Este 1 de mayo el gobierno del presidente Evo Morales determinó, a partir de la promulgación del Decreto Supremo 28701, la nacionalización de los hidrocarburos en el territorio. Es sin duda una medida estructural histórica para el país, porque cambia en forma determinante el escenario en el que se movía el sector hidrocarburífero, de la capitalización impuesta en 1995 a una “nacionalización”.

Apelando siempre a lo simbólico, el Jefe de Estado se trasladó junto al pleno de su gabinete ministerial, a las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a los máximos jefes militares y policiales, y a su entorno más próximo en el Gobierno, hasta el megacampo de San Alberto, en el municipio de Caraparí, en Tarija. Desde allí lanzó el decreto. Inmediatamente después, el operativo “Tres pasos al frente” estaba en ejecución con la toma militarizada de campos petroleros, refinerías, estaciones de servicios y cuanta instalación fuera ocupada e instalada por las empresas petroleras en el país. El acontecimiento tuvo ese contexto de formalidad.

El decreto de nacionalización tiene su origen en el discurso político e ideológico que desde hace tiempo anuncia el Presidente de la República y el partido de Gobierno. En ese sentido, la medida no es una sorpresa. Es probable que su anuncio repentino sí, mas no la intencionalidad.

El decreto tiene varios elementos para el análisis. Partiendo desde la argumentación legal en la que se sustenta hasta el objetivo final que persigue y todo lo demás que se sucederá en adelante.

El decreto es, en cierto sentido, de “transición”, puesto que determina que en un período específico —180 días como plazo— las empresas petroleras que decidan continuar operando en el país se deberán adecuar a las nuevas circunstancias —incluida la firma de nuevos contratos— inscritas en la norma emitida. Tiempo después, al parecer, se dictarán las reglas definitivas que regirán el sector. Así lo dan por entendido los artículos 3 y 4 de la nueva norma. Lo que no queda claro es si el decreto en cuestión se convertirá en una ley o existirán modificaciones a la actual Ley 3058.

El decreto transforma la figura de relación entre el Estado boliviano y las petroleras. Reduce la participación de éstas en el sector y establece que sean convertidas en empresas de servicio, dejando de lado la vigencia del contrato de riesgo compartido, establecidos como opción en la Ley 3058 de Hidrocarburos.

La nacionalización implica, además, la participación de un rol protagónico del Estado, a partir de otorgar a YPFB todas las prerrogativas para la administración del sector, en toda la cadena de producción hidrocarburífera. Incluyendo, a su vez, la transferencia a YPFB, a título gratuito, de las acciones de los bolivianos que forman parte del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC).

Como se puede advertir, el decreto, por sí solo, requerirá de un proceso de asimilación y de diálogo abierto con quienes están directamente aludidas, es decir, las empresas petroleras, y de mucha información para que la población boliviana pueda comprender a cabalidad los alcances de tan histórica medida.

Que la nacionalización tendrá —en realidad ha comenzado a tener— efectos y repercusiones internas y externas de toda naturaleza, es indudable. La noticia ya ha dado la vuelta al mundo.