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20/10/2014 | Violencia mexicana

Ian Vásquez

México debería ser la estrella de América Latina. Cuenta con un territorio y población enormes, es un país abundante en recursos naturales, goza de una gran riqueza y diversidad cultural, y es una democracia de mercado integrada como ningún país latinoamericano a la economía de EE.UU., con la que ha tenido un tratado de libre comercio por 20 años.

 

Pero su desempeño económico ha sido mediocre. Desde el 2000, creció en promedio un 2% anual, muy por debajo del promedio regional. Las reformas económicas de los noventa (de las que México fue pionero) fueron bastante limitadas —el país apenas ocupa la posición 91 en el índice de libertad económica del Fraser Institute— y se cometieron errores en el camino, por lo que México no ha podido aprovechar sus ventajas.

Uno de los problemas graves de México es que es, como dice el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, un país de cárteles. Y no solo de los narcos, sino de sectores importantes de la economía legal: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, educación, etc. Ya sea por monopolios estatales o protección del Estado, se han creado cuellos de botella y servicios deficientes o carísimos que han beneficiado mayormente a ciertos sindicatos, grandes empresas y al mismo Estado.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoce el atraso y ha introducido reformas prometedoras que abren los sectores energéticos y de telecomunicaciones a la competencia. Pero la agenda modernizadora de México está viéndose minada justamente por las políticas contra el narcotráfico y la violencia desaforada que sigue produciendo.

Al respecto, Peña Nieto prometió ser diferente que su antecesor, Felipe Calderón, quien declaró una guerra contra los cárteles de drogas, pero únicamente logró un incremento formidable en la violencia. Se estima que durante su sexenio murieron más de 60.000 mexicanos en la violencia relacionada a la guerra contra las drogas. La política terminó siendo poco popular y el gobierno actual ya no enfatiza el tema de la lucha contra el narco. No obstante, desde que Peña Nieto llegó al poder hace menos de dos años, se han atestado serios golpes a los cárteles, con la captura o asesinato de varios de sus líderes más importantes.

La reciente desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, sin embargo, ha recordado a todo el mundo que la política de Peña Nieto no ha eliminado la violencia ni la corrupción. Hace unas semanas, un grupo de estudiantes que viajaban en autobuses que habían tomado por la fuerza fue interceptado en la noche por la policía municipal del pueblo de Iguala, que procedió a dispararles y a detener a 43 de ellos. Parece que la policía actuó bajo órdenes de una banda criminal local a la que le entregó los estudiantes. El alcalde y el jefe de la policía han huido. En la investigación federal que prosiguió, se encontró una fosa común en la zona, pero resultó ser una atrocidad no relacionada a la de los estudiantes.

La decapitación de los cárteles de droga únicamente ha abierto paso a bandas más pequeñas de narcotraficantes que son los que ahora juegan un papel cada vez más preponderante. Sigue ocurriendo lo que el experto Ioan Grillo denomina la captura del Estado por los narcotraficantes: un proceso en que los criminales controlan a los políticos y autoridades locales, o se convierten en ellos.

El narcotráfico es un negocio más grande en México que en el Perú por estar a la puerta de EE.UU., y el problema mexicano es mayor porque la guerra contra las drogas ha sido más intensa allá. Pero preocupa los paralelos con el Perú y que nuestro país quiere intensificar sus políticas antidrogas, pues hasta que no se termine con la prohibición y sus incentivos perversos no se resolverá el problema de fondo.

El Comercio (Pe) (Perú)

 


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