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28/11/2014 | A acabar con la corrupción y la impunidad política en México

Leo Zuckermann

Desconozco lo que va a presentar este jueves el presidente Peña Nieto. Ha trascendido que se tratará de reformas dirigidas para mejorar la seguridad pública. Hacer obligatorio, por ejemplo, el mando único en todos los estados de tal suerte que habría 32 corporaciones locales más la Policía Federal en el país. Todo eso está muy bien. Pero a mí también me gustaría ver medidas para combatir la corrupción gubernamental y la impunidad políticas. Reformas que toquen los poderosos intereses de los partidos que han pervertido a la República.

 

¿Estarán entendiendo bien en Los Pinos la coyuntura crítica actual? ¿Tendrán claro que están frente a una crisis de liderazgo y credibilidad no sólo del presidente sino del régimen político? ¿Estarán conscientes que lo que está en juego es el futuro y viabilidad de la endeble democracia mexicana?

Este jueves lo veremos. El tamaño de lo que presente el presidente reflejará si entendieron o no la gravedad del momento.

Bien dice Javier Tello que son muchas las cosas que están sucediendo a la vez pero que la suma de todas ellas es más que sus partes. Un tema común atraviesa todos estos asuntos que han nublado el panorama nacional (Tlatlaya, la huelga del IPN, Iguala, la Casa Blanca de la primera dama, la actuación policiaca en las movilizaciones del 20 de noviembre): la falta de un verdadero Estado de derecho. Ese es El Gran Tema, así con mayúsculas, que tendría que resolverse en nuestro país.

La pregunta, como dijimos hace unos días, es si la élite mexicana estará dispuesta a aceptar que resulta insostenible el Estado de privilegios que tanto los ha beneficiado; que, por tanto, es urgente transitar a un Estado de derecho donde todos los ciudadanos, los de la élite y los de a pie, sean tratados iguales frente a la ley. Eso incluye, desde luego, a la élite política, una élite que desde fuera se percibe como corrompida de arriba a abajo, de izquierda a derecha.

¿Va Peña Nieto a reconocer el error de la Casa Blanca y ofrecer disculpas? ¿Va el PRD a responsabilizarse de haber puesto a un delincuente como presidente municipal de Iguala? ¿Van los panistas a admitir los moches que han recibido sus diputados de ciertas partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación? ¿Va a haber un mea culpa de todos los partidos que han abusado de su poder comenzando por el jefe del Estado?

La opción es hacerse, una vez más, de la vista gorda. Actuar con una visión de “control de daños” más que de transformación histórica. Asumir que la corrupción e impunidad políticas no son temas que preocupan ni ocupan a la opinión pública.

Quizás eso digan las encuestas. Pero sería una mala lectura de ellas. Tan sólo pensemos en las posibles consecuencias de no resolver bien el caso de la Casa Blanca para el Presidente. Difícil imaginar, por ejemplo, que Peña Nieto y su esposa vayan una noche a cenar a un restaurante sin que los otros comensales les griten improperios. O que el Presidente asista a eventos públicos, donde no haya acarreados, sin que le chiflen. O que pueda acudir a una entrevista con un periodista independiente sin que le cuestionen preguntas incómodas por su relación con Grupo Higa y la casa de su mujer. ¿Es eso lo que quiere Peña Nieto para el resto de su sexenio? ¿Recluirse en Los Pinos, en públicos controlados y medios amigables? Ni qué decir cuando, en cuatro años, termine su sexenio: no poder salir a la calle por el miedo de que, como a López Portillo o a Salinas, lo abucheen.

Peña Nieto todavía está a tiempo de evitar un desenlace de este tipo. Pero esto pasa por entender la coyuntura crítica actual, reconocer los errores y tomar medidas muy audaces. El problema no es sólo de inseguridad pública: es de falta de un Estado de derecho y la urgencia de que las élites mexicanas renuncien a sus privilegios. Comenzando con los políticos que han comprometido la viabilidad del régimen democrático.

Excelsior (México)

 


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