Álvaro Uribe es hijo de una familia acomodada y prominente, su padre fue un próspero finquero y su madre una activista que primero luchó por el derecho de las mujeres al voto y luego fue senadora. Estudió leyes en Colombia y realizó posgrado en Harvard y Oxford. Si bien no es propiamente un miembro de la aristocracia, incluso antes de ser presidente ya era un miembro destacado de la clase política de su país, ocupó cargos relevantes en la administración pública y ganó posiciones de elección popular, fungiendo primero como alcalde de Medellín, luego como senador de la república y más tarde fue gobernador de Antioquía.

Hugo Chávez es apenas dos años más joven que Uribe, con antecedentes familiares y profesionales bien distintos. Hijo de maestros de primaria, Chávez optó por la carrera militar y alcanzó sus grados académicos y sus galones en la academia militar venezolana, de donde egresó como ingeniero, alcanzando poco después el rango de teniente. La carrera política de Chávez se dio por otras vías: mientras ascendía en el escalafón hasta llegar a ser teniente coronel, se unió a un grupo de oficiales en lo que llamaron el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que pretendía reformar a las fuerzas armadas y que llevó al fallido intento de golpe de Estado en febrero de 1992.

Mientras Uribe era senador, Chávez pasó dos años en la cárcel pagando la sublevación, pero salió libre y con renovados bríos para enfrentarse al sistema que él veía como el responsable de la debacle venezolana: un bipartidismo en que poco se notaban las diferencias entre las fuerzas políticas dominantes y niveles de corrupción e ineficiencia que habían hecho del sueño venezolano una pesadilla. Al mismo tiempo, Álvaro Uribe veía con preocupación cómo su propio país se desgarraba en una cruenta e interminable guerra contra la guerrilla y el narcotráfico.

La rivalidad que se tornó odio entre ambos no se debe sólo a sus biografías, pero sirve conocerlas para entender mejor el mutuo desdén con el que se tratan y la incapacidad de cada uno para entender al otro a lo largo de ocho años en el poder de Uribe y 11 de Chávez, hasta llegar al punto en que nos encontramos hoy: la denuncia formal del gobierno de Uribe de que Venezuela alberga guerrilleros colombianos en su territorio, el indignado desmentido de Chávez y su decisión de romper relaciones diplomáticas, la escalada retórica que le ha seguido, la intermediación de varios países de la región y los temores crecientes de que lo que bien pudo ser un desplante seguido por una temeridad pueda desembocar en un choque armado.

No dudo ni por un momento de la capacidad de las FARC y el ELN para infiltrarse en territorio de países vecinos a Colombia, como ya pasó en Ecuador, ni tampoco de las simpatías que por diversas razones puedan tener con esos movimientos guerrilleros/terroristas algunos miembros del gobierno de Chávez o hasta el presidente venezolano mismo. No me sorprendería tampoco que sus afanes bolivarianos le hayan hecho pensar que es válido apoyar a movimientos armados en otras naciones, como si esta fuera la América Latina de los sesentas y del Che Guevara.

Pero hay algo que no huele del todo bien en la denuncia del gobierno de Uribe a menos de un mes de que termine su presidencia. Independientemente de la veracidad o no de las muy graves acusaciones, me llama la atención que un presidente saliente quiera colocar a su sucesor ante hechos consumados en la de por sí tensa y compleja relación con su vecino incomodo. Los presidentes lo son hasta el último día de su mandato, es cierto, pero la responsabilidad y la decencia dictan que toda acción que pueda tener repercusiones de largo o mediano plazo sea seriamente considerada, consultada incluso, y no parece ser el caso aquí.

Ojalá las reacciones y sobrerreacciones de los presidentes antagónicos no lleven a un escenario que nadie salvo ellos puede ni debe desear…

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