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20/10/2016 | Mexico - Jueces desprotegidos juzgan al crimen organizado en México

Leo Zuckermann

En México hay jueces que tienen que juzgar casos muy gordos, de presuntos criminales muy ricos y tremendamente violentos. Jefes de la delincuencia organizada que toda su vida han aplicado la ley de "plata o plomo". Y lo mismo tratan de hacer con sus juzgadores: o los sobornan o los amenazan. Me temo que el Estado mexicano está orillando a los jueces a que se dejen sobornar porque, al no protegerlos, no les queda otra más que agarrar la plata en lugar de que les metan plomo.

 

Vicente Bermúdez Zacarías, de 37 años de edad, se desempeñaba como juez Quinto de Distrito en materia de amparo y juicios civiles federales en el Estado de México. Como juzgador tomó decisiones relevantes relacionadas con distintos jefes del crimen organizado. Negó una suspensión al capo de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alías El Z40, uno de los hombres más violentos del país. Sobreseyó un amparo a Gildardo López Astudillo, El Gil, jefe de los sicarios de Guerreros Unidos, el grupo que presuntamente secuestró y mató a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Antes, como juez penal, había decretado el arraigo de Abigael González Valencia, El Cuini, uno de los lugartenientes más importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. También, decretó diversas medidas relacionadas con personas relacionadas con el jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Para aderezar más este impresionante palmarés de un abogado tan joven, el juez Bermúdez había presentado, según el periódico La Razón, una queja en el Consejo de la Judicatura Federal en contra de su antecesor en el Juzgado Quinto Federal, Jorge Arturo Porras Gutiérrez, y su esposa, Mayumi Guadalupe Sánchez, quien fungía como actuaria, por presuntas irregularidades en las notificaciones a reos en el tristemente famoso penal del Altiplano.

Es evidente que Bermúdez necesitaba la protección del Estado mexicano. Tan innegable que el lunes lo asesinaron en un operativo que fue grabado por una cámara callejera y donde se observa cómo lo ejecuta un matón profesional. ¿Cómo es posible que este juez no tuviera ni una sola escolta?

Tengo la impresión de que el número de escoltas se ha incrementado de manera importante durante este sexenio. Es común y corriente ver a funcionarios menores acompañados de los consabidos guaruras. No tengo idea de qué autoridad del Estado mexicano decide quién tiene derecho a recibir protección por medio de escoltas. Supongo que cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tiene sus propios protocolos y presupuestos. Si es así, pues el Poder Judicial de la Federación cometió el terrible error al no proporcionarle seguridad a un juez que a todas luces necesitaba protección por el tipo de casos que estaba juzgando. ¿Alguien en la Judicatura tenía claro que este juzgador tomaba decisiones relacionadas con personajes como El Z40, El Gil, El Cuini y El Chapo y que, además, había denunciado a su antecesor por presuntos actos de corrupción?

Claramente no. Se trata de una grave equivocación. El Estado está obligado a proteger a sus funcionarios más poderosos, pero también a los más vulnerables por sus actividades profesionales. En este sentido, el atentado en contra de Bermúdez tendrá una consecuencia muy negativa para el país entero: manda el mensaje a todos los jueces que juzgan a criminales peligrosos que más les vale dejarse sobornar que perder la vida porque nadie los está cuidando.

México no puede ser un país donde abundan las escoltas de gente que realmente no las necesita (sólo las tienen para presumir un supuesto "estatus") y de otros personajes públicos que carecen de este personal cuando deberían traerlo. Es hora de que las autoridades del Estado se tomen en serio el asunto de la seguridad nacional evaluando quién debe traer escoltas para bien de ellos y del país entero.

Excelsior (Mexico)

 



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