La izquierda tiene miedo al nuevo presidente colombiano, Iván Duque. Su objetivo, incluso antes de que se confirmase su victorial el pasado 17 de junio, pero seguros ya de que era la voluntad inalterable del pueblo colombiano, era el de bloquearle políticamente antes de su posesión el próximo 7 de agosto. En estas páginas de ABC decíamos el 19 de junio que «el temor de muchos es que Santos aproveche estos casi dos meses que quedan hasta el traspaso del 7 de agosto para poner alguna última zancadilla a sus rivales políticos. Es difícil saber qué, pero no se puede descartar un uso pervertido de la justicia». Y ha ocurrido. El pasado martes, cuatro días después de tomar posesión de su curul como el senador con la mayor votación de la historia de Colombia, el presidente del partido de Duque, Álvaro Uribe, ha anunciado su renuncia por una indagatoria en su contra de la Corte Suprema de Justicia. Esa Corte de la que, tras dos mandatos, Santos ha hecho un traje a medida.

A Uribe se le ha abierto un proceso bajo acusación de manipulación de testigos. Y en la legislación colombiana una causa de detención preventiva es la manipulación de pruebas. Uribe puede acabar en la cárcel en breve. El caso es como sigue: un tal Juan Guillermo Monsalve sostuvo hace tiempo que en la hacienda Las Guacharacas, que gestionaba su padre, Álvaro Uribe y su hermano Santiago se reunían para planear delitos. Este Monsalve es un delincuente con múltiples condenas y su propio padre lo ha desmentido. A Monsalve lo ha visitado en la cárcel hasta 21 veces Iván Cepeda, senador y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado. Después de las visitas de Cepeda varias personas dicen a Uribe que Monsalve está dispuesto a retractarse y, por tanto, hay que reunirse con él. Se designa a varios congresistas y abogados para que lo vean. A otros les dan otras razones para hacer la visita a la cárcel de La Picota. Al abogado de Uribe, Jaime Lombana, le piden que vaya a ver al delincuente Enrique Pardo Harche. Cuando se encuentra con él en la cárcel de La Picota, Pardo le ruega que se reúna con Monsalve. Lombana se niega, pero ya queda registrada su visita a la cárcel en la que está Monsalve.

Algunos de los que fueron a ver a la cárcel a Monsalve u a otros presos tenían ya una imputación 48 horas después de haber visitado la cárcel. Algunos jueces los estaban esperando. Y, ¡oh, sorpresa! Monsalve tenía un aparato para grabar sus conversaciones, lo que la ley colombiana prohíbe tener en las cárceles. Según el senador -no uribista- Armando Benedetti, las conversaciones de Monsalve se graban con ayuda del MI6. ¿Quién dio la orden al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, dependiente de la Policía nacional, para que permitiese a Monsalve tener una grabadora?

El resultado de esto es que sólo a Uribe se le ha imputado por presionar a un testigo. Pero al senador Iván Cepeda, que se ha reunido con ese testigo veintiún veces, no se le ha acusado de nada. Porque el objetivo que tienen Santos y su Corte es bloquear la Presidencia de Duque desde su gestación. Al nuevo presidente no es que no le vayan a dar 100 días de cortesía. Lleva defendiéndose de innumerables ataques desde seis semanas antes de asumir el poder. Y su proyecto de reformar la Corte Suprema de Justicia está ya muerto. Después de este proceso contra Uribe ¿cómo va él a cambiar ni un ujier en la corte que persigue a su mentor?