«La responsabilidad de los abusos no solo es de Estados Unidos, sino de los Gobiernos extranjeros que también fueron cómplices», denunciaba el grupo pro Derechos Humanos fundado por el filántropo George Soros.

En él, se detalla la situación de hasta 136 víctimas a nivel global. Todas ellas, con nombres y apellidos. Este es el caso de Mohammed Abdulmalik, quien en febrero de 2007 era detenido por la brigada antiterrorista de Kenia acusado de planear un atentado en la ciudad de Mombasa. Pese a que dos semanas después de su captura aún no se había podido demostrar conexión alguna entre Abdulmalik y el terrorismo islamista, el joven fue entregado a las autoridades militares estadounidenses. Desde entonces, su suerte ha discurrido por prisiones ilegales de Yibuti y Afganistán hasta llegar a Guantánamo, donde se encuentra en la actualidad.

Una situación similar a la del tanzano Suleiman Abdallah Salim, arrestado en la capital de Somalia, Mogadiscio, a comienzos de 2003 y quien, tras cinco año de interrogatorios en una base militar de Bagram (Afganistán) era entregado al Gobierno de Tanzania con un documento que especificaba no ser «una amenaza para Estados Unidos». Recientemente, el activista keniano Al Amin Kimathi ya denunciaba a este diario los crímenes cometidos en la región en pos de la cruzada antiterrorista.

Sin pruebas

En septiembre de 2010, este musulmán que roza la cincuentena fue detenido por la Policía ugandesa acusado de orquestar los atentados ocurridos dos meses antes en la capital del país, Kampala. En la acción armada (sobre la que pende la autoría de la milicia somalí Al Shabab) fallecieron 74 personas. Ninguna prueba demostró su participación en los hechos. «Pese a no existir ningún indicio fui encarcelado durante un año en una celda de aislamiento. Sin embargo, mi único delito fue denunciar los abusos que se estaban cometiendo contra los musulmanes en favor de la llamada guerra contra el terrorismo», asegura.

Alertado por las familias de las víctimas, Kimathi había denunciado solo unos días antes la desaparición de ciudadanos de origen somalí en Uganda. Conforme a sus investigaciones, tras los atentados de Kampala y en solo una semana, al menos 30 personas fueron interrogadas de forma ilegal por agentes del FBI en prisiones secretas de Etiopía, Uganda y Somalia.

«Antes de los atentados de 2010, el problema islamista nunca había sido una preocupación para los Gobiernos regionales. Sin embargo, desde entonces esta supuesta amenaza se ha ido magnificando», destacaba.