Por lo menos esa era la percepción. Que el influyente levantaba el teléfono, hablaba con su contacto en el gobierno, quien tenía la palanca para movilizar el aparato de seguridad y justicia del Estado. No sé (ni creo que existan los datos para saber) si esta percepción era verdadera o falsa. Si efectivamente se resolvían los delitos cometidos en contra de los influyentes. Pero el hecho es que había dicha percepción.
Hoy por hoy, esa idea está cambiando. No es que ahora pensemos que todos los ciudadanos, independientemente de nuestra condición socioeconómica, tenemos un acceso eficaz a la seguridad y la justicia. Desde luego que no. Eso sería una extraordinaria noticia. El problema es que, por lo menos en el ámbito de las percepciones, el Estado ya no resuelve ni los casos de los influyentes.
Ahí está, por ejemplo, el de Salvador Cabañas. El futbolista fue baleado el 25 de enero en un antro de la Ciudad de México. Las cámaras del lugar identificaron a su agresor quien, con toda tranquilidad, salió caminando. Se trata de José Jorge BalderasGarza, alias Jesús, El JJ o El Modelo. Días después de este ataque, un amigo me comentó que, por la importancia del caso, la policía lo detendría pronto. Al parecer muchos siguen pensando que para los influyentes sí hay justicia. Yo me mostré más escéptico. Dudé de que lo arrestaran pronto. Lástima que no apostamos porque han pasado cuatro meses y Balderas sigue prófugo.
Otro ejemplo es el de Diego Fernández de Cevallos. Han pasado 18 días desde que desapareció en su rancho de Querétaro. Poco se sabe. Al parecer, los secuestradores ya contactaron a los familiares para exigirles un rescate multimillonario. Eso reporta la prensa citando a “fuentes cercanas a la familia” del ex candidato presidencial del PAN. Lo cierto es que los parientes del JefeDiego solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que se retire de las investigaciones para no entorpecer la negociación con los secuestradores. Increíble: como la familia de este personaje influyente no confía en las instituciones del Estado, pues solicita su retiro. Y, más increíble aún, la PGR accede, aunque tenga la obligación legal de continuar con las investigaciones ya que se trata de la desaparición de una persona con la evidencia de que hubo violencia física, es decir, un delito que se persigue de oficio.
En el México priista también existía la percepción que el Estado sí resolvía los casos criminales cuando éstos ponían en peligro la fama pública de algún político importante. También se movilizaba a los mejores policías y fiscales. En el México actual, sin embargo, también esta percepción está cambiando.
Ahí está, por ejemplo, el caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara. Las autoridades judiciales del Estado de México movilizaron una gran cantidad de recursos para encontrar, nueve días después, el cadáver de la menor al pie de su cama. No he conocido a una sola persona que, en su sano juicio, crea la versión de la Procuraduría mexiquense que está por archivar este caso en definitiva. La percepción que quedará es que nuestras instituciones judiciales ya no resuelven ni siquiera los asuntos de gran exposición mediática y posibles consecuencias políticas negativas.
En conclusión, parece que finalmente la justicia se ha democratizado en México. La percepción es que hoy es igual de mala para todos.
