Así lo confirmaron por separado a La Razón dos altas fuentes de ese partido, quienes dejaron claro que una actividad tan sensible como es la seguridad del Presidente electo debe estar a cargo de gente cercana y comprometida con la nueva ideología naciente en el país desde las elecciones del pasado 18 de diciembre.

“Se le sugirió (a Morales) que quienes se hagan cargo de su seguridad personal deberán ser personas que, uniformadas o no, tengan alto nivel de conciencia social y que estén comprometidas. Él manifestó su acuerdo con esa idea”, declaró un allegado al nuevo Presidente.

Al respecto, hace algunos días el miembro de la comisión de transición del MAS Juan Ramón Quintana dijo que Morales “necesita la máxima confianza y garantías para su seguridad, entonces es él quien define esos criterios”, por lo que adelantó que hay que revisar aquello “con mucho cuidado”. Además, aclaró que sería “apresurado” señalar que Morales prescindirá de la custodia policial y militar.

Sin embargo, más allá de a quienes elija el nuevo Jefe de Estado, el Decreto 28288 ordena que los efectivos de la Unidad de Seguridad Presidencial se encargarán de la seguridad del Presidente, de su entorno familiar y de los bienes con los que cuenta, por lo que ese grupo podría llegar a Orinoca (Oruro) y el Chapare (Cochabamba), donde Morales tiene propiedades.

En La Paz, la custodia llegará hasta la residencia presidencial de San Jorge, pero dependiendo del requerimiento del Presidente se extendería a sus dos hermanos y a la hija de cinco años que tiene el futuro Mandatario.

El tema de la seguridad del Presidente electo es motivo de preocupación al interior del MAS y también en países con los que mantiene estrechas relaciones como Cuba y Venezuela, de los que sus gobiernos manifestaron públicamente preocupación por la integridad física del Mandatario. Aunque en filas masistas se negó que Morales reciba ayuda en seguridad de esos dos países.