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07/11/2014 | La economía del crimen en México

José Ramón Cossío D.

Tenemos la importante tarea de solidificar instituciones democráticas eficaces, mecanismos de prevención y sanción de los delitos

 

Prácticamente pasó desapercibida la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2014 (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los datos publicados revelan, como en las tres anteriores, la grave situación que continúa prevaleciendo en México en esas materias. Se calcula que durante 2013, en el país se cometieron 33,1 millones de delitos, con 22,5 millones de víctimas, equivalente a 1,5 delitos por víctima y una afectación al 33,9% de los hogares. Este último aspecto ha venido creciendo, desafortunada y consistentemente, al pasar del 30,4% al 32,4% y 33,9% en 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Lo mismo ha sucedido con el número de víctimas (24,3%, 27,3% y 28,2%) y el número de delitos (29,2%, 35,1% y 41,5%) a nivel nacional en cada uno de esos años. Del total de delitos cometidos, casi el 52% son robos en sus diferentes modalidades, muchos de ellos llevados a cabo con violencia.

Más preocupante aún que la cifra delictiva —si cabe— es la llamada “cifra negra” reportada en la Encuesta ENVIPE, la cual arrojó que en 2013 únicamente se denunció el 9,9% de los delitos, y de ellos sólo en el 62,7% de los casos se inició averiguación previa. Ello implica que de los 33,1 millones de delitos cometidos en el país en ese año, sólo en el 6,2% de los casos se inició investigación. Lastimosamente, en prácticamente la mitad de éstos no sucedió nada con la averiguación o la denuncia no fue resuelta. En la información levantada por el INEGI se destaca que tanto el número de denuncias como de averiguaciones previas han disminuido: las primeras cayeron del 12,3% en 2010 al 9,9% en 2013, y las segundas del 8% al 6,2% en los mismos años.

Por otra parte, resulta interesante comparar la encuesta (ENVIPE 2014) con otros datos disponibles del INEGI, por ejemplo con las cifras de procesados y sentenciados por el Poder Judicial. Según los datos de 2012, del total de personas que fueron puestas a disposición de un juez, el 84% fueron procesadas en el fuero común y 87,5% en el fuero federal. Asimismo, del total de personas sometidas a un proceso penal el 88% fueron sentenciadas en el fuero común y el 92,1% en el fuero federal. Lo que implica que si una persona es presentada ante un juez hay un 73,92% de probabilidad de que sea sentenciada en el fuero común y un 80,59% en el fuero federal.

La Encuesta del INEGI aporta muchos más datos. Podría tomar varias páginas más señalarlos, relacionarlos y compararlos. Sin embargo, con lo mencionado es más que suficiente para mostrar —con las cifras oficiales de una sólida institución nacional como es el INEGI— la mala situación que en el país se vive y, lo que no puede negarse viendo los números, su creciente deterioro.

Hace 45 años, Gary Becker publicó su artículo, que pronto se haría famoso, sobre lo que llamó “la economía del crimen”. Su hipótesis microeconómica resulta simple y atractiva. A pesar de lo que los legisladores suponen, los potenciales delincuentes no consideran para delinquir la sanción prevista en la ley, sino la relación entre la pena posible y la probabilidad de que la misma les sea efectivamente impuesta. Si con todos los problemas que se han identificado para el homo economicus, el delincuente entiende que la posibilidad de ser atrapado, investigado, procesado o sentenciado es baja, o que tiene altas probabilidades de burlar cualquiera de esas etapas procesales, entonces mantendrá altos incentivos para delinquir y seguir haciéndolo.

Así sea en el segmento especial del crimen, el delincuente se encontrará en un magnífico ambiente de negocios. Para seguir con las metáforas económicas neoclásicas, encontrará una oferta de “inversión” amplísima, un mercado no regulado, una alta rentabilidad y cosas por el estilo. Dadas estas condiciones, un individuo racional amoral encontrará absurdo no delinquir, pues el balance entre las potenciales ganancias y costos (sanciones) es positivamente alto.

Romper esas tristes condiciones pasa necesariamente por el establecimiento de un conjunto de cosas que, desde luego, no existen. No se puede repetir, casi como un mantra de la frustración y la desesperanza, “Estado de derecho, Estado de derecho”. Tampoco puede apelarse sin más a la solidaridad humana o a la civilidad, cuando es claro que por sí solas no son suficientes para aspirar al cambio. Lo único que puede hacerse es construir, lenta pero firme y continuadamente, un nuevo entramado institucional que, en el mundo de Becker, representa el medio para aumentar las probabilidades de castigo de los delincuentes. En el mundo ordinario, tenemos la importante tarea de solidificar instituciones democráticas eficaces, mecanismos de prevención y sanción de los delitos y, desde luego, condiciones de vida más igualitarias que las que imperan actualmente y que en mucho aumentan la delincuencia.

José Ramón Cossío D. es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. @JRCossio

El País (Es) (España)

 


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