En la última semana hemos tenido la prueba del algodón.

Barack Obama ha anunciado que renuncia a cualquier financiación pública de su campaña. Eso en el pasado sólo lo habían hecho candidatos -la mayoría de las veces republicanos- como el alcalde Bloomberg de Nueva York, que tienen tanto dinero propio que cree absurdo ponerse límites.

 Ahora se suma uno de izquierda que recibe tal apoyo que ha preferido desdecirse de su promesa del año pasado, cuando las contribuciones corrían hacía Hillary Clinton. Entonces decía que él se adhería a los estrictos límites regulatorios que conlleva la recepción de dinero público.

El 19 de junio dio un giro radical. Ahora es el candidato del gran capital. Decir -como nos recuerda «The Economist» esta semana- que su campaña está lanzada por 110.000 ciudadanos «que han declarado su independencia de un sistema quebrado al respaldar la primera elección presidencial verdaderamente financiada por el pueblo» representa «la audacia de una patraña». Porque durante años Obama ha sostenido que las campañas financiadas por el contribuyente impiden que el candidato sea rehén del donante privado.

A mayor muestra de estar sobrado, como paso previo al acto del pasado viernes en Unity, New Hampshire, en el que los Clinton le dieron su respaldo, Obama ha pedido esta semana a sus seguidores que ayuden a pagar las deudas en las que incurrió la campaña de Hillary Clinton contra él. Esto ya se hacía en la España del siglo XIX. Pero don Francisco Romero Robledo, ministro de Gobernación de Alfonso XII, ganaba más elecciones y resultaba -con mucho- más discreto.

Tal vez nuestra izquierda quiera preguntarse por qué el gran capital apoya a su candidato.