Por otra parte considera insostenible la situación de las finanzas públicas y considera inviable la recuperación sin reformas estructurales profundas, es decir, sin una agresiva liberalización de los mercados de factores y de productos. Este diagnóstico asumido por el grueso de los economistas choca ante la falta de voluntad política del gobierno de ir por ese camino. En un contexto de esas características y ante un probable shock del sistema financiero, léase cajas de ahorro, a lo largo de 2010, el escenario es estremecedor. Lo es aún más si se tiene en cuenta las altas posibilidades de que España se vea contagiada por una potencial crisis de la deuda griega. Este escenario de riesgo no ha desaparecido. Por el contrario cobrará una extraordinaria virtualidad en los próximos meses.

De entrada, el plan de austeridad presentado por las autoridades helenas es dudoso que logre conseguir sus objetivos: restaurar la solvencia del país. Su contenido reposa más sobre el aumento de los impuestos que sobre el recorte del gasto público y no introduce medida alguna que estimule la competitividad, la flexibilidad y el dinamismo de la economía en el horizonte del corto y del medio plazo. En consecuencia es improbable que Grecia cumpla los objetivos fiscales y presupuestarios establecidos por su gobierno,  se vea inmersa en un largo período de recesión/estancamiento y sea incapaz de hacer frente a sus obligaciones como deudor. Si esto sucede, los demás Estados del Club Mediterráneo —Portugal, España e Italia— tienen serias opciones de verse contaminados, tendrán serias dificultades para refinanciar sus elevados niveles de endeudamiento y, por tanto, encararán problemas de solvencia.

En contraste con Grecia, España, Italia y Portugal, el programa de consolidación presupuestaria presentado por Irlanda en diciembre de 2010 muestra cual es la vía para evitar una crisis de deuda, recuperar la confianza de los mercados y restaurar las bases del crecimiento. El gabinete irlandés ha apoyado su estrategia de saneamiento en el recorte del gasto público sin tocar al alza los impuestos. Además, la composición de las reducciones del gasto se han aplicado en los capítulos que la teoría económica y la evidencia empírica demuestran que son imprescindibles para hacer viable y creíble un plan de saneamiento financiero del Estado: los salarios del sector público, las partidas del Estado del Bienestar que incluyen educación, sanidad, prestaciones por desempleo, y los gastos corrientes.

Desde esa perspectiva, la posición de España se sitúa en el peor de los mundos imaginables. Por un lado no existe ningún plan consistente que permita augurar una disminución o, al menos, una contención del endeudamiento de las Administraciones Públicas. Por otro, el gobierno socialista ha rechazado de plano introducir recortes en aquellos programas de gasto que hacen viable y creíble cualquier plan de saneamiento fiscal y presupuestario. También se niega a liberalizar los mercados de productos y el laboral sin lo cual es imposible volver a la senda del crecimiento. Por último ha puesto en marcha una subida del IVA que, en un entorno recesivo, sólo sirve para disminuir el consumo y, por tanto, para deprimir más la economía. En suma ha aplicado todas las medidas que hacen imposible disminuir el binomio déficit/deuda y salir de la crisis. Esta aseveración es indiscutible tanto en términos teóricos como prácticos.

Pero ahí no terminan los males de la economía nacional. El conjunto del endeudamiento público y privado de España está en los contornos del 230 por 100 del PIB y habrá de refinanciar a lo largo de 2010 alrededor de 400.000 millones de euros. En una economía en caída libre, sin expectativas de reactivación y sin una política capaz de poner orden en el caos, el riesgo de solvencia del país corre el serio riesgo de acentuarse y generar una situación insostenible. En otras palabras, existe la amenaza real de un súbito recorte de los fondos recibidos por la economía española y, con ello, la materialización de un panorama a la griega. Aunque eso no fuese así en lo referente a la deuda pública, extremos poco probable, sí lo es respecto a las necesidades de financiación del sector privado y, en concreto de las entidades financieras.

Las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda española y la persistencia de la recesión van a complicar de una manera extraordinaria la capacidad de buena parte de las cajas de ahorro de refinanciarse. Esta situación se agrava en un marco de paulatina retirada de las medidas extraordinarias de liquidez articuladas por el BCE a raíz de la crisis económico-financiera iniciada en el verano de 2008. En este supuesto, España se verá abocada a un tsunami que afectará a una parte sustancial de su sistema financiero cuando el resto de los países de la Eurozona, incluidos PIIGS como Irlanda y Grecia o bien ya han resuelto sus problemas bancarios, el caso irlandés, o bien no se ha producido todavía un deterioro sensible de la calidad de los activos, caso griego. Esto significa que, en términos relativos, España es la economía más vulnerable del Club Mediterráneo a cualquier shock externo o interno.

Aunque resulte poco “patriótico”, el hecho es que la posición económico-financiera de España adquiere tintes dramáticos, por no decir de tragedia griega. La recuperación ni está ni se la espera y las perspectivas de una crisis de deuda unida a una financiera se convierten en hipótesis cada vez más reales. Entre tanto, el gobierno sigue inmersos en una esquizofrenia de activismo y parálisis, no son términos contradictorios aunque sí paradójicos, en espera de un milagro que no se producirá.