«El Estado renunció a ejercer el control del tráfico de drogas en los puertos argentinos». La afirmación pertenece a Leandro Despouy, Auditor General de la Nación, equivalente al Tribunal de Cuentas español. La sentencia se explica porque, «deliberadamente» –asegura- no se hacen controles y hasta los escáner de las aduanas carecen de dispositivos para «detectar» estupefacientes.

Las denuncias de Despouy están recogidas en un informe de la Auditoria General de La Nación redactado después de inspeccionar, entre otros, los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo, entre julio del 2010 y del 2011. Los equipos, «no detectan la diferencia entre sustancias orgánicas e inorgánicas. Con lo cual es uno de los aspectos principales que habilita la posibilidad de la exportación de drogas sin ningún tipo de control», denuncia Despouy.

En la presentación del informe, demoledor, el Auditor General no recurrió a eufemismos para atribuir la máxima responsabilidad al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la presidente que ocupa la Casa Rosada desde mayo del 2003, cuando su difunto marido, Néstor Kirchner, llegó al poder. «Hay una vocación deliberada –insiste Despouy- de transformar los puertos en zonas totalmente libres de control, facilitando que Argentina sea uno de los países sindicados como de menor control pero, al mismo tiempo, uno de los principales exportadores de drogas del mundo». Despouy apuntaba a un informe reciente de Naciones Unidas que colocó a Argentina en el tercer puesto de países distribuidores de cocaína del mundo.

Carencias «deliberadas»

Entre las carencias, «deliberadas» según Despouy, de los puertos, figuran: Problemas informáticos, ausencia de sistema de «back up» de las filmaciones, falta de personal y ninguna presencia de perros adiestrado para detectar drogas.