La Corte, ahora con un nuevo presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se prepara para indagar circunstancias del caso Lydia Cacho y la responsabilidad del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres. Lo positivo es su disposición a investigar no sólo al político sino adentrarse en la pesquisa alrededor de si el mandatario ejerció presiones indebidas sobre el Poder Judicial local, incluso si en este hubo corrupción para actuar en contra de la escritora y periodista, quien denunció al maquilador de ropa de mezclilla Kamel Nacif Borge y a otros personajes en una turbia historia de explotación sexual de menores.

Con independencia del debate jurídico acerca de la validez o no de la prueba ofrecida por grabaciones ejecutadas sin orden judicial, hay elementos suficientes para reabrir el caso y contundencia entre las opiniones vertidas por expertos en Derecho en cuanto a lo deseable que resulta hacer una revisión exhaustiva e integral de lo que pasa a nivel de juzgadores locales.

Los contubernios, las prebendas, las presiones, y por tanto la corrupción se inician en este espacio local desde donde se pervertiría de origen la impartición de justicia.

La Suprema Corte indagará, pues, si hubo una indebida acción judicial en perjuicio de la periodista, si el poder del Ejecutivo poblano doblegó al Poder Judicial y si se la violentó, en detrimento de una de las libertades civiles más apreciadas, la de expresión.

La máxima autoridad jurídica del país se acercaría así a un caso concreto, humano, tangible, alejándose de las disputas abstractas entre poderes políticos o económicos, que sus críticos señalan que ocupan mucho de su tiempo.

El episodio Cacho explica mucha de la justificada preocupación internacional por el riesgo con el cual los periodistas mexicanos ejercen su profesión, víctimas de los cárteles de la droga y de las bandas del crimen organizado, pero de igual manera de centros de poder político.

Estas agresiones y la impunidad de que se acompañan son exactamente lo que redundó en la caída de México en el Índice de Libertad de Freedom House.

En el continente americano, Colombia, Venezuela y México registran ambientes poco propicios para el ejercicio del periodismo. En 2006, en México cuatro periodistas fueron asesinados y uno desaparecido. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la cual está afiliado EL UNIVERSAL, ha reiterado su demanda de que los asesinatos sean esclarecidos.

El interés del Poder Judicial de la Federación en reabrir el caso Cacho puede enviar una señal esperada que coincide con la urgencia de limpiar los cimientos de la impartición de justicia, sin la cual ningún progreso es posible.