Revender «premios gordo» en forma de pedreas. El negocio parece claro. Esta semana, el FBI anunciaba la detención de un ciudadano francés acusado de participar en una de las operaciones más exitosas de la minería africana. ¿La trama? De película (de serie B).

De acuerdo con las investigaciones, presuntamente, el implicado -Frederic Cilins- participó en el proceso negociador con el Gobierno de Guinea-Conakry para obtener la concesión en 2008 de las reservas de hierro de la colina de Simandou en favor de la compañía Beny Steinmetz Group Resources (BSGR).

Beny Steinmetz, uno de los hombres más ricos del planeta, adquirió entonces los derechos para explotar la mitad de este emplazamiento, tras comprometerse a invertir 120 millones de euros en el desarrollo de una mina en la montaña. Sin embargo, poco después, en abril de 2010, vendió la mitad de su participación en 3.000 millones. En aquel entonces, fue considerada una de las operaciones más exitosas del sector.

Aunque con claroscuros. Según denuncia la organización Global Witness, la compañía BSGR prometió a Mamadie Touré (por entonces esposa de Lansana Conté, dictador que gobernó Guinea durante más de dos décadas) millones de dólares a cambio de la adquisición de las licencias de Simandou. Solo dos semanas antes de la muerte del mandatario, BSGR lograría su objetivo.

Sin embargo, ahora, casi cinco años después y tras una laboriosa investigación, Cilins, un mediador de la compañía de Steinmetz, era arrestado en Jacksonville (EE.UU) después de que agentes federales grabaran con cámara oculta varias de sus reuniones. En estas grabaciones se muestra, presuntamente, la destrucción por parte del ciudadano francés de decenas de documentos que demuestra cómo los derechos de explotación de Simandou fueron adquiridos mediante la corrupción y el pago de sobornos.

El caso no es nuevo. En 2011, el Parlamento británico emitía un informe que denunciaba que la República Democrática del Congo había perdido 4.200 millones de euros (el 80% de su presupuesto) en activos del Estado a través de la infravaloración de sus concesiones mineras.

A precios ínfimos

El proceso era simple. Como destacaba entonces el diputado Eric Joyce, a cargo de la comisión para los Grandes Lagos, las concesiones mineras congoleñas se vendían a precios ínfimamente menores de su valor real (apenas el 5%) a empresas fantasmas en las Islas Vírgenes. Desde 2007, al menos 45 compañías habían participado en estas adquisiciones.

Éste es el caso de la empresa minera estatal Sodimico, quien entonces vendió sus acciones en dos reservas de cobre por apenas 22 millones de dólares, pese a estar valoradas en 360 millones.

De igual modo, en 2007, el Gobierno de Kinshasa creó una comisión para revisar 61 convenios firmados entre la también estatal Gecamines y empresarios extranjeros entre 1996 y 2006. Solo un año después, el grupo lanzaba un comunicado. Los análisis no dejaban lugar a ninguna duda: En él se denunciaba que ninguno de estos contratos era aceptable, así como se exigía la revisión de 39 de ellos y la anulación de 22.

Un caso similar al de Liberia, quien en ese mismo periodo decidió actualizar los pactos realizados entre 2003 y 2006. De 105 concesiones otorgadas, en 36 casos se recomendó su cancelación y en 14, la renegociación.