Esa misma polémica se ha extendido al resto de los países que han optado por estrategias similares a la del gobierno estadounidense para afrontar la crisis. El frente contra las acciones presupuestarias expansivas es muy amplio y en él juegan un papel estelar los denominados economistas neokeynesianos. Al igual que los viejos keynesianos, éstos aceptan la existencia de rigideces de precios y salarios en el corto plazo que dificultan el ajuste del mercado a las fluctuaciones de la economía; a diferencia de ellos incorporan un aspecto fundamental a la hora de evaluar la efectividad o no de las políticas keynesianas destinadas a “cebar” la demanda: su impacto sobre las expectativas de las empresas y de las familias. La ignorancia de ese aspecto ha sido uno de las fallas básicas de los modelos keynesiano tradicionales, incluido el que soporta la actual estrategia del gabinete Obama.

En un reciente trabajo, Cristina Romer, Presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia y Jared Bernstein, Economista Jefe de la Oficina del Vicepresidente, han puesto números al efecto del incremento del gasto público estadounidense sobre el Producto Interior Bruto y sobre el empleo. De acuerdo con su modelo, un aumento de los desembolsos gubernamentales del 1 por 100 del PIB induciría un crecimiento del PIB real del 1,6 por 100. Al mismo tiempo asumen que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés en sus actuales niveles durante los próximos dos años. Este enfoque, típico de la más rancia vulgata keynesiana resulta poco realista y adolece de una extraordinaria fragilidad teórica y empírica. Es contrario a todo lo aprendido por los economistas en los últimos cuarenta años y, curiosamente, es defendido por personas como Cristina Romer que han mostrado siempre una desconfianza profunda hacia él.

Como Thomas Sargent y Neil Wallace demostraron hace más de treinta años, el mantenimiento de una política monetaria como la esperada por el tándem Romer-Bernstein activa las expectativas de inflación y termina por dar lugar a una espiral alcista del nivel general de precios. Por otra parte, una elevación permanente de la participación del gasto público en el PIB acaba por aumentar los tipos reales de interés. Este es el mecanismo por el cual otros componentes del gasto (consumo, inversión y exportaciones netas) se reducen cuando los desembolsos del gobierno crecen. Si en este contexto, las tasas de interés nominales continúan en un valor cercano a cero, es decir por debajo de la inflación, ésta tenderá a crecer y a acelerarse. En otras palabras, la lógica subyacente a las políticas monetarias y fiscales preconizadas por la Administración Obama son las mismas que han sentado siempre las bases para los procesos de hiperinflación descritos en cualquier manual de teoría monetaria (Cogan F.J., Cwik T. Taylor J.B, Wieland V., New Keynesian Government Spending Multipliers, mimeo, febrero de 2009). Pero hay más…

Si el incremento del gasto público presenta una trayectoria creciente hasta finales de 2012 y se financia con deuda, las familias y las empresas deberán pagar mayores impuestos en el futuro para financiarle. Aunque se asumiese que esas subidas impositivas no afectan a los incentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión, hipótesis improbable, sí reducirán los ingresos y la riqueza de las economías domésticas después de impuestos y, en consecuencia, su capacidad de consumir e invertir. En otras palabras, incluso si se ignora o se desprecia el impacto sobre los incentivos del Plan Obama, el resultado de subir el gasto público lejos de reactivar la economía contribuiría a contraer el privado y, por tanto, reduciría el crecimiento del PIB. Desde esta óptica, la estrategia presupuestaria del gobierno estadounidense provocaría una disminución permanente del consumo y de la inversión del sector privado.

Y… ¿Qué sucede con el empleo? Romer y Berntein estiman que se crearán un millón de puestos de trabajo adicionales por cada 1 por 100 de incremento del PIB derivado del aumento del gasto público. En términos agregados, la política fiscal obamita fabricaría tres millones y medio de nuevos empleos desde su entrada en vigor hasta 2012. Además, para cuadrar el círculo, el autor de ese milagro sería el sector privado. Esta tesis resulta incompatible con el hecho de que el Plan Obama ejercerá un efecto expulsión sobre el consumo y sobre la inversión privada. En suma existe la posibilidad real o, al menos, realista de considerar que el brutal incremento del gasto y del déficit público impulsado por el gobierno estadounidense destruirá puestos de trabajo en vez de crearlos.

Por último, el grueso del paquete de gasto planteado por los demócratas —beneficios para las prestaciones por desempleo, subsidios sanitarios, Medicaid etc.— es muy improbable que sea eliminado cuando la situación de “emergencia económica” toque a su fin y EE.UU. salga de la recesión. La experiencia demuestra que los programas temporales de gasto público diseñados para combatir una crisis muestran una feroz resistencia a ser desmantelados cuando esta finaliza. Esto supone que los EE.UU. pueden verse abocados a un escenario en el cual se consolidarán unos niveles de gasto público y, por ende, de impuestos mucho más altos de los que existían en la pre crisis. Los beneficiarios de las ayudas del gobierno se convertirán en una poderosa coalición de buscadores de rentas que hará muy difícil eliminarlas. Así sucedió con el New Deal de Roosevelt o con la Guerra a la Pobreza de Johnson en los años sesenta del siglo pasado. En otras palabras, el peso del gobierno sobre la economía se retrotraería a los tiempos anteriores a la revolución Reagan. Si a ese panorama se le añade el efecto del retiro de la generación del “baby boom” sobre las finanzas públicas, el paisaje es desolador.

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.