Símbolo de las últimas polémicas que sacuden las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, un comité de investigación independiente ha recomendado amplias reformas en estos despliegues. Entre las exigencias del grupo -que fue designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para evaluar la estructura de la organización, y que es presidido por el expresidente de Timor Oriental José Ramos Horta- se apela a una mayor responsabilidad ante los abusos sexuales cometidos por sus miembros.

«Las soluciones políticas deben guiar todas las operaciones de paz de la ONU», aseguró Horta, quien en 1996 recibió el Premio Nobel de la Paz.

El estudio se produce apenas días después de que se diera a conocer que «cascos azules» destinados en Haití y Liberia mantuvieron relaciones sexuales con mujeres locales a cambio de bienes de primera necesidad, como medicinas o alimentos.

Eso sí, no es la primera polémica que agita las operaciones de mantenimiento de paz, compuestas por más de 125.000 militares, policía y civiles en 16 misiones alrededor del mundo (nueve de ellas en el continente africano).

En julio de 2013, Ruanda denunciaba que tropas de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo colaboraban con los rebeldes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR). Los cargos fueron transmitidos al Consejo de Seguridad por el embajador ruandés ante la ONU, Eugene-Richard Gasana.

«Contamos con información creíble, fiable y detallada (…) de diversas formas de  colaboración táctica y estratégica con el FDLR (un grupo armado formado, en gran parte, por ex miembros de la guerrilla 'Interahamwe', quienes llevaron a cabo el genocidio de Ruanda en 1994 y se refugian ahora en el este del Congo)», aseguró el diplomático en una carta.

La historia viene de lejos. Y con intereses cruzados: Desde su creación en noviembre de 1999,  la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (Monusco) se ha convertido en uno de los más polémicos del mundo.

Bajo el punto de vista local, los motivos resultan del todo obvios. Primero, ante su incapacidad manifiesta para proteger a la población civil. Tal es el caso de la violación en masa cometida, en agosto de 2010, por rebeldes hutus y Mai-Mai en la localidad de Luvungi. En el ataque, realizado a tan solo 30 kilómetros de una base de «cascos azules», al menos 500 mujeres fueron agredidas.

Aunque más preocupante resulta que el enemigo se encuentre en casa. Ya en 2008, una investigación interna de la ONU  reveló que «cascos azules» indios habrían cometido, presuntamente, abusos sexuales contra miembros de la población civil. A su vez, soldados paquistaníes estarían implicados en una trama de venta de armas al grupo rebelde Frente Nacionalista e Integracionista a cambio de oro procedente de los yacimientos de la zona.

Al margen de terrorismo

Junto a una mayor responsabilidad ante los abusos sexuales, el comité de investigación insta a que las fuerzas de mantenimiento de la paz no sean utilizadas en operaciones contra el terrorismo. El requerimiento es una clara referencia a la situación vivida en el norte de Malí, con continuos combates entre fuerzas yihadistas y los cascos azules.

Unas controversias bélicas que no solo son generadas en la lucha frente a combatientes islamistas.

En la actualidad, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU gestiona hasta nueve destacamentos en el continente africano: desde el Sahara Occidental a Sudán, pasando por Liberia o la República Centroafricana.

Y las litigios son evidentes. Como las dudas morales suscitadas por la misión desplazada en Costa de Marfil (Onuci): A comienzos de abril de 2011, de la mano de este operativo de paz, el Ejército francés atacaba posiciones controladas por tropas leales al expresidente Laurent Gbagbo.

Solo cuatro meses antes, Gbagbo había sido proclamado vencedor de las elecciones presidenciales por el Consejo constitucional, con el 51,45% de los votos. Sin embargo, esta decisión del organismo afín al ex mandatario no fue reconocida por la comunidad internacional, que otorgó la victoria a su rival político, Alassane Ouattara.

Por ello, con este ataque, los «cascos azules» (que en conformidad al mandato del Consejo de Seguridad tienen que permanecer neutrales) perdieron su condición de fuerza militar imparcial.

Más intrincado se presenta, incluso, el caso de Sudán y Sudán del Sur.

Pese a que a mediados de 2009 el comandante saliente de la operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur (Unamid), Martin Luther Agwai, anunciaba que la región ya no se encontraba en estado de guerra y que el conflicto había finalizado, la realidad dista mucho de confirmar estas palabras. Al menos, cerca de 16.000 soldados se encuentran todavía desplegados.

Precisamente, la región cuentan con otras dos misiones internacionales: La Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (Unisfa), que apenas ha paliado la sangría de uno de los conflictos modernos más olvidados del planeta, y la Misión de Asistencia en la República de Sudán del Sur (Unmiss), uno de los más recientes despliegues gestionados por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.