La intención del primer ministro japonés, Jonichiro Koizumi, de iniciar un programa de reformas estructurales conmocionó el ámbito político y económico del país y abrió una instancia de incertidumbre en la asombrosa sociedad japonesa. Los primeros síntomas mostraron indicios de rechazo a las reformas planteadas pero revelaron la preocupación existente sobre el nivel de competitividad de esa economía. Paralelamente, se allanó el camino para la introducción del mecanismo plebiscitario.

Las divergencias comenzaron cuando el mandatario introdujo el proyecto de reforma del servicio postal en el ámbito del Parlamento. La Cámara Alta expresó su rechazo hacia las transformaciones planteadas e indujo al ejecutivo a tomar medidas extraordinarias. Koizumi disolvió la más poderosa Cámara Baja y llamó a elecciones para el próximo 11 de septiembre. La elección, además de producir una reválida del programa oficial, podría permitir el acceso al poder del opositor Partido Democrático de Japón, posibilitando en el país la alternancia bipartidista típicamente occidental.

Ahora bien: ¿a qué se debe semejante reacción? ¿Por qué la reforma del sistema de correos ejerce tamaña influencia sobre los intereses nacionales? Pues por una simple razón: la caja postal es el principal financiador de las ejecuciones públicas (con un valor estimado en US$ 3 billones) y constituye el más significativo medio de ahorro e inversión de la segunda economía del mundo. Su privatización constituiría una pérdida de gravitación por parte del Estado sobre los asuntos económicos y restaría relevancia a las políticas públicas de financiación y promoción del desarrollo. El sistema postal actúa como un instrumento de ejecución de presupuestos y de acción estatal.

Las reformas planteadas por Koizumi son, por otra parte, de una extraordinaria valentía. Lo que propone el funcionario es transferir la gestión ejecutiva de la empresa al sector privado y permitir su regulación por medio del mercado. Es decir, que sea la propia economía la que dicte los parámetros de eficiencia y productividad de este gigante financiero. En otras palabras, busca proveer de mayor dinamismo al estancado mercado japonés y devolverle parte de su reconocida vitalidad. El primer ministro sabe que la introducción de reformas estructurales es indispensable para el futuro de la alicaída economía japonesa.

Parafraseando a Ludwig Erhard o a los propios liberales clásicos Japón se enfrenta a una clara disputa de intereses entre segmentos corporativos y actores que sustentan la transformación. Las reformas de Koizumi representarían, entre otras cosas, el traspaso de 280.000 empleados del sector público al privado, perdiendo la categoría de funcionarios del Estado. En un sistema verticalmente constituido, esto representa una afrenta intolerable. Lo que subyace en todo esto es, en realidad, la oposición hacia un sistema de mayor competencia, más abierto y menos burocratizado. Es a esto a lo que la Cámara Alta del parlamento japonés se opuso por 125 contra 108 votos.

El futuro parece incierto por dos motivos: porque Japón compromete gran parte de su consistencia económica –y capacidad de transformación- y porque un revés plebiscitario sacaría del poder al Partido Liberal Democrático, a cargo del gobierno desde hace 50 años. La opción no es sólo de índole económica sino también política. Lo que resta observar es cuán decidida se encuentra la sociedad japonesa para afrontar los cambios propuestos.