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14/04/2013 | Argentina - «Kirchner pretende recortar el derecho a ser protegido frente al poder del Estado»

Carmen de Carlos

La oposición argentina denuncia la politización que está teniendo la Justicia durante el gobierno de Cristina Fernández.

 

Para la oposición se trata de un intento de «eliminar la justicia». Para la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es, sencillamente, un paso adelante con el fin de «democratizar la justicia». Las diferentes visiones tienen como eje un paquete de proyectos de ley que apunta –en sus aspectos más polémicos–, al aumento y designación, por el voto popular, de los integrantes del Consejo de la Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial), al establecimiento de severos límites para la presentación de recursos de amparo o medidas cautelares y a la creación de una tercera instancia judicial previa a la Corte Suprema.

El primer paso para su aprobación se dio el miércoles en el Senado, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales, con mayoría oficialista y en ausencia de la oposición, la aprobó. El debate, la próxima semana, promete ser duro en el Congreso pero el Gobierno tiene mayoría en ambas Cámaras.

«La propuesta modifica la composición del órgano que se ocupa de la designación de jueces y de sus destitución», observa el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Christian Alberto Cao. «El Consejo de la Magistratura fue modificado hace seis años por el ex presidente Kirchner. El tema más polémico establece que los jueces que forman parte de dicho órgano serán “elegidos por el Pueblo de la Nación por medio de sufragio universal”». Además, continúa, «esos “jueces candidatos” deberán postularse en forma simultánea con las elecciones generales nacionales en las cuales se elijan presidente y aplicando el sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias».

Politización del Poder Judicial

Esta parte de la ley, a juicio de la oposición, significa la politización de hecho del Poder Judicial, que quedaría en manos del Gobierno de turno y el fin de su independencia. Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR), protestó, «los únicos con capacidad para destituir a un juez son los jueces, abogados y legisladores. No científicos ni académicos. Ellos (el Gobierno) han cambiado esto» y al hacerlo, asegura «están convirtiendo la República en una monarquía».

Morales apuntaba a que, de aprobarse la ley, sus futuros integrantes podrán ser académicos de Ciencias Exactas, Físicos o, por dar ejemplos ajenos a la Judicatura, arquitectos con atribuciones para cesar a los magistrados que se sometan a juicio político. Pero, además, estos saldrán de las papeletas que vote «el pueblo» y que, inevitablemente, irán adosadas a un partido político. La imparcialidad, entonces, será un espejismo.

El diputado peronista y exembajador de Kirchner en México, Jorge Yoma, apunta a otro aspecto de la ley. «Derogar virtualmente el recurso de amparo es anticonstitucional» y hacerlo, «es fascismo, de Mussolini, de Hitler y de Franco». Yoma lamenta que la presidenta haya «abandonado sus convicciones en el baúl de los recuerdos…Vive reconociendo los derechos humanos y deniega la acción de amparo». Con buena memoria se refiere a la reforma judicial de hace seis años del kirchnerismo. Cristina Fernández defendía entonces lo contrario de lo que ahora dispone.

La iniciativa del Gobierno limita las medidas cautelares exclusivamente al sector privado y únicamente las acepta contra el Estado cuando, «se ponga en juego la vida, la salud o el carácter alimentario de una persona». En cuyo caso, «no podrá superar los seis meses».

Protección frente al Estado

Cao reflexiona, «se pretende recortar uno de los derechos fundamentales que tienen las personas en Argentina, el derecho a ser protegido efectivamente por los jueces frente a la institución política más poderosa: el Estado». Asimismo, considera el proyecto de creación de tres Cámaras de Casación como, «un nuevo eslabón en la cadena de órganos judiciales que puede intervenir para resolver un litigio judicial, bajo el argumento», y cita textualmente el proyecto, de «intentar descomprimir, el cúmulo de tareas que retrasan la labor del Alto Tribunal». Sin embargo, observa, «en lo que tiene que ver con la solución a las demoras de los procesos judiciales, el proyecto redundará en lo contrario».

ABC (España)

 


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