La captura y posterior ejecución, este fin de semana, de siete rehenes occidentales a cargo del grupo islamista nigeriano Ansaru demuestra el crecimiento exponencial que experimenta el negocio de los secuestros en el país africano.
Ya a finales de febrero, la milicia armada Boko Haram revindicaba el rapto de una familia francesa al norte de Camerún, primera captura de ciudadanos extranjeros asumida por los rebeldes desde su formación hace más de una década.
Días antes, eran los islamistas de Ansaru, facción generada el pasado verano por exmiembros del propio Boko Haram, quienes habían abierto la trágica veda con la retención forzada de trabajadores pertenecientes a la empresa de construcción libanesa Setraco.
«Las reglas están cambiando. Ya no se trata tan solo de defender el Islam, también de financiarlo», asegura a ABC el analista local Kingsley Igbokwe.
Sin embargo, el interés no es nuevo. Al menos si excluimos de él al islamismo radical.
Ya a finales del pasado año, un informe de The African Insurance Organisation, institución que agrupa a las compañías de seguros regionales, designaba a Nigeria la capital mundial de los secuestros. El documento denunciaba cómo el país africano contabiliza ya el 25% de todos los raptos a nivel mundial.
Para Igbokwe, el negocio de los secuestros en este Estado tiene su origen en enero de 2006. En aquel momento, el grupo rebelde Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (Mend) iniciaba una demoledora campaña en el sur del país contra intereses petrolíferos occidentales.
No en vano, el propio Gobierno nigeriano reconoce que, en solo dos años, el grupo ingresó cerca de 80 millones de euros en rescates.
Y la situación parece continuar, a pesar de los importantes golpes asestados contra este negocio en los últimos tiempos: Primero, la exitosa amnistía general decretada, en 2009, contra los milicianos del Delta del Níger. Y segundo, la muerte, en diciembre de 2010, a manos de las Fuerzas Armadas nigerianas de Obioma Nwankwo «Osisikankwu», líder de uno de los principales sindicatos del crimen del Estado sureño de Abia.
Locales y extranjeros
En este sentido, el último chantaje a ciudadanos occidentales en el Delta del Níger data del pasado mes de diciembre. Entonces, la firma surcoreana Hyundai pagaba un rescate (presuntamente) de 150.000 dólares para liberar a seis trabajadores secuestrados.
Ese mismo mes, la madre de la ministra de Finanzas nigeriana, Ngozi Okonjo-Iweala, era también liberada tras cinco de secuestro por una banda de delincuentes comunes. A fecha de hoy todavía se desconoce si se realizó algún pago.
Así que ante éxito económico, no resulta extraño que los grupos islamistas nigerianos pongan ya su punto de mira en este negocio. Antes los hicieron sus colegas de Al Qaida en el Magreb Islámico:
El año pasado, David Cohen, del Departamento del Tesoro estadounidense, calificaba este tipo de extorsiones como «la amenaza más significativa en la financiación del terrorismo».