Esta semana en Bogotá ha sido especialmente relevante. Se está tramitando en el Congreso una Ley de Víctimas en cuyo artículo 3 se hace una referencia al «conflicto armado»que vive Colombia. Es una ley en la que se iguala a todas las víctimas —sea quien fuere el que las provocó. Uribe ha salido lanza en astillero a arremeter contra la inciativa: dice que hablar de conflicto armado daría a las FARC unestatuto de beligerancia frente al de terroristas que tienen en la actualidad —y desde la Presidencia de Andrés Pastrana. Si ya es de por sí grave la discrepancia, la escenificación de la misma ha sido especialmente penosa. El lunes Uribe reunió a los portavoces de su Partido de la U para bloquear el proceso y varios comparecieron con él para denunciarlo. El martes, el presidente Santos comparecía con los mismos voceros y otros congresistas del Partido de la U además de altos mandos militares para discrepar del presidente Uribe y manifestar su voluntad de llevar la Ley de Víctimas adelante.

Desde hace meses crecen las evidencias de desacuerdos entre ambos dirigentes que se afanan por no demostrar discrepancia alguna. Pero el nerviosismo de Álvaro Uribe es creciente y la autonomía de vuelo de Santos queda probada cada día. Y para mayor desgracia, el listado de ex ministros y ex altos cargos de la Administración Uribe que están ante los tribunales prueba un auténtico cerco al uribismo. Al final va a ser cierto que el Partido de la U no era el Partido de Uribe.