El Estado colombiano comparece ante la CIDH por 30 años de persecución, bajo cinco presidentes, del colectivo de abogados CAJAR. ¿Es la persecución política en Colombia una política de Estado?.
"Una jurista de nuestro Colectivo de Abogados Alvear
Restrepo (CAJAR), madre de una niña, recibió una vez en su casa un paquete con
remitente desconocido. El contenido: una muñeca descuartizada. En un escrito
adjunto la amenazaban: 'Usted tiene una hija muy linda, ¡Cuídela!'”, narra a
DW, Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo.
Este hecho ocurrió en mayo de 2005. La familia amenazada
tuvo que exiliarse en otro país, pero "las agresiones contra los abogados
en Colombia se cuentan por cientos”, agrega la jurista desde la sede la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José de Costa Rica.
"Quienes desde hace 30 años persiguen de esta y
muchas formas a los defensores de los defensores de derechos humanos no son
grupos al margen de ley, es el mismo Estado colombiano, son, a menudo, las
mismas Fuerzas Armadas”, apunta la abogada Ortegón, especialista en Derecho
Constitucional y Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia.
Estos 12 y 13 de mayo, la CIDH ha llevado a cabo
audiencias sobre la persecución que sufren los miembros de CAJAR, en las que
los jueces podrán escuchar testimonios de testigos y peritos, así como los
argumentos orales finales de la representación de las víctimas y del Estado
colombiano. Ningún funcionario del Estado ni del Gobierno colombiano ha
atendido el pedido de DW, que busca obtener la esencia de su postura ante la
demanda.
Hito en la defensa de víctimas ante entes de la OEA
Esta es la primera vez que una organización defensora de
derechos humanos logra llegar a esta instancia en calidad de víctima, dice el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización
latinoamericana que ejerce como representante de las víctimas.
Según CEJIL, el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo ha sido víctima de "amenazas, atentados, exilio, campañas de
desprestigio, estigmatización, torturas y hostigamientos realizados desde
organismos del Estado”.
"Mis hijos no tuvieron una vida normal, como tampoco
la tuvieron los hijos de muchos colegas presentes. No teníamos vida pública, no
podiamos caminar por la calle", expresó ante la CIDH Alirio Uribe, abogado
de CAJAR, en la primera audiencia transmitida en vivo por You Tube.
Práctica violatoria a lo largo de cinco gobiernos, hasta
hoy
Se trata de una práctica violatoria que involucra a todos
los gobiernos desde la década de los años 90. "Los perseguidores se
ensañaron primero con ciudadanos como Alirio Uribe Muñoz, y luego eso se
expandió a todo el colectivo de abogados”, explica a DW la presidenta de CAJAR,
quien agrega que "todos los gobiernos, desde el del presidente Ernesto
Samper, pasando por Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y
el de Iván Duque, han estado implicados en los abusos”.
¿Estamos ante la persecución como política de Estado, que
asume el gobierno de turno? "La persistencia de estas prácticas ilegales
se mantienen dentro del Estado colombiano y, a pesar de los esfuerzos, no han
sido superadas” dice a DW el analista del conflicto interno Luis Eduardo Celis,
quien precisa que "en Colombia hay actores estatales, muchas veces aliados
con criminales, con el fin de hostigar y perseguir”. El professor Celis pone en
contexto que "las escuchas ilegales que miembros de las Fuerzas Armadas
hicieron a los principales actores durante las negociaciones del Acuerdo de Paz
evidencian las dimensiones de esta práctica ilegal”.
El CAJAR es una organización surgida hace 40 años para
asistir jurídicamente a los "presos politicos” en Colombia, pero que la
mayor parte de su existencia ha sido objetivo de las fuerzas de seguridad.
Colombia, ¿una democracia cooptada?
Colombia es una democracia constitucional, ¿por qué
persiste entonces la persecución de abogados y líderes sociales, casi como en
un Estado no demócratico? Es por "falta decisión política en el interior
del Estado. Todavía hay muchas mafias y acciones irregulares dentro de las
instituciones de seguridad colombianas, llámense Ejército, Policía, o la misma
Fiscalía. Hay muchos de sus miembros que actúan de manera abiertamente ilegal”,
es la conclusión del analista.
Pero aparte de la conducta "criminal” de algunos
funcionarios, el profesor Celis considera que, en el fondo, el problema radica
en que las élites gobernantes y los estamentos de seguridad de Colombia siguen
aferrados a las doctrinas políticas de la Guerra Fría: "O sea, aquí
todavía persiste la idea del enemigo interno, y creen tener que acallar a la
oposición, impedir toda acción de derechos humanos y demonizar la lucha
social”.
La lucha contra la corrupción es castigada con
persecución
La presidenta de CAJAR coincide con el profesor Celis, y
agrega que "la persecución contra un colectivo como CAJAR, que defiende a
víctimas del abuso estatal, es persecución estatal”, recordando que habla
"de Colombia, un país en donde cada año son asesinados unos 100 líderes
sociales”.
Los especialistas de CAJAR han representado a víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales,
llamados "falsos positivos”, desaparición forzada, masacres, y han ganado
muchos litigios. "Esto significa que hemos logrado que se condene a
generales y coroneles de la República. Estamos adelantando el juicio contra el
expresidente Álvaro Uribe Vélez por los falsos testigos que quiso introducir en
el caso del diputado Iván Cepeda”, resume la presidenta de CAJAR, quien
concluye que "se nos persigue porque hemos logrado develar la criminalidad
estatal”.
Ser perseguidos por desempeñarse como un/a abogado/a, es
una experiencia que la lleva a la siguiente conclusión: "Aunque haya
elecciones, Colombia es una democracia de cascarón".