Si algún poder supranacional se le puede atribuir en estos momentos a la Asamblea Constituyente es el poder de reconducir al país hacia un estado de permanente paz política y social, con el logro de un acuerdo definitivo, concertado y soberano no sólo sobre la forma de votación, sino sobre el rol que juega en el futuro de la nación.

Los principales conflictos políticos, sociales y regionales que el país ha vivido en los últimos días fueron generados a raíz de los desencuentros en la Asamblea Constituyente. Paradójicamente, aquello que nace con la pretensión de ser el escenario del encuentro nacional, del pacto social y la punta de lanza de un proceso de cambio de largo plazo, se constituye hoy en la manzana de la discordia, en el elemento de la confrontación, en la palestra de la pugna nacional y de la pulseada de antagónicos, en el motivo del enfrentamiento y en el sujeto de presiones de toda índole.

La falta de consensos en la Asamblea se ha irradiado al grado de que convocó a escuchar voces que lanzaron mensajes antidemocráticos que, en este y en cualquier momento, representan un riesgo grave para la nación. Y esto sin el ánimo de maximizar aquellas situaciones o voces que bien podrían, irresponsablemente, desencadenar en un inevitable ambiente de enfrentamiento nacional.

Existen razones supremas para pensar que sí es posible superar la actual circunstancia que bordea y, además, afecta internamente a la Asamblea Constituyente, y que influye en la vida del país.

Se ha puesto en tela de juicio la soberanía de la Asamblea. Los propios asambleístas reconocen que la cualidad soberana es pura ficción debido a la cantidad de fuerzas externas que pujan por imponerse en el seno de la Asamblea, a través de mecanismos que ni siquiera hacen a la representatividad de los propios constituyentes. Otros miembros asumieron una visión más fatalista, llegando incluso a no descartar el naufragio de la Asamblea, hecho que reflejaría no sólo el fracaso del proceso de reconciliación nacional sino un detonante peligroso para la estabilidad democrática.

No se trata de poner a prueba la fortaleza o la fragilidad del sistema democrático o del proceso de cambio, sino que está a prueba la capacidad de las diferentes fuerzas políticas, sociales y regionales de concebir a Bolivia como un todo integral, diverso sí, multicultural también, pero no fragmentado o subalterno a los intereses sectoriales, de grupo o particulares.

Resulta evidente que la Asamblea está entrampada en una especie de telaraña de presiones de la que, aparentemente, no puede zafarse. Pero esta situación de irresolución no puede permanecer en la inercia, por ello es que la Asamblea debe recuperar, por la fuerza de convicción de sus propios miembros y por la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía, su papel protagónico en la modificación a la Constitución Política del Estado que implica más que el cambio de un texto, representa la transformación de un Estado.

No pueden descartarse, y menos creer en el desgaste, de mecanismos democráticos como el diálogo, la concertación y el consenso. Es un riesgo poner al escenario de la Asamblea Constituyente en el juego del poder, el costo podría ser grande.