La represión de la protesta de las comunidades locales ante proyectos mineros está alcanzando niveles preocupantes. Aquí una radiografía a la conflictividad minera en la región.
Con su abundancia y variedad de minerales, América Latina
atrae gran parte de la inversión y explotación a nivel mundial. De acuerdo con
datos de la CEPAL, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero
de hierro, México el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de
plata, cobre, oro y plomo. En la región se encuentra además el 61% de las
reservas de litio.
Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las
exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera,
casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la
zona con más conflictos socioambientales de explotación minera.
"La falta de apoyo de las comunidades locales a los
proyectos mineros es un hecho innegable y uno de los problemas más graves que
enfrentan las empresas mineras en la región”, dice a DW César Padilla,
coordinador general del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
(OCMAL).
En opinión de Susanne Friess, asesora en minería y
desarrollo sostenible de Misereor, "la actividad minera tiene un alto
impacto sobre el acceso al territorio y recursos como el agua. En muchos casos
las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge
ya en el momento en que la empresa pide la concesión”.
El rechazo se manifiesta de distintas formas, desde
expresiones en medios de comunicación, protestas, acciones legales o consultas.
No solamente contra los nuevos proyectos, sino también ante los ya existentes.
Estas manifestaciones se enfrentan con la represión, el atropello a los
derechos humanos, la criminalización y judicialización de la protesta.
Defensores y representantes de las comunidades sufren las
consecuencias, que van desde amenazas, amedrentamiento, persecución, secuestro,
condenas judiciales y diversas formas de violencia, incluida la muerte.
Bomba de tiempo
Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en una zona
agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, donde la comunidad se ha levantado
desde hace años para expresar su rechazo. En la represión de las protestas han
muertos siete personas en diferentes incidentes en los últimos años. "En
Perú, la minería es una de las actividades que más conflictos genera y como es
muy abundante, va también acompañada de numerosos conflictos”, dice Padilla.
Junto con la abundancia de minerales, Latinoamérica
ofrece atractivas condiciones para las empresas. En el ranking del Instituto
Fraser de los países más atractivos para la exploración y la inversión, por sus
características geológicas y las políticas de sus gobiernos, Chile -único con
sistema de concesión plena- figura en sexto lugar a nivel mundial y a la cabeza
de los latinoamericanos. Perú escala año a año posiciones.
Las comunidades, en tanto, están en alerta ante amenazas
al medio ambiente, contaminación, problemas de competencia por el uso de agua y
suelo, y destrucción de zonas protegidas. "Las comunidades se quedan sin
agua o el agua está contaminada. Además, la minería necesita acceder al
territorio y surgen problemas de poca claridad de los títulos”, aporta Friess.
Zonas agrícolas ven amenazada la salud y su medio de
subsistencia. En Las Bambas, en la región del Cusco, Perú, las autoridades
sanitarias no han respondido adecuadamente ante la grave situación de
contaminación por metales pesados, alerta OCMAL.
La enorme cantidad de desechos y movimiento de tierras
que genera la minería es otra causa de rechazo. "Los desechos generan cada
vez más problemas y preocupación. Los casos de Mariana y Brumadinho, en Brasil,
no son únicos. Hay muchos otros en que los desechos mineros se han convertido
en una bomba de tiempo ambiental y social”, dice Padilla.
Friess observa además que "la mayoría las
comunidades que están en torno a proyectos mineros no obtienen muchos
beneficios. A veces reciben algún pago, que con el tema de la corrupción
tampoco llega a todos o no se distribuye bien”.
Una lucha desigual
"En América
Latina la lucha se da entre empresas mineras muy poderosas y comunidades con
posibilidades muy limitadas. Es una lucha entre David y Goliat. Las comunidades
se sienten discriminadas por parte de la empresa y el Estado, y tienen que
pagar el precio por una política de aprovechamiento de materias primas de la
que ellos son los que menos se benefician”, señala Friess.
La experta explica que "junto con problemas por el
acceso al agua y la tierra, está la falta de participación de la comunidad en
todas las etapas del proceso. No pueden opinar sobre nada, más bien tienen que
someterse a decisiones que otros toman y, conociendo muchos otros casos en su
región o país, no están dispuestos a pagar ese precio sin una lucha”, dice
Friess.
A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos mineros
en América Latina, la mayoría (112) en Chile. Allí también se observa la mayor
cantidad de conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al igual que en
Colombia, la conflictividad se ha intensificado en el último tiempo. Estudios
de OCMAL registran un alza de la criminalización de la protesta, con los
mayores casos en Perú, México, Guatemala, Ecuador y Colombia.
Capitales extranjeros y doble estándar
A excepción de Chile, que mantiene la empresa estatal
Codelco, en la mayoría de los países las mineras han pasado a manos de empresas
privadas transnacionales. Canadá, seguido del Reino Unido, es el principal
inversor en minería metálica y en los últimos años se observa la irrupción de
capitales chinos, con cierta relevancia en Perú, Chile y México.
"Canadá mantiene un doble discurso de respeto a los
derechos humanos, un discurso vacío, pues no se hace cargo de los efectos que
producen sus empresas mineras y ha ido construyendo una deuda en términos
ambientales y sociales”, dice Padilla.
Un caso emblemático es el de Mariano Abarca, opositor a
la minera Blackfire en México, "quien pidió protección en la embajada
canadiense y denunció las amenazas que estaba profiriendo una empresa minera de
ese país, pero ni la embajada ni el gobierno hicieron nada y fue asesinado”,
relata Padilla.
Según el experto, "lo que una empresa minera
extranjera deja en un país, en términos de impuesto a la renta y otros, es
muchísimo menor de lo que se debiera invertir en reparación y en protección
ambiental. El saldo final para el patrimonio ambiental y social es negativo”.
El coordinador de OCMAL apunta también a la
responsabilidad de los estados al firmar acuerdos y tratados comerciales que
favorecen a las empresas por sobre el impacto que la extracción minera tiene en
la sociedad y el ambiente.
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