

Segunda renuncia • El 6 de noviembre de 2006, el doctor Felipe Tredinnick Abasto renunció al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional.

Tercera Renuncia • El 3 de marzo de 2008 dimitió el doctor Artemio Arias Romano, magistrado del Tribunal Constitucional.