La minería como industria está en un boom por el excelente momento que atraviesan los precios internacionales de los minerales, pero como política interna va en picada. Esta apreciación no es novedosa, más si desde hace año y medio se observa que la gestión de la minería y, por lógica, la aplicación de la política es carente de coherencia y poco previsible.

La minería, como en el pasado, está siendo tratada como una plaza política, cuando su gestión debiera ser exclusivamente técnico-estratégica. Este detalle entorpeció —y sigue haciéndolo— la posibilidad de que el Gobierno pueda encaminar una política minera acorde a las actuales circunstancias internacionales y en previsión a un tiempo futuro de baja de las cotizaciones de las materias primas. Creó una alianza equivocada y perversa con los cooperativistas, al grado de tener un ministro de ese sector en el gabinete, para luego romperla abruptamente tras el estallido de la crisis de Huanuni en el 2006, cometiendo un otro error: el correr al otro extremo bajo la ficción del retorno a una minería estatal en una especie de vuelta a un capitalismo de Estado incipiente.

Viendo el actual panorama de conflicto que nuevamente confronta el Ejecutivo con los cooperativistas mineros, se podría creer que la crisis de Huanuni nunca se resolvió y sigue siendo un asunto pendiente. Más ahora que los cooperativistas están sobre La Paz, asediando la plaza Murillo y atrincherados; aunque no impidieron que el Congreso eleve a rango de ley aquel decreto gubernamental que establece la nacionalización absoluta del yacimiento de Posokoni, dando exclusividad de explotación a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a través de la Empresa Minera de Huanuni, desconociendo un contrato de arrendamiento que aún estaría vigente con la minería cooperativizada que operaba en la zona.

No le corresponde a este diario establecer si la demanda de los cooperativistas es o no legítima, pero sí identificar el porqué del problema minero. En ese entendido, es de lamentar, primero, que quien crea este escollo en la gestión del presidente Evo Morales es el propio Gobierno al haber querido asentar la gestión minera en alianzas políticas. A partir de ello es que dispara una especie de política minera sin blanco definido y con incoherencias.

Segundo, sin contar con una visión clara se dictan una serie de normas apostando sólo a una política de recuperación del recurso, desde el Estado, desconociendo que la minería es una de las industrias de mayor riesgo, por su complejidad, y sabiendo aún que la Comibol no tiene ni la capacidad técnica menos financiera para empujar el pesado carro de la minería estatal.

Para agregar, el Ejecutivo establece un régimen que no garantiza la seguridad jurídica y, por ende, ahuyenta las inversiones extranjeras en un momento clave, además de excluir a actores clave de la industria generándose frentes de confrontación.

El cuento de la minería es de nunca acabar, más ahora que los cooperativistas amenazan con medidas más radicales. Si tan sólo el Gobierno tendría la capacidad de reencaminar la política permitiéndose involucrar a todos los actores, en el aprovechamiento de esta oportunidad económica y la planificación del futuro, rodeándose de los hombres más calificados, tal vez se podría dejar de contar esta historia, una y otra vez.